Una mujer sufre un aborto tras no ser aceptada en un hospital público en Denia

SE CUMPLEN DOS AÑOS DEL REAL DECRETO-LEY QUE PUSO FIN A LA SANIDAD UNIVERSAL

El Hospital Marina Salud de Denia exigió a la paciente un compromiso de pago de 185 euros para ser atendida, algo contrario a la ley. Desde la Plataforma en Defensa de la Salud Pública de la Marina Alta aseguran que se trata de un hecho muy habitual.

  Acción de Yo Sí Sanidad Universal frente al Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril. / DAVID FERNÁNDEZ

Milagros Villalobos, de 37 años, sufrió un aborto tras ser rechazada en el Hospital Marina Salud de Denia (Alicante) si no firmaba un compromiso de pago de 185 euros, tal como ha denunciado ella misma en una información publicada por eldiario.es. El pasado 9 de julio, día en el que una prueba de embarazo le dio positivo, la afectada comenzó a sangrar, motivo por el que acudió al servicio de urgencias del centro, de titularidad pública pero gestionado por las empresas privadas DKV Seguros y Ribera Salud. Sin embargo, Villalobos, de nacionalidad venezolana, no poseía la tarjeta sanitaria, documento que perdió al no poder renovar su permiso de residencia tras perder su empleo. Por ello, y según denuncia ella misma, le fue negada la asistencia si no firmaba el documento de pago. La afectada reside en España desde el año 2006 y ha trabajado como diseñadora gráfica.

Apenas unos días después la mujer sufrió un aborto, hecho que tres semanas más tarde fue certificado en el mencionado hospital, cuando finalmente obtuvo la cita con un facultativo.

El Real Decreto-Ley 16/2012, que se implementó el 1 de septiembre de 2012, implicó la pérdida de la tarjeta sanitaria de más de 870.000 personas en el momento de su aplicación, principalmente personas migrantes sin permiso de residencia, según aseguran varios colectivos. Sin embargo, la norma dejaba claro que los servicios de urgencias seguirían siendo universales y que los menores y las mujeres embarazadas continuarían disfrutando de este derecho básico sin coste alguno.
 

“El pan nuestro de cada día”

Rosa Giner, de la Plataforma en Defensa de la Salud Pública de la Marina Alta, colectivo que trabaja en la zona, asegura que el caso no es un hecho aislado. “Esto es el pan nuestro de cada día. Quieren cobrar y da igual que sea un niño o que sea gente sin tarjeta, les presentan siempre un compromiso de pago. Es algo muy habitual, y nos asusta”, asegura. La activista indica que los administrativos que atienden a los pacientes en hospitales y centros de salud “tienen órdenes, y aunque saben que la sanidad está regulada y que niños y embarazadas tienen derecho a la sanidad, hacen lo que se les pide porque tienen miedo de perder su puesto de trabajo”. Matiza que aunque se pide firmar un compromiso de pago, no siempre los pacientes deben pagar finalmente, pero sólo el hecho de tener que firmar el documento “hace que la gente se asuste y no sea atendida”.

Giner afirma que existen muchos otros casos similares que no salen finalmente a la luz: “Por ejemplo, hemos tenido contacto con otra persona, también con embarazo de riesgo, que tuvo muchos problemas para conseguir asistencia sanitaria”. También recuerda el caso de un menor, al que se le negaba la asistencia en un centro de salud de Calpe si sus familiares no firmaban el compromiso de pago.

Tras acudir el 6 de julio al hospital alicantino y no conseguir atención sanitaria, Villalobos se fue a su casa. Tres días después, asustada por las posibles consecuencias del sangrado, volvió al centro, que aceptó su entrada en urgencias tras la firma del compromiso de pago, aunque según apunta a ella le informaron de que se trataba de un “mero trámite”. El médico que la atendió certificó el peligro de aborto y la citó para tres días más tarde. Sin embargo, un día antes de la fecha acordada recibió una llamada en la que le anulaban la cita debido a que no tenía papeles, instándola a que llevase su caso a los servicios sociales. La persona que realizó la llamada dio a la mujer numerosos datos de su expediente personal, según indica ella misma.
 

Aborto certificado

Dos semanas tardó Villalobos en conseguir ser atendida de nuevo, en el mismo hospital y por el mismo doctor, que para entonces sólo pudo certificar el aborto. En ese tiempo la afectada se dirigió a diferentes instituciones, con poco éxito. En la Comunitat Valenciana se estipula que las mujeres embarazadas necesitan un documento de atención sanitaria que pueden obtener a través de un trabajador social, que sólo pueden conseguir tras la verificación del embarazo. Por ello fue al centro de salud del municipio en el que reside, pero allí no había ningún trabajador social, por lo que se dirigió al Consistorio, donde el desconocimiento del procedimiento por parte de los funcionarios retrasó aún más la obtención del documento.

El Hospital Marina Salud ha emitido un comunicado en el que asegura que Villalobos el 13 de julio fue “atendida en todo momento por un especialista” y que se le realizaron “todas las pruebas pertinentes”, no teniendo constancia de la visita anterior, del 9 de julio. Además, el centro apunta que a la paciente “se le dio cita para que acudiera a las Consultas Externas de Ginecología del Hospital tres días más tarde –el 16 de julio–”, pero que “no apareció por motivos que desconocemos. A pesar de que dos días antes, el 14 de julio, se informa a la paciente de los trámites que ha de seguir para regularizar su situación, a través de la trabajadora social”.

Asimismo, desde el hospital aseguran que nunca le han exigido ningún pago y que el documento que rellenó a su llegada “es un formulario de entrada llamado 'Parte de paciente privado', un trámite que se realiza habitualmente, y en todos los hospitales públicos, de acuerdo con el Art. 16 de la Ley General de Sanidad, siempre que no acredite la cobertura en el momento de la admisión en el centro, hasta que se aclare su situación, y sin que ello signifique que se le vaya a facturar”.