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Nacionales PP.Catalans :: 19/03/2016

La policía protagoniza un tercio de los casos de racismo y xenofobia en Cataluña

David Bou
SOS Racismo ha presentado la 7a. edición del informe 'Estado del Racismo en Cataluña', que recoge todos los casos atendidos durante el año 2015

Desde el año 2009, SOS Racismo Cataluña recoge todos los casos que atiende el Servicio de Atención y Denuncia para las Víctimas de Racismo y Xenofobia (SAID) en un informe anual. Sin embargo, los datos, que se han presentado hoy en el Espai Contrabandos en una rueda de prensa, constatan que la entidad sigue lejos de alcanzar sus propósitos de erradicar este tipo de violencia de la sociedad catalana.

El SAID es un servicio gratuito que quiere dar respuesta a aquellas personas, grupos y colectivos que hayan sido víctimas de hechos y comportamientos racistas o xenófobos con el objetivo de restituir los derechos y la dignidad de las víctimas.

Durante el año 2015, este servicio atendió 442 personas, 310 de las cuales acudieron por primera vez. Un total de 137 lo hicieron como víctimas de una discriminación racista o xenófoba, pero sólo 80 decidieron denunciar los hechos. Este dato preocupa especialmente la entidad, que destaca la "invisibilización del racismo" como la conclusión más relevante de su trabajo.

Cuatro de cada diez personas no denuncian

Entre los casos que llegaron al Said en 2015 y que finalmente no se denunciaron, un 53% fue por decisión de la víctima. Para SOS Racismo, los motivos que explican este hecho son, principalmente, la percepción de las víctimas de que la denuncia "no servirá para nada". Esta percepción viene motivada, según afirman, por el "miedo y la desconfianza en el sistema jurídico o en las instituciones y la normalización de la situación discriminatoria".

En los casos que no se denuncian, los datos apuntan grandes diferencias porcentuales en función del contexto en que ocurren los hechos. Así pues, un 82% de los casos de discriminaciones por parte de servicios privados -por ejemplo, el acceso a locales de ocio- no se denuncia, mientras que, en los incidentes que afectan a derechos básicos como el acceso a derechos sociales, tan sólo un 6% de las víctimas rechaza la vía judicial. "En algunos casos, no se da suficiente importancia a la discriminación sufrida y hay que denunciar que todas las discriminaciones son importantes y que, para poder erradicarlas, hay que denunciarlas", afirman desde la entidad.

Hay que tener en cuenta que todos estos datos se obtienen sólo a partir de las personas que han acudido a este servicio, pero que diariamente suceden muchos más casos de los que nunca se llega a tener conocimiento. A modo de ejemplo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea constata que un 82% de los delitos de odio nunca se llegan a denunciar. "Destacamos un peligro, que es la normalización de estas situaciones, ya sea por la aceptación individual de la persona que la padece o por la aceptación de la sociedad, que quita gravedad a estos incidentes", enfatiza SOS Racismo en las páginas de su informe.

La administración pública, líder en discriminación

Los casos que han sido perpetrados por agentes de la seguridad pública vuelven a ser la tipología más numerosa. Nada menos que un 35% del total de incidentes registrados por Said han sido materializados por agentes de policía.
Estas discriminaciones, sin embargo, son las que sufren más trabas para resolver mediante la vía penal, debido al principio de presunción veracidad de los policías y las habituales denuncias cruzadas.

La entidad alerta del auge de las denuncias entre particulares, aquellas que derivan de los conflictos que aparecen en espacios cotidianos entre personas que no tienen ninguna relación contractual o de prestación de servicios. La cifra se ha duplicado desde el año 2013 y, actualmente, sube hasta el 30% del total de casos documentados. Tres cuartas partes de estos sucesos se produjeron en la vía pública y en conflictos entre el vecindario, contextos que representan espacios cotidianos y favorecen la normalización de las conductas racistas.

La aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que niega el derecho de acceso a la sanidad universal a las personas migrantes, está detrás del incremento de casos de discriminación en el acceso a los derechos sociales. Los episodios de exclusión del sistema de salud público suponen el 38% de los casos de esta tipología, que ha pasado a representar el 20% del total de casos gestionados por Said, lejos del 8% registrado en 2012. SOS Racismo afirma que estos casos son "especialmente graves porque la administración tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a los derechos a todos".

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