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Nacionales PP.Catalans :: 05/02/2006

Frente al cierre en falso del "nou Estatut" y a las políticas neoliberales

Corriente (a)lterna
Las "reformas" laboral y fiscal anunciadas reflejan nuevos pasos adelante en ese camino de adaptación a las exigencias del empresariado y del capital financiero y especulativo, sin que las direcciones de los sindicatos mayoritarios salgan de sus tímidas protestas verbales y pasen a la acción

Con las rotundas declaraciones de Zapatero según las cuales la reforma estatutaria pactada con Mas ha de durar décadas y "puede ser para siempre" hemos visto confirmarse no sólo el cierre rápido de la puerta que abrió su retórica de la "España plural" sino también, y sobre todo, su apuesta decidida por privilegiar la alianza con CiU y, más allá de esto, por una mirada más a la derecha que, de paso, le permita aprovechar el espacio dejado por la beligerancia extrema del PP para debilitar a éste como alternativa de gobierno.

En efecto, que algo que se proclamaba como un "nou Estatut" termine siendo un mero remiendo del texto vigente desde 1979 para incluir algunas nuevas competencias y la cesión de la gestión de un porcentaje algo mayor de determinados impuestos, es un resultado que está muy por debajo de las expectativas abiertas por un proceso que algunos creían que podía abrir incluso una verdadera "segunda transición" en todo el Estado. Ni en el plano simbólico -la palabra "nación" no aparecerá probablemente ni siquiera en el preámbulo-, ni en el competencial, institucional o financiero ha sido respetado el proyecto -ya recortado para ajustarse al corsé constitucional- del parlament de Catalunya; por eso es fácilmente comprensible que hasta el mismo Josep Piqué se haya precipitado en entrar en el acuerdo y que Ibarra y Bono hayan mostrado su satisfacción por el resultado alcanzado.

Frente a ese nuevo "consenso" está surgiendo un rechazo significativo desde Catalunya completamente legítimo y que esperamos se exprese con fuerza en la manifestación convocada en Barcelona este 18 de febrero bajo el lema "Som una nació i tenim el dret de decidir". A esto se suma el horizonte de un referéndum en esa Comunidad sobre el pacto alcanzado que puede convertirse en una desautorización popular -expresada bajo distintas formas de voto o abstención- a las elites firmantes del mismo. Habrá que ver si la dirección de ERC es capaz de mantener hasta el final la posición crítica que le ha forzado a mantener la mayoría de sus militantes o si, por el contrario, cede al interés por mantener su parcela de poder dentro del Tripartit en aras de la "gobernabilidad’ y del consenso.

Pero es que además el desenlace de este proceso obliga a concluir ya que tampoco para Euskadi se verán satisfechas las esperanzas de que sea aceptada una nueva propuesta que, aun llegando a contar con mayor consenso que el Plan Ibarretxe, contenga la exigencia de su reconocimiento como pueblo con derecho a decidir su futuro. A medio plazo, pues, frustrada la perspectiva de un Estado federal plurinacional, es previsible que pese a los intentos por amortiguar las tensiones por parte de Zapatero, CiU y PNV, las demandas de mayor autogobierno y de autodeterminación desde, al menos, Catalunya y Euskadi seguirán manifestándose con fuerza y aspirarán a ir más allá de los límites constitucionales y de la timidez mostrada por la mayoría de los partidos catalanes.

No es casual tampoco que el proceso de negociación del Estatut haya coincidido con una medida tan grave y simbólica en el plano social como el despido de 646 trabajadores y trabajadoras de SEAT, pactado con las direcciones sindicales y con el beneplácito de la Generalitat. Se verifica aquí también la distancia enorme entre el presunto "intervencionismo" del Estatut en su apartado de derechos y deberes -que probablemente se verá, además, rebajado en su versión final- y una práctica que ni siquiera puede ser calificada de "social-liberal". Por eso no tiene sentido que fuerzas como ICV-EUiA sigan participando en ese gobierno y, lo que es peor, se mantengan al margen del movimiento de solidaridad que se está desarrollando alrededor del colectivo de trabajadores afectado.

La complicidad de los gobiernos del Estado y de Catalunya con empresas transnacionales como la Volkswagen en SEAT aparece más evidente aún en el caso de otras con "sede-madre" en nuestro país, como es el caso de REPSOL y la política de chantaje y presión que están empezando a ejercer ya sobre el nuevo gobierno boliviano de Evo Morales. De nuevo aquí podemos comprobar que el "interés general" del que nos habla Zapatero es, más bien, el de unas multinacionales que no están dispuestas a renunciar a sus enormes beneficios derivados de la expoliación de los bienes comunes de los pueblos, aun cuando la voluntad de reapropiación de los mismos se apoye en unos resultados electorales abrumadoramente favorables.

Las "reformas" laboral y fiscal anunciadas reflejan igualmente nuevos pasos adelante en ese camino de adaptación a las exigencias del empresariado y del capital financiero y especulativo, sin que las direcciones de los sindicatos mayoritarios se atrevan a salir de sus tímidas protestas verbales y pasen a la acción. Esa pasividad se está convirtiendo en una verdadera anomalía en comparación incluso con países clave de la Unión Europea, en donde las movilizaciones sindicales contra la directiva Bolkestein y las políticas neoliberales de sus respectivos gobiernos están recobrando un nuevo impulso. Es responsabilidad, por tanto, de la izquierda sindical y de los sindicatos minoritarios tomar iniciativas que, sin caer en el sectarismo, contribuyan a generar acciones de solidaridad con luchas como la de los trabajadores y trabajadoras de SEAT y, más allá de ésta, favorezcan la reactivación de un movimiento obrero combativo y a la altura de los retos de un capital cada vez más insaciable en su obsesión por aumentar su tasa de ganancia.

Hay otros temas que están también en la agenda política y sobre los que habrá que pronunciarse desde la izquierda anticapitalista y alternativa. El anteproyecto de Ley de Dependencia, por ejemplo, se presenta solemnemente como el "cuarto pilar" del Estado de bienestar (como si la educación, la sanidad y las pensiones, sometidas todas ellas a un deterioro creciente, lo fueran en la práctica) pero la lectura del mismo obliga a constatar tanto el sesgo sexista que lo recorre como la disposición a favorecer a un sector privado dispuesto a encontrar en los "servicios" que "regula" una nueva fuente de beneficios entre la clientela con recursos para pagarlos.

Si el futuro que se presenta ante una mayoría social es el de una creciente precariedad e inseguridad respecto al goce y ejercicio de derechos sociales fundamentales, el panorama se hace más sombrío para aquellos adolescentes y jóvenes que, en su lucha por la supervivencia cotidiana, terminen viéndose afectados por la propuesta gubernamental de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Porque, como han denunciado ya diversos colectivos sociales y el Grupo de Estudios de Política Criminal, ese anteproyecto se aparta incluso de la Convención internacional de derechos del niño y apuesta por un endurecimiento de las penas que se concreta, entre otras medidas, en la posible rebaja de la edad penal a 12 años y en una política de internamiento en cárceles por delitos de pequeña gravedad, renunciando así a atajar las causas de sus acciones y, sobre todo, a la necesidad de adoptar políticas sociales y educativas de prevención y reinserción. También en esto el gobierno parece dispuesto a ceder al populismo punitivo de la derecha y de un sector de la opinión pública, siguiendo así un camino peligroso que no hará más que favorecer la extensión de una falsa "cultura del miedo" frente a otros colectivos, como ya sucede con la población inmigrante.

 

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