5 guardias urbanos imputados por irrumpir en un piso y golpear a un hombre durante el confinamiento

Una jueza de Barcelona mantiene abierta una investigación contra cinco guardias urbanos de la capital catalana por presuntamente irrumpir en un piso y golpear a un hombre el 18 de abril del año pasado, en pleno confinamiento. El caso lo ha hecho público este martes el centro Irídia para la defensa de los derechos humanos, que representa a la víctima, en la presentación de su informe sobre la violencia institucional de 2020. Los agentes ya han prestado declaración judicial.

Según denunció el hombre presuntamente agredido, la madrugada del 18 de abril de 2020 se encontraba en su casa haciendo una videoconferencia con sus amigos de Rumania, con motivo de las celebraciones de Pascua. Sobre las 4:30h. se personaron en su domicilio seis agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que "sin motivo alguno", requirieron al hombre para que saliera del domicilio y se identificara.

"Tras una breve discusión", agrega la denuncia, los agentes abuchearon al hombre, le cogieron el móvil y lo tiraron contra la pared. A continuación entraron en la casa y, según la denuncia, "se echaron encima" del hombre, propinándole varios golpes y se lo llevaron detenido. El hombre perdió el conocimiento y despertó en comisaría "con el cuerpo lleno de golpes y contusiones, habiéndose orinado y defecado encima", apostilla la denuncia.

El caso forma parte del informe que cada año elabora el centro Irídia, que en esta ocasión ha alertado de las vulneraciones de derechos producidas a raíz de la normativa de estado de alarma. "La pandemia no pone en suspenso todos los derechos fundamentales, la entrada en domicilio de los ciudadanos solo puede ser por delito flagrante, orden judicial o consentimiento de su morador, no se puede entrar por una supuesta infracción de la normativa sanitaria", ha aseverado la letrada y codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa. En conjunto, desde 2016 la entidad lleva 60 litigios por violencia institucional con 135 agentes y funcionarios de prisiones investigados.

La entidad también ha puesto el foco en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y las afectaciones de la pandemia en sus internos. Irídia ha criticado que se han producido restricciones a las visitas de personas cercanas, de organizaciones de derechos humanos y de los abogados que asisten a los internos desde que el CIE volvió a abrir el pasado mes de octubre tras permanecer cerrado desde abril.

"Denunciamos una vez más que una falta administrativa no justifica el cierre de una persona, el abuso, la tortura y en algunos casos la muerte de los internos", ha lamentado Nati Oliveira, del colectivo Tanque els CIES. "Por cada mes que ha estado abierto el CIE hemos recibido una denuncia de malos tratos", ha apostillado la letrada Marta Bolinches.

Además, Irídia ha denunciado que los jueces acordaron la deportación de al menos dos personas en los días inmediatamente posteriores a denunciar malos tratos, así como de otros tres internos también deportados sin haberlas tomado declaración ni haber sido visitados por un médico forense para analizar las lesiones que denunciaban.

El informe también destaca buenas prácticas como el cambio en la identificación de los agentes antidisturbios de los Mossos, aunque recuerda que está pendiente de implementar en las ARRO. El codirector de Irídia, Andrés García Berrio, también ha celebrado la puesta en marcha de un plan de mejora del sistema de cámaras de videovigilancia en los centros penitenciarios y la apertura de canales de comunicación más directos y estables con la Dirección General de los Mossos.

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