Los antimonárquicos denuncian a los Mossos por los ficheros políticos ilegales

Desde la Plataforma Jo També Cremo la Corona Espanyola han sido presentadas cuatro denuncias contra la existencia de estos ficheros; al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Agència Catalana de Protecció de Dades y a la Agencia Española de Protección de Datos y finalmente delante del ministerio fiscal contra la unidad de información de los Mossos d'Escuadra por un delito de revelación de secretos y utilización irregular de archivos.

[Vídeo del juicio con referencias a los ficheros políticos]

Uno de los hechos más importantes de la razia contra los antimonàrquicos a Comarcas Gerundenses acusado por la quema de fotos del monarca -aparte de la evidente persecución de la libertad de expresión y el intento de criminalización de los movimientos disidentes- fue que se puso de manifiesto la utilización de ficheros político-criminales por parte de los Mosssos.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional el pasado 29 de octubre, y a partir de la lectura de los atestados, de la declaración de los agentes de la Brigada de Información de los Mossos d'Escuadra y de las declaraciones sobre los ficheros del mismo juez, quedó patente la existencia de estos ficheros que persiguen las actividades políticas.

Los encausados por la crema de fotografías del rey denuncian a los Mossos d'Escuadra por la utilización de ficheros ilegales y por un delito de revelación de secretos.

En los diferentes procesos contra los encausados por la crema de fotografías de los reyes se han dado un seguido de circunstancias coincidentes que revelan la utilización de ficheros políticos ilegales por parte de la policía. Atendiendo a las mismas denuncias presentadas, los Mossos d'Escuadra habrían utilizado estos ficheros por identificar los autores de los hechos. La Asamblea de Apoyo a los Encausados por la Quema de Fotografías del rey hace ahora efectivas cuatro denuncias porque las instancias competentes esclarezcan la irregularidad que se atribuye al cuerpo policial.

Las 21 personas que fueran encausadas originariamente por la quema de los días 13 y 22 de septiembre del 2007 fueron identificadas por los Mosssos d'Escuadra, el cuerpo policial que envió cada uno de los informes a la Audiencia Nacional. Hace falta decir que ni durante ni tras la concentración ninguno de los imputados se hubo de identificar delante de los agentes, hecho por el cual los servicios de información de los Mossos debieran relacionar las personas que constaban a las grabaciones con identidades concretas. Atendiendo a los atestados policiales de los Mossos, estas identificaciones se habrían producido gracias al hecho que los denunciados “son conocidos por su participación en manifestaciones políticas y sociales de la ciudad de Girona”.

Esta afirmación resulta poco consistente en tratarse de 21 personas, puesto que la conservación de tanta información requeriría dejar los nombres, como mínimo, en una base de datos. Este fichero, que podría contener información sobre las afinidades y actividades políticas de los denunciados, vulnera, por lo tanto, la Ley de Protección de Datos, que no permite recoger datos con finalidades de seguimiento político, sino sólo aquellas necesarias para prevenir un peligro real para la salud pública o para la comisión de un delito; circunstancia que no se da en cabeza de los casos.

Posteriormente, todos 21 activistas fueran citados a declarar a la Audiencia Nacional de Madrid. Los Mossos, en este caso, también serían los encargados de entregar físicamente las citaciones. El contacto que se establecía con los encausados porque pasaran a recogerlas aporta una segunda evidencia sobre la existencia de ficheros políticos en manos de la policía: Cada una de las personas fue localizada a través de una llamada a su teléfono móvil particular. Falta por esclarecer de qué manera los Mossos habrían obtenido los números telefónicos. Es de destacar que algún de estos teléfonos ni siquiera consta asociado a un contrato y, por lo tanto, a una persona física. Las llamadas, en algunos casos a móviles de novias de los encausados, son una evidencia más de la existencia de estos ficheros policiales.

En el marco del juicio que se celebró el pasado 29 de octubre de 2008 (en el cual los procesados fueron absueltos de los cargos) y en los juicios del 20 de noviembre de 2007 y 1 de julio de 2008 (para el caso de los dos primeros encausados, con causa pendiente) se dieron de nuevo varias circunstancias que hablaron de la existencia de los ficheros. Atendiendo al hecho que los procedimientos policiales habrían contenido trazas de ilegalidad, en las cuestiones previas el propio abogado pidió la nulidad del juicio. Su petición fue desestimada.

En el turno de la declaración de los testigos de la acusación, dos agentes de los Mossos encargados de la instrucción de las diligencias, reconocieron, otro golpe, conocer todos los encausados por el hecho que son asiduos a concentraciones “y actos de carácter independentista” o a “actos culturales de la ciudad”.

En el juicio del 29 de octubre, preguntados insistentemente por la defensa, los mismos agentes afirmaron que los nombres y los datos de las personas las habrían obtenido por el hecho que todos ellos o tenían antecedentes penales o bien se habrían presentado a listas electorales con anterioridad. Este extremo no es cierto, pues casi ninguno de los encausados no ha tenido nunca antecedentes (ni penales ni policiales) y menos de la mitad han participado alguna vez en listas electorales. Delante de la evidencia, el propio juez reconoció a la sala que los encausados “estaban fichados” y recomendó, de hecho, la presentación de quejas a las instancias pertinentes.

