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País Valencià :: 20/03/2025

Agró alerta sobre los bulos de la ultraderecha contra el movimiento ecologista

Enric Llopis
La asociación ecologista denuncia a dos altos cargos ultraderechistas ante la Fiscalía de Valencia por presunto delito de odio

La extrema derecha contra el movimiento ecologista. El presidente del Grupo Economía, Julio Ariza Irigoyen, difundió en noviembre de 2024 -en las redes sociales- un audio con la siguiente valoración: “Existe mucho carbono CO2 en la atmósfera, mucho, pero la culpa de esto la tienen los ecologistas. Las cañas y los cauces sin limpieza (…)”.

También el pasado 1 de noviembre, el eurodiputado del partido ultraderechista VOX, Juan Carlos Girauta, publicó en la red social X: “¿Dónde están todos los ecologistas que prohíben recoger las cañas y pastos del monte?”, además de la ofensa “Ecologistas y políticos seguidores, culpables”.

Acció Ecologista-Agró destaca que bulos de estas características han tenido como propagadores al conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, del PP; en una entrevista publicada en el periódico La Razón (29 diciembre 2024), Barrachina Ros afirmó:

“El pseudoecologismo o el ecologismo de salón es el mismo (…), los que prohíben regar en Alicante, y que no te dejan acondicionar los cauces eliminando las cañas que han derribado los puentes”.

El 10 de marzo, Acció Ecologista-Agró anunció la formalización de una denuncia contra Ariza y Girauta ante la Fiscalía de Valencia por presunto delito de odio; el motivo es la difusión de material audiovisual (bulos) en que estos señalaban -a las organizaciones ecologistas- por no permitir la cortadura de cañas y -en consecuencia- la muerte de personas y daños por la DANA.

Las grandes inundaciones del 29 de octubre ocasionaron el fallecimiento de 233 personas en el estado español (225 de ellas en el País Valenciano), además de tres desapariciones y la afectación a 78 municipios; el Gobierno de España ha dado cuenta, asimismo, de graves perjuicios en viviendas, enseres, comercios, infraestructuras, vehículos o explotaciones agrarias.

Tras las citadas acusaciones (falsas) contra el colectivo ecologista, Agró recibió llamadas de teléfono “hostiles” y -en las jornadas de trabajo voluntario tras la catástrofe-, algunos integrantes fueron objeto de provocaciones e insultos; a ello se agregan las “graves amenazas” al movimiento (nota informativa 10 de marzo).

Algunos de los argumentos de Agró están recogidos en el documento Los ecologistas no protegen las cañas (9 de enero); se explica que las cañas (Arundo donax) no están protegidas, por el contrario están clasificadas como especie exótica e invasora en el País Valenciano; así lo recogen tanto el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Generalitat (2007), como el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Ministerio de Transición Ecológica).

¿Qué implica la consideración de invasora, atribuida a esta planta con apariencia gramínea de gran tamaño? “No se puede plantar en terrenos forestales o zonas húmedas, y no se pueden acumular en terrenos; pero se puede utilizar en usos tradicionales, fundamentalmente como medio auxiliar en cultivos”, recuerda la organización ecologista.

El reporte de Agró concluye que actualmente las cañas resultan más bien perjudiciales: ya no se utilizan en las actividades económicas; y cuentan con una capacidad relevante para la absorción del agua, lo que podría afectar de modo negativo al caudal de los ríos.

Una segunda razón es que, dado que la altura de las cañas es inferior a la del bosque de ribera, podría ser un factor que contribuya a la evaporación de las aguas fluviales (y la disminución de su nivel).

A lo que se añade la posibilidad de que desplacen a las especies de flora y fauna autóctonas; la formación de un efecto barrera entre el río y el territorio, y el hecho de que no suponga un elemento de resistencia ante las grandes inundaciones: “Puede obstruir canalizaciones y puentes, acabando en las playas”, remarca Agró.

Tal vez un ejemplo de la implicación de las organizaciones se observó el 2 de febrero; con motivo del Día Mundial de las Zonas Húmedas, Ecologistes en Acció-País Valencià; Acció Ecologista-Agró; Per L’Horta y Xúquer Viu convocaron la jornada Sense L’Albufera no hi ha futur, que incluía la limpieza de residuos en este espacio natural protegido, por parte de grupos de voluntarios.

Así, centenares de personas provenientes de todo el País Valenciano participaron en la Jornada, que comenzó en el Port de Catarroja (Parc Natural de L’Albufera); y en un manifiesto, al que se adhirieron medio centenar de colectivos, afirmaron:

“Después de las toneladas de fango, cañas y residuos que aparecieron junto al agua del Barranco del Poyo, cuando ya había arrasado a su paso por los municipios de L’Horta Sud, la situación de L’Albufera no ha mejorado” (manifiesto Sense L’Albufera no hi ha futur, 22 enero 2025).

El desborde de la Rambla del Poyo por la DANA afectó a municipios como Paiporta (45 víctimas mortales), Picanya (10 muertes), Massanassa (12) o Catarroja (25); fuente: Gobierno de España y Centro de Integración de Datos (CID).

El citado manifiesto ecologista subraya la importancia de la Ciencia para “descartar y desmentir -de modo rotundo- hipótesis absurdas, por ejemplo que las cañas hayan provocado los desbordamientos del agua y que están protegidas por las asociaciones ecologistas; (la ciencia) ha de combatir el negacionismo y el retardismo climático, porque se cobran vidas”.

Acció Ecologista-Agró, la Koordinadora de Kolectius del Parque Alcosa y la Cooperativa de Reciclatge Trasters iniciaron, el 27 de febrero, una campaña de donaciones con el fin de descontaminar la marjal de L’Albufera (“llegar donde las Administraciones parece que no quieren”); continuaban encontrando en la laguna residuos peligrosos, tóxicos, plásticos, medicamentos o pellets.

El 5 de marzo Agró informó sobre otro ejemplo de la respuesta -en el contexto de la DANA- por parte de las organizaciones ecologistas; así, el colectivo Muntanyeta dels Sants, en el municipio de Sueca, había distribuido más de un centenar de bicicletas y productos básicos para la ciudadanía afectada.

Y, frente a la transmisión interesada de fake news, quizá apuntaron razones más profundas:

“Se cuenta desde al menos 35 años con leyes y planes (evidentemente mejorables) frente al riesgo de inundación; pese a ello, las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos no sólo no han eliminado edificaciones en zonas inundables, sino que se han seguido otorgando licencias de construcción” (Ante los trágicos efectos de la DANA y las inundaciones de 2024, Ecologistas en Acción, 5 noviembre).

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