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Denuncian a la ONU al Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda por violación y supresión de derechos
La denuncia ha sido realizada y presentada por el activista Jorge Fernández ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Denuncian ante la ONU al Ayuntamiento catalán de Santa Perpetua de Mogoda y al Estado español por violación y supresión de derechos
La denuncia ha sido realizada y presentada por el activista Jorge Fernández ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
>El Gobierno fascista de Santa Perpetua de Mogoda ha venido vulnerando y continúa haciéndolo el derecho a la libertad de reunión, de manifestación y de expresión.
Foja 1, de la denuncia presentada por el Activista Internacional y Defensor de los DDHH, Jorge Fernández, ante la ONU, otra el Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda y el Estado español por “Violaciones del derecho de libertad de reunión pacífica”.
El Activista Internacional y Defensor de los DDHH, Jorge Fernández, ha presentado el 4 de agosto una fuerte denuncia contra el Estado español y el Ayuntamiento catalán de Santa Perpetua de Mogoda, por violación y supresión de los derechos humanos. La misma, ha sido presentada ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Sección de Peticiones e Investigaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el activista internacional denuncia al Estado español y al Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda por “Violaciones del derecho de libertad de reunión pacífica”.
Denuncia presentada por el activista Jorge Fernández ante el Juzgado de Instrucción de Turno.
En diálogo con la Red de Comunicación Popular – Redcom, el defensor de DDHH Jorge Fernández nos detalla los artículos que tanto el Ayuntamiento catalán, en la figura de su alcaldesa Isabel García Ripoll, como el estado español, han violado.
▪︎ Artículo 20: de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 21 de la Constitución española
Este es un Artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que “ha sido violado y se está violando actualmente” al no permitir que sea ejercido, por parte del Estado parte, detalla el activista. Y añade que, está sustentado en la Observación General número 37 y en el informe del relator especial A/HRC/31/66 de Naciones Unidas.
Ante la flagrante violación del derecho de reunión se han presentado los siguientes recursos:
Acuse de recibo de la denuncia presentada por el activista internacional y defensor de los DDHH Jorge Fernández, que ha sido registrada con el Número de Expediente: 22020496 por el Defensor del Pueblo de España.
1. Denuncia ante el juzgado pidiendo la suspensión cautelar que coartaba este derecho que no ha tenido respuesta hasta el día de hoy. (Documento 1)
2. Solicitud administrativa al Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda de la suspensión cautelar de las decisiones tomadas por dicho ayuntamiento que impide el desarrollo de los derechos mientras no se pronuncie el juzgado. Esta solicitud tampoco ha sido contestada a día de hoy. (Documento 2)
Entendiendo que se ha agotado la vía interna de la jurisdicción española al ser violado mi derecho de forma efectiva y no ser atendido por los recursos presentados.
Informe del Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, donde encuadra el Derecho a la Libertad de Reunión pacífica y de Asociación. Artículos 32 y 62.
HECHOS DENUNCIADO
El día 7 de junio de 2022 el activista Jorge Fernández comenzó una huelga de hambre acompañada de actividades de libertades públicas y de manifestación en la plaza de la Vila de la localidad de Santa Perpetua de la Mogoda. Los motivos de dicha huelga fueron, al margen de exigir la liberación de personas detenidas ilegalmente, también ha sido para denunciar los impedimentos que viene poniendo -desde hace más de dos años- el Ayuntamiento mencionado para el desarrollo de la actividad de un Comedor Social, que actualmente atiende a más de 50 familias vulnerables y también, por no dejarle ejercer su pleno derecho al empadronamiento.
Presentación de Jorge Fernández en el Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda, contra el Decreto 2022/1857 y pide suspensión del procedimiento administrativo.
Para estas actuaciones de reivindicación, Fernández había comunicado a la Delegación de Gobierno las mismas y que en ningún momento le han comunicado que no fuera autorizado.
El día 3 de junio el defensor de DDHH intentó empadronarse en el municipio catalán, pero no le quisieron atender, sólo le dejaron tomar el número para una cita, y hasta el día 14 de junio no pudo solicitar ni por escrito el empadronamiento, solicitud que hasta el día de hoy no ha sido atendida y que, por obvias razones, le es necesario para solicitar sus derechos, sobre todo la atención de los Servicios Sociales, pues se encuentra en una situación de vulnerabilidad (Documento 3).
El mismo día también solicitó que le atendieran los Servicios Sociales ante su situación de vulnerabilidad, que hasta el día de hoy no ha sido contestada (Documento 4).
Además, ha solicitado permiso al Ayuntamiento para instalar una carpa y una mesa de recogida de firmas (Documento 5), que le fue denegada después de un mes, alegando argumentos discriminatorios (Documento 6).