De esta manera, ahora la Asamblea y su abogado han preparado una serie de denuncias con las cuales se quiere poner freno al uso de los ficheros policiales y que cuestiona su misma existencia. La Asamblea considera que los ficheros vulneran diferentes derechos fundamentales (de expresión, de actividad política...) y que son una herramienta por perseguir con fines ilícitos la disidencia social y política a los Países Catalanes.

Así, se presentará una denuncia al Síndic de Greuges contra una vulneración clara de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, y contra la vulneración de las leyes de protección de datos por parte de la administración catalana. Además, también se dirigirán sendas denuncias a la Agencia Catalana de Protección de Datos y a la Agencia Española de Protección de Datos, recogiendo las vulneraciones mencionadas de la Ley de Protección de Datos. Finalmente, se ha presentado una denuncia al ministerio fiscal contra la unidad de información de los Mossos d'Escuadra por un delito de revelación de secretos y utilización irregular de archivos.

La Asamblea de apoyo a los encausados considera que esta no es una práctica aislada que se pueda atribuir a unos agentes o, ni siquiera, a una intendencia de los Mossos en concreto. No es el primer golpe que al Principat algún colectivo afectado hace una denuncia pública sobrela existencia de los ficheros políticos ilegales. De probarse los hechos, este golpe, esto supondría un punto de inflexión en el tratamiento desmesurado de los Mossos(y de sus mandos políticos) hacia los movimientos políticos y sociales de la izquierda crítica. También impediría que continuaran instruyéndose más causas contra activistas con la ayuda de información obtenida de forma ilícita.

Asimismo, la asamblea de apoyo muestra la profunda preocupación por la falta de intenciones políticas por parte de la consejería de Interior de cambiar sus prioridades y acabar con la represión a la disidencia política. Por eso es por lo que se ven pocas posibilitados de observar algún cambio real a Interior mediante esta denuncia formal presentada; con todo, el conjunto de encausados por la quema de fotos del Rey, ante la gravedad de los hechos, ha sentido el deber y la responsabilidad política de denunciarlo públicamente por tal de intentar que esta práctica ilícita pase de ser un hecho tristemente habitual a ser una causa denunciable, con las medidas correctoras pertinentes.

Alerta Solidària
www.alertasolidaria.org

[Cat]

Des de la Plataforma Jo També Cremo la Corona Espanyola han estat presentades quatre denuncies contra l’existència d’aquests fitxers; al Síndic de Greuges de Catalunya, a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i finalment davant del ministeri fiscal contra la unitat d’informació dels Mossos d’Esquadra per un delicte de revelació de secrets i utilització irregular d’arxius.

[Vídeo del judici amb referències als fitxers polítics]:

Un dels fets més importants de la ràtzia contra els antimonàrquics a Comarques Gironines acusat per la crema de fotos del monarca -a part de l’evident persecució de la llibertat d’expressió i l’intent de criminalització dels moviments dissidents- fou que es va posar de manifest la utilització de fitxers político-criminals per part dels Mossos d’Esquadra.

Durant el judici celebrat a l’Audiència Nacional el passat 29 d’octubre, i a partir de la lectura dels atestats, de la declaració dels agents de la Brigada d’Informació dels Mossos d’Esquadra i de les declaracions sobre els fitxers del mateix jutge, va quedar palesa l’existència d’aquests fitxers que persegueixen les activitats polítiques.

Comunicat de premsa de la Plataforma:

Els encausats per la crema de fotografies del rei denuncien als Mossos d’Esquadra per la utilització de fitxers il·legals i per un delicte de revelació de secrets.

En els diferents processos contra els encausats per la crema de fotografies dels reis s’han donat un seguit de circumstàncies coincidents que revelen la utilització de fitxers polítics il·legals per part de la policia. Atenent a les mateixes denúncies presentades, els Mossos d’Esquadra haurien utilitzat aquests fitxers per identificar els autors dels fets. L’Assemblea de Suport als Encausats per la Crema de Fotografies del rei fa ara efectives quatre denúncies perquè les instàncies competents esclareixin la irregularitat que s’atribueix al cos policial.

Les 21 persones que foren encausades originàriament per la crema dels dies 13 i 22 de setembre del 2007 van ser identificades pels Mossos d’Esquadra, el cos policial que envià cadascun dels informes a l’Audiència Nacional. Cal dir que ni durant ni després de la concentració cap dels imputats s’hagué d’identificar davant dels agents, fet pel qual els serveis d’informació dels Mossos hagueren de relacionar les persones que constaven a les gravacions amb identitats concretes. Atenent als atestats policials dels Mossos, aquestes identificacions s’haurien produït gràcies al fet que els denunciats “són coneguts per la seva participació en manifestacions polítiques i socials de la ciutat de Girona”.

