Iberia expedienta a 60 empleados por la huelga civilizada de El Prat

La dirección de Iberia ha abierto expediente disciplinario a unos 60 trabajadores del aeropuerto de El Prat por su participación en el bloqueo causado por la huelga salvaje de julio. Los empleados afectados se enfrentan a la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves que pueden ir desde la suspensión temporal de empleo y sueldo hasta el despido.

La compañía envió la comunicación formal de la apertura del expediente disciplinario la semana pasada a cada uno de los 60 trabajadores investigados, según indicaron fuentes sindicales. Un portavoz de Iberia confirmó ayer que los expedientes se encuentran en fase de instrucción a la espera de recibir las alegaciones de los afectados y de su resolución.

Un buen número de los expedientados son trabajadores del servicio de rampa a los que se acusa de colocar los vehículos de los que eran responsables, entre los que se encontraban los que transportan las maletas, obstruyendo la circulación en las pistas durante la mañana del día 28.

En las alegaciones presentadas, los empleados responden a la compañía que desconocen cómo esos vehículos aparecieron cruzados en las pistas y sin las llaves, y aseguran que ellos los dejaron estacionados correctamente.

DOS MESES DE INSTRUCCIóN

Según el convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, los trabajadores disponen de un plazo de cinco días desde la notificación de la semana pasada para presentar sus alegaciones al pliego de cargos que se les imputan. A continuación, el instructor designado por la dirección de Iberia tendrá un plazo máximo de dos meses para cerrar el expediente e imponer la sanción correspondiente.

Las mismas fuentes sindicales atribuyeron la apertura de los expedientes a la presión recibida por Iberia por parte del Ministerio de Fomento, la Agencia Catalana de Consumo y algunas organizaciones de usuarios y empresariales que exigían la aplicación del régimen disciplinario interno.

Sin embargo, los sindicatos ven bastante difícil que los expedientes vayan más allá de "sanciones simbólicas" por la dificultad de buscar responsabilidades individuales en una acción que surgió de forma espontánea entre los 900 trabajadores del turno de mañana convocados a una asamblea para analizar los efectos de la pérdida del servicio de tierra a otras compañías en El Prat.

A su juicio, sucede lo mismo con la investigación judicial en marcha. El abandono de vehículos sin llaves también fue recogido en el informe remitido por la Guardia Civil al juzgado de El Prat que investiga el cierre del aeropuerto durante un día.

Ese informe ha sido la base para imputar por desórdenes públicos y sedición a un grupo de nueve empleados que fueron detenidos el 28 de julio, y posteriormente a otros trabajadores entre los que figura algún miembro del comité. "Parece que intentan buscar un cabecilla sindical como responsable", aseguraron fuentes del comité.