Desde el día 10 de junio, la policía de Santa Perpetua de Mogoda, por orden de la Alcaldesa Isabel García Ripoll, comienzan con una serie de coacciones: retiran el toldo de protección del sol en varias ocasiones (Documento 7). Esta situación es denunciada ante el Sindic de Greuges, que determina que la protección solar es necesaria para el manifestante y que no se le puede retirar. Pese a esta resolución, la policía local continúa espropiando este toldo de protección solar (Documento 8) (Vídeo 1). Retiran también los carteles de la protesta donde tenía expuestas las denuncias propias de la protesta, retirando, además, pertenencias personales, y finalmente, lo desalojan de la plaza, e incluso llegan a la agresión física estando en un estado vulnerable después de 30 días de huelga de hambre, cuestión que denunció en el juzgado pertinente (Documento 9) (Vídeo 2).
El día 22 de julio, Fernández recibó un “Decreto de Alcaldía” (Documento 10) en apariencia a derecho, pero con la intencionalidad de fondo, de vulnerar su derecho a reunión pacífica, en el que argumentan desde el Ayuntamiento que estáría usurpando un espacio público, y que la protesta ya ha acabado. Es decir, el Ayuntamiento decide cuando el defensor de DDHH acaba su derecho de reunión. Este Decreto daba un plazo de 5 días para recurrir, y sin que se cumpla dicho plazo, la policía local le roba todas sus pertenencias y precinta el espacio público donde llevaba adelante la protesta para que no pueda acceder a él, haciendo uso y abuso de dicho Decreto el que aún no había entrado en vigor (Imagen 1).
En cuanto al derecho a reunión, el Pirata europeo Fernández, nos señala que está implícito el empleo de megafonía y otros medios materiales, y de que las convocatorias a actos o manifestaciones en las calles o plazas públicas deben realizarse de conformidad con los Art, 8 y 9 de la LO 9/183 Reguladora del Derecho de Reunión. En cuanto a lo relativo a sonidos o ruidos derivados del ejercicio del derecho a manifestación, el activista añade, hay que atenerse a la Sentencia STC 195/2003 27022023, que establece que los medios materiales forman parte del Derecho Constitucional, (Art. 21 de la Constitución española), y no podrán ser limitados por razones fundadas en la alteración del orden público, peligro para personas, o bienes.
Ante una nuevo vulneración, Fernández lo recurre a través de la vía de “instancia general”, por la que solicitó la suspensión cautelar del Decreto, porque viola sus derechos. Además, lo ha denunciado ante el juzgado y debe esperar su contestación. Este recurso tampoco ha sido atendido, a día de hoy (Documento 2).
Ante las evidentes demoras judiciales, el activista interpone otra denuncia en el juzgado contra este Decreto, y solicita medidas cautelares de urgencia, las que también, hasta la fecha, no han sido contestadas (Documento 1). Por otra parte, en el mismo escrito denunció el robo de las pertenencias, indicando que por su vulnerabilidad necesita su saco de dormir para no quedar, al menos, a la intemperie, sin protección, al estar en un estado de salud muy precario por la huelga de hambre.
Jorge Fernández, ha denunciado también la persecución que sufre permanentemente por parte de la Alcaldesa García Ripoll en todos los sentidos, por haber ejercido el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de realizar labores humanitarias, en las que reparte junto a otros activistas alimentación adecuada a familias vulnerables con menores, y que están siendo desatendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda, a cargo de García Ripoll.
Nuevamente, el día 27 de julio, los manifestantes y activistas recibieron notificación desde el Ayuntamiento, a través de las que les que denegaban la ocupación de la vía pública para celebrar una jornada de protesta por los Pueblos Oprimidos (Documento 11).
Es por todo lo que nos viene relatando Fernández, que solicita un Amparo ante la Dirección del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por verse vulnerados los derechos fundamentales.
DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Doc. 01- Denuncia ante el juzgado
Doc. 02- Recurso al ayuntamiento y solicitud de cautelares
Doc. 03- Solicitud de empadronamiento
Doc. 04- Solicitud de atención en los Servicios Sociales
Doc. 05- Solicitud de ocupación de la vía pública
Doc. 06- Denegación de la ocupación del espacio público
Doc. 07- Actas policiales retirada de toldos y Recursos
Doc. 08- Informe del Síndic de Greues
Doc. 09- Informe de Urgencias y diligencias policiales
Doc. 10- Decreto de alcaldía
Doc. 11- Notificación denegando el espacio
Vídeo 1 – Retirada de protección solar
Vídeo 2 – Retirada de pancartas y enseres personales
Imagen 1 – Precinto del espacio
Por Conrado Ugarte
