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02/10/2022 :: Nacionales PP.Catalans

Eulalia Reguant al banquillo por negarse a responder a Vox en el juicio del procés

x Izquierda Diario
La Fiscalía del gobierno “progresista” pide 4 meses de cárcel e inhabilitación

El Tribunal Supremo juzga a la diputada de la CUP. La Fiscalía del gobierno “progresista” pide 4 meses de cárcel e inhabilitación. La cruzada contra el independentismo sigue uniendo voluntades desde el PSOE hasta la extrema derecha, con la Judicatura al frente.

Enero de 2019, Tribunal Supremo. Con el juez Marchena presidiendo la Sala Segunda de lo Penal, la hoy diputada de la CUP en el Parlament y entonces regidora del Ayuntamiento de Barcelona, Eulalia Reguant, es llamada a declarar en el juicio contra el independentismo catalán.

En la acusación está el bloque del 155 casi al completo. La Abogacía del Estado del PSOE, que consiguió las condenas de hasta 11 años de prisión por el delito de sedición, la Fiscalía General del Estado, que seguía las directrices del PP y Cs sostenían la acusación de rebelión, y la acusación particular de Vox, con Ortega Smith a la cabeza, que se sumaba a estas tesis.

Las primeras palabras de Reguant fueron para solicitar poder declarar en catalán y para aclarar que se niega a contestar a las preguntas de la acusación particular, argumentando que “frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas”. Marchena le advirtió de las posibles consecuencias penales y le negó toda posibilidad de responder a las preguntas de la defensa de Jordi Cruixart.

La protesta del abogado de Cruixart, Benet Salelles, fueron desatendidas, una vez más. Nada de extrañar, en un proceso farsa en el que la sentencia estaba escrita desde, al menos, el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI dio la orden en su discurso de que se castigara con ejemplaridad el referéndum realizado dos días antes y la gran huelga general que había paralizado ese día Catalunya.

Aquel juicio, cuando se están a punto de cumplir 5 años del 1-O, sigue trayendo cola. Este miércoles, Eulalia Reguant vuelve al Tribunal Supremo. No lo hace en calidad de testigo, sino de investigada por un un delito de desobediencia grave a un tribunal. Es la segunda vez que lo hace, después de que el 1 de marzo la vista fuera aplazada por las alegaciones de su defensa.

A primera hora varias decenas de militantes de la CUP y otras organizaciones se concentraban en solidaridad a las cercanías del tribunal. El jueves está previsto que también sea juzgado el exdiputado de la CUP, Antonio Baños, por el mismo delito y la misma razón, no haber respondido a las preguntas de la ultraderecha.

La Fiscalía General del Estado, ahora ya bajo las directrices del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pide cuatro meses de prisión e inhabilitación especial. De condenarla se trataría de una segunda condena por el mismo hecho, otra nueva “innovación jurídica” del aparato judicial español contra el independentismo. Tanto Reguant como Baños, ya fueron sancionados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con una multa de 2.500 euros en 2019.

La defensa considera que estamos ante "una vulneración flagrante a la libertad ideológica y de conciencia" y de su derecho a la libertad de expresión. La misma Ley de enjuiciamiento criminal, en su artículo 418, establece que ningún testigo "podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la cual su respuesta pueda perjudicar material o moralmente, de forma directa e importante, a la persona."

Además se podría producir una nueva vulneración del derecho a representación política. Si finalmente es condenada a inhabilitación, esto podría ser al por sufragio pasivo (a que pueda ser candidata en un futuro) o para ocupar un cargo público. la segunda opción podría conllevar a la pérdida del escaño, como ya le pasara a su compañero Pau Juvillà, el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, o al diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez. La Judicatura volvería así a intervenir de forma directa sobre quien puede y quien no ser electo diputado.

Los juicios contra Reguant y Baños, son dos juicios más contra independentistas catalanes, que son parte de los 45 que tendrán lugar solo en este trimestre según la organización antirepresiva, Alerta Solidària. El bloque monárquico sigue su campaña de persecución contra el independentismo catalán. La Judicatura, con el respaldo de la extrema derecha, la derecha del PP, el PSOE y el gobierno de coalición, siguen a la ofensiva.

El Régimen del 78 demuestra, una vez más, su rostro más reaccionario y autoritario. La lucha por la amnistía para todos los procesados y procesadas por luchar, que en el caso del independentismo ascienden a más de 3000 personas desde 2017, sigue siendo una de las demandas democráticas fundamentales que debe ser peleada por toda la izquierda y las organizaciones sociales del Estado español.

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