Casa Orsola: símbolo de la lucha por una vivienda digna

El 31 de enero a las 10.30 de la mañana estaba previsto el desahucio de un vecino de la Casa Orsola en el Eixample de Barcelona. La comitiva judicial que debía realizarlo se retiró porque no se cumplían “las condiciones de seguridad”. Efectivamente, alrededor de un millar de personas se habían concentrado para impedir otro desahucio más.

Las estadísticas judiciales indican que la tendencia a expulsar a los vecinos de su vivienda sigue creciendo. En el segundo trimestre de 2024 se ejecutaron 7.850 desahucios, un 7,8% superior al mismo periodo de 2023. Eso representa una media de 22 al día, casi uno por hora. Los desahucios por alquiler crecieron un 10,7%. Es un gravísimo problema que afecta a todo el país. A pesar de la propaganda interesada de las derechas el problema no viene de la supuesta ocupación de viviendas, ya que la ocupación ilegal ha bajado un 19,1%, sino de los propietarios que imponen precios abusivos, el alquiler turístico que saca del mercado regular a miles de viviendas y el alquiler de temporada que permite a los propietarios rentistas saltarse la ley e imponer condiciones abusivas.

La Casa Orsola es un ejemplo de expoliación y dinero fácil para los inversores. El fondo Lioness Inversiones, cuyo propietario es Albert Ollé Bartolomé, compró dos edificios en 2021 con la intención de expulsar a los vecinos y pasar a alquilarlos como turísticos o de temporada. La diferencia es que los alquileres de entre 700-900 euros pasan a ser de entre 2.100-2.800. Negocio redondo. Es un hecho que procedimientos parecidos están sucediendo en toda España, expulsando a los vecinos de sus casas y convirtiendo los barrios en lugares donde pasa gente, pero en los que cada vez hay menos vida.

Si la Casa Orsola se ha convertido en un símbolo es porque la gente ha decidido resistir. Josep Torrent, el vecino que debía ser desahuciado el día 31, es profesor y durante 22 años ha pagado regularmente su alquiler. Pero sobre todo es un símbolo porque se ha convertido en un centro de movilización y resistencia masiva. El 23 de noviembre de 2024, una manifestación que reunió a cientos de miles de personas para exigir medidas a favor de una vivienda digna, que se rebajen los alquileres y amenazando con una huelga de alquileres, pasó por la Casa Orsola para decir unitariamente “Casa Orsola no está sola”.

Las repercusiones de esta movilización han sido muy amplias. En los Premios Gaudí, los premios del cine catalán, varias personas intervinieron denunciando la gravedad de la situación de la vivienda. Durante los días previos al desahucio hubo actividades de propaganda por numerosos barrios y la tarde anterior una concentración con discursos, conciertos, una cena colectiva, todo ello retransmitido en directo por Lallogatera TV y decenas de personas durmieron en la calle para esperar a la comitiva judicial. El día 31, fueron un millar quienes la recibieron impidiendo que se ejecutara el desahucio.

Es un pequeño éxito de una dura y larga lucha. La fuerza de las patronales inmobiliarias y de los partidos que las apoyan impiden medidas eficaces para que pueda ejercerse el derecho a una vivienda digna. Las derechas ponen buen empeño en defender los intereses de los inversores y capitalistas. En la Comunidad de Madrid no se permite a los municipios aplicar la tímida ley de vivienda y sus zonas tensionadas y, sin embargo, aprobó cambios legales para “transformar en vivienda” cualquier local, aunque éste no se encuentre en suelo urbano ni tenga los servicios que se exigen a un municipio (colegios, recogida de basuras o transporte público). Así, por ejemplo, gracias a Ayuso, puede haber “viviendas” en medio de un bloque de oficinas de una nave industrial en cualquier polígono venido a menos.

En mayo de 2024, el Parlament de Catalunya no pudo aprobar una ley que limitara los alquileres temporales, lo impidieron los votos contrarios de Junts, PP y Vox, más la abstención del PSC. Porque hay partidos directamente ligados a las patronales inmobiliarias y otros, como los socialistas, que lo hacen por la puerta de atrás. El que fue alcalde Barcelona, Joan Clos, fue durante años presidente de la patronal inmobiliaria, ASVAL, Ahora lo es Helena Beunza, que fue secretaria de Vivienda entre 2018-2020 en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

Los miles de pisos turísticos, muchos de ellos ilegales, no son paralizados y siguen ofreciéndose en las plataformas. Se hacen pomposos anuncios de que se construirán miles de pisos públicos, pero apenas empiezan las obras y no se toman las medidas que los sindicatos de inquilinos, y la mayoría de la sociedad, está exigiendo: una regulación de los precios de alquiler; que los contratos se renueven automáticamente; que la vivienda sea para habitar y no para especular y se legislen medidas para evitarlo; que se prohíban o limiten los pisos turísticos (más de 350.000 en España) y el alquiler de temporada.

De este movimiento por una vivienda digna está surgiendo una nueva generación de activistas y dirigentes sociales. Son muy jóvenes, ponen por delante las reivindicaciones inmediatas, pero tienen claro que el problema no se arregla con algunos parches, sino que está ligado al funcionamiento del sistema capitalista. Denuncian el sistema rentista que extrae enormes beneficios de la expoliación de la vivienda y la explotación de las familias y que son avalados por la actual legislación y por los partidos que la sostienen. Saben que la lucha es dura y por eso están construyendo herramientas estables, una organización, un sindicato, que organice a la gente, que dé continuidad a la lucha y abra una perspectiva para cambiar esta situación insostenible.

La denominada justicia sigue incansable defendiendo los intereses de los propietarios y ha convocado un nuevo desahucio en la Casa Orsola para el martes 4 de febrero a las 5 de la mañana. ¡Esta vez quieren madrugar! Ya se está preparando la movilización nocturna para que centenares de personas impidan de nuevo “las condiciones de seguridad” para el desahucio. La lucha no para y debe continuar para que en todo el Estado haya una y centenares de Casa Orsola. Una nueva cita para ampliar la protesta es la manifestación convocada en Madrid para el domingo 9 de febrero.

Sin Permiso