Aquesta afirmació resulta poc consistent en tractar-se de 21 persones, ja que la conservació de tanta informació requeriria desar els noms, com a mínim, en una base de dades. Aquest fitxer, que podria contenir informació sobre les afinitats i activitats polítiques dels denunciats, vulnera, per tant, la Llei de Protecció de Dades, que no permet recollir dades amb finalitats de seguiment polític, sinó només aquelles necessàries per a prevenir un perill eal per a la salut pública o per a la comissió d’un delicte; circumstància que no és dóna en cap dels casos.

Posteriorment, tots 21 activistes foren citats a declarar a l’Audiència Nacional de Madrid. Els Mossos d’Esquadra, en aquest cas, també foren els encarregats d’entregar físicament les citacions. El contacte que s’establí amb els encausats perquè passessin a recollir-les aporta una segona evidència sobre l’existència de fitxers polítics en mans de la policia: Cadascuna de les persones fou localitzada a través d’una trucada al seu telèfon mòbil particular. Resta per esclarir de quina manera els Mossos haurien obtingut els números telefònics. És de destacar que algun d’aquests telèfons ni tan sols consta associat a un contracte i, per tant, a una persona física. Les trucades, en alguns casos a mòbils de novies dels encausats, són una evidència més de l’existència d’aquests fitxers policials.

En el marc del judici que es va celebrar el passat 29 d’octubre de 2008 (en el qual els processats van ser absolts dels càrrecs) i en els judicis del 20 de novembre de 2007 i l’1 de juliol de 2008 (per al cas dels dos primers encausats, amb causa pendent) es donaren de nou diverses circumstàncies que parlaren de l’existència dels fitxers. Atenent al fet que els procediments policials haurien contingut traces d’il·legalitat, en les qüestions prèvies el propi advocat demanà la nul·litat del judici. La seva petició fou desestimada.

En el torn de la declaració dels testimonis de l’acusació, dos agents dels Mossos encarregats de la instrucció de les diligències, reconegueren, altre cop, conèixer tots els encausats pel fet que són assidus a “concentracions i actes de caràcter independentista” o a “actes culturals de la ciutat”.

En el judici del 29 d’octubre, preguntats insistentment per la defensa, els mateixos agents van afirmar que els noms i les dades de les persones les haurien obtingut pel fet que tots ells o tenien antecedents penals o bé s’haurien presentat a llistes electorals amb anterioritat. Aquest extrem no és cert, doncs gairebé cap dels encausats no ha tingut mai antecedents (ni penals ni policials) i menys de la meitat han participat alguna vegada en llistes electorals. Davant de l’evidència, el propi jutge va reconèixer a la sala que els encausats “estaven fitxats” i recomanà, de fet, la presentació de queixes a les instàncies pertinents.

D’aquesta manera, ara l’Assemblea i el seu advocat han preparat una sèrie de denúncies amb les quals es vol posar fre a l’ús dels fitxers policials i que en qüestiona la seva mateixa existència. L’Assemblea considera que els fitxers vulneren diferents drets fonamentals (d’expressió, d’activitat política...) i que són una eina per perseguir amb fins il·lícits la dissidència social i política als Països Catalans.

Així, es presentarà una denúncia al Síndic de Greuges contra una vulneració clara dels drets fonamentals a la llibertat ideològica, i contra la vulneració de les lleis de protecció de dades per part de l’administració catalana. A més, també es dirigiran sengles denúncies a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, recollint les vulneracions esmentades de la Llei de Protecció de Dades. Finalment, s’ha presentat una denúncia al ministeri fiscal contra la unitat d’informació dels Mossos d’Esquadra per un delicte de revelació de secrets i utilització irregular d’arxius.

L’Assemblea de suport als encausats considera que aquesta no és una pràctica aïllada que es pugui atribuir a uns agents o, ni tan sols, a una intendència dels Mossos en concret. No és el primer cop que al Principat algun col·lectiu afectat fa una denúncia pública sobre l’existència dels fitxers polítics il·legals. De provar-se els fets, aquest cop, això suposaria un punt d’inflexió en el tractament desmesurat dels Mossos d’Esquadra (i dels seus comandaments polítics) envers els moviments polítics i socials de l’esquerra crítica. També impediria que continuessin instruint-se més causes contra activistes amb l’ajuda d’informació obtinguda de forma il·lícita.

Així mateix, l’assemblea de suport mostra la profunda preocupació per la manca d’intencions polítiques per part de la conselleria d’Interior de canviar les seves prioritats i acabar amb la repressió a la dissidència política. És per això que es veuen poques possibilitats d’observar algun canvi real a Interior mitjançant aquesta denúncia formal presentada; amb tot, el conjunt d’encausats per la crema de fotos del Rei, davant la gravetat dels fets, ha sentit el deure i la responsabilitat política de denunciar-ho públicament per tal d’intentar que aquesta pràctica il·lícita passi de ser un fet tristament habitual a ser una causa denunciable, amb les mesures correctores pertinents.

Alerta Solidària
www.alertasolidaria.org