Encarcelado por corrupción un inspector denunciado por torturas

La desarticulación, a finales de marzo, de una compleja trama de proxenetismo y corrupción en Barcelona, que ha salpicado a policías, abogados y funcionarios municipales, ha acabado teniendo impacto en los movimientos sociales catalanes. El inspector José Javier Martín Pujal, ex jefe del Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información de la Policía española que encabezó diez años de represión y autoritarismo en Catalunya, duerme entre rejas desde el pasado 30 de marzo. La jueza Elisabeth Castelló decretó su ingreso en prisión por los delitos de obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita.

La investigación acredita que José Javier Martín Pujal, alias ‘Jordi’, ya fue detenido en julio de 2007, tras ser denunciado por extorsión por el propietario del prostíbulo Saratoga, que le entregó un sobre con 3.000 euros, bajo control vigilancia de la Guardia Civil, para evitar operaciones posteriores. Tras el despliegue de los Mossos d’Esquadra en 2005, ‘Jordi’ había sido destinado a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF). De aquella detención arranca una larga investigación que ha acabado implicando a cinco altos mandos policiales –entre ellos, el comisario Luis Gómez, coordinador de las comisarías locales del cuerpo en Catalunya, para quien la jueza fijó una fianza de 5.000 euros–, tres abogados (uno de ellos militante del PP) y cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. La operación también se ha saldado con el encarcelamiento de los propietarios de los históricos Saratoga y Riviera.

‘Jordi’ ya fue detenido a mediados de marzo, pero las gestiones de su mujer –que trabaja en la Delegación del Gobierno– forzaron su puesta en libertad. El viernes 28 de mayo fue apresado de nuevo y permaneció detenido hasta su traslado ante la jueza Elisabeth Castelló, del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que decretó su ingreso en prisión sin fianza por un triple delito de obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita. De la investigación también ha trascendido que en el registro de su taquilla personal fueron decomisadas cocaína, 45 pasaportes y joyas robadas que habían sido sustraídas a una trabajadora sexual del Raval en el transcurso de una operación anterior. Según la investigación, la cocaína acabó desapareciendo, a pesar de constar en una minuta redactada contra ‘Jordi’ por otro inspector de la UCRIF.

La investigación sobre su participación en la trama continúa abierta y refiere una densa trama triangular de corrupción policial y municipal en el ámbito de la explotación sexual de mujeres. Está acusado de conspirar con tres abogados para cobrar elevadas minutas a los amos de los prostíbulos a modo de protección y garantía para evitar operaciones policiales.

Destaca, entre los abogados implicados, el letrado Fernando Martínez, en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Martínez era un alto dirigente del PP catalán, donde todavía milita, sin que se haya producido por ahora ninguna medida cautelar de suspensión de militancia. Fernando Martínez fue secretario de Organización con Alberto Fernández Díaz como secretario general, vicepresidente del partido en Barcelona, consejero municipal en el barrio de Les Corts y responsable de la Comisión de Garantías hasta el pasado otoño. Era, asimismo, secretario general de la FECALON, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno, de la que dimitió el pasado 2 de abril.

Implicado en la represión

Martín Pujal, ‘Jordi’, acumula un amplio historial en la crónica reciente de la represión a los movimientos sociales catalanes. Jefe visible del Grupo 6 que lideró los grandes operativos represivos y que está tras las más de 2.000 detenciones de activistas producidas entre 1996 y 2006, fue denunciado en cuatro ocasiones por torturas y malos tratos. En el caso de ‘los tres de Gràcia’ acusados falsamente de terrorismo –para lo que ‘Jordi’ se llegó a inventar un grupo armado, el EBAN–, en el caso de Torà, en el caso de una fotoperiodista de Terrassa y en el caso de cuatro jóvenes detenidos en Sants en octubre de 2004. Dos de ellos, menores, fueron encarcelados durante 51 días, siendo posteriormente absueltos en un juicio donde ‘Jordi’ reconoció haber realizado interrogatorios ilegales sin la presencia de abogados. En aquel juicio, que acreditó la perforación de tímpanos sufrida por un detenido, ‘Jordi’ constaba como Ignacio Moreno Meribia. Hecho que ha confirmado que disponía de doble identidad oficial: en su tarjeta personal de presentación se leía Jordi Martín. La confirmación de esta doble identidad ha revelado hasta qué extremos de protección e impunidad llegó la ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos sociales, que arrancó tras el desalojo del cine Princesa en 1996.

Fuentes del CNP se han negado insistentemente a confirmar el historial de ‘Jordi’ aduciendo que el “pasado no es lo importante”. Esa actitud se corresponde con algo ya sabido: ‘Jordi’ gozaba y goza de especial protección entre sus mandos superiores. Fuentes judiciales consultadas por Diagonal han ratificado que el inspector, de 48 años, tuvo un papel clave en la Brigada de Información, en la lucha antiterrorista y en la represión a los movimientos sociales.

Periódico Diagonal