La Barceloneta rechaza convertirse en un circuito para turistas

El ‘plan de los ascensores’ o ‘Modificación del Plan General Metropolitano en la regulación de la edificación tradicional de La Barceloneta para mejorar su accesibilidad vertical’ se justifica con los problemas de movilidad de las personas mayores de este barrio histórico. A diferencia de los grandes edificios del Eixample, el piso tradicional de La Barceloneta tiene una media de 30 m2, y los edificios una estrechez que no permite la instalación de ascensores. El proyecto municipal propone fusionar entre dos y seis fincas en una y una vez que los propietarios de dichas fincas se hayan puesto de acuerdo para la fusión, eliminar una de ellas (o una hilera de pisos) para crear el hueco del ascensor. Esto implica la reforma del resto de fincas incluidas en la fusión para poder hacer uso del ascensor y tener una entrada única. En definitiva, supone la eliminación de viviendas para instalar ascensores.

El tripartito municipal (formado por PSC, ERC e ICV hasta las últimas elecciones municipales de 2007, en que ERC lo abandona) no ha querido esta vez invertir económicamente en esta reforma integral, ni arriesgarse a ser su mano ejecutora, así que su aplicación queda en manos de los propietarios. Son ellos los que han de decidir por mayoría simple si se acogen al ‘plan’ o no, y correr con los gastos de reforma, instalación del ascensor y realojo de los vecinos afectados (sean propietarios o inquilinos). La mayoría simple consiste en el 50%+1 de los propietarios de los terrenos de las fincas que se fusionen, dejando así al 50% de la población que vive en régimen de alquiler sin capacidad de decisión, y al pequeño propietario en una situación de debilidad.

Las protestas contra el proyecto comenzaron hace dos años, cuando la asociación vecinal (AV) oficial de La Barceloneta (directamente ligada al PSC por medio de la consejera de barrio) abandonó todo tipo de trabajo vecinal y focalizó sus esfuerzos en representar los intereses del Puerto de Barcelona, una fuerza fáctica dentro de un barrio tradicionalmente marinero y portuario. Las mujeres de la AV l’Òstia inician la movilización cuando conocen que el consistorio está elaborando un proyecto de intervención integral para la zona. Empiezan a convocar megáfono en mano asambleas de barrio que se celebran en la iglesia y a las que asiste una media de 400 personas. En una de ellas se forma la Plataforma d’Afectats en Defensa de La Barceloneta, integrada por personas que no llevan generaciones viviendo en el barrio y por la okupación de Miles de Viviendas.

Desde el principio, ambos grupos han exigido un proceso de participación real realizado con los vecinos, que nadie tenga que marcharse del barrio contra su voluntad y que se respete el patrimonio histórico de La Barceloneta. Desde que se conoce la existencia del ‘plan’ se han realizado dos grandes manifestaciones y la semana en que se aprobó, en febrero de 2007, hubo marchas y caceroladas nocturnas todos los días. En este pulso entre vecinos y Ayuntamiento, el Puerto ha comenzado las obras del Hotel Vela –un proyecto del arquitecto Ricardo Bofill para levantar 7.000 m2 de espacio recreativo y oficinas que será ejecutado por Comsa, FCC, Sacresa y OHL–. Al mismo tiempo, según Carolina, miembro de la plataforma, personas vinculadas al puerto y a la AV oficial realizan una importante tarea de desinformación.

A esto se unen las diferentes obras que están en marcha en los márgenes del barrio, como la destrucción del muelle de los pescadores y la creación de una nueva bocana para yates de lujo; y las presiones contra los trabajadores portuarios del barrio, que temen perder su puesto de trabajo si participan en las protestas. “Hay gente a la que amenazaban en el trabajo, pero no se atreve a denunciarlo por miedo a represalias. El puerto tiene una política caciquil dentro del barrio”, indica Carolina. En marzo del año pasado, después de que el alcalde de Barcelona declarase que “el futuro de La Barceloneta se construirá con las mayorías”, la AV l’Òstia y la plataforma realizaron una campaña por el voto nulo para las elecciones municipales. El PSC perdió 1.500 votos de los 2.700 que había recibido en 2003 en el barrio, y también lo hicieron los otros dos partidos del tripartito municipal.

Tras la campaña, la protesta se centró en la apertura de una oficina para atender los casos de acoso inmobiliario que van apareciendo en el barrio, y en abrir un proceso de participación “desde abajo” que arrancó el último fin de semana de marzo con un encuentro en el que participaron 600 vecinos. Éstos explican que “los que vivimos el barrio día a día somos los que mejor conocemos sus problemas, el Ayuntamiento debería escucharnos y encargarse simplemente de traducir a lenguaje técnico nuestras propuestas. Pero continúan ninguneándonos”. De momento, el consistorio afirma que el ‘plan’ está parado, pero los vecinos desconfían.

El barrio también es ciudad

Buena parte de Barcelona vive en estos momentos procesos de reestructuración urbana que, salvo raras excepciones, se han gestado al margen de la ciudadanía. Para contrarrestar esta falta de democracia, en al menos nueve zonas se han creado plataformas vecinales que exigen que la opinión del barrio se tenga en cuenta. El casco antiguo es escenario de fuertes luchas. De 2000 a 2006 vecinas y vecinos del barrio de La Ribera gestionaron un parque en el Forat de la Vergonya (Hoyo de la Vergüenza) para impedir que se levantasen viviendas. Muy cerca, el vecindario del Raval se opone a la urbanización del solar de las antiguas piscinas de Folch i Torres. En Bon Pastor, Trinitat Vella y La Mina varias coordinadoras combaten los planes de remodelación de las zonas de casas “baratas”.

Diagonal nº 76