Miles de personas toman las calles de València en defensa del empleo público y los derechos sociales

La ciudad de València se convirtió este 29 de mayo en el epicentro de una masiva protesta en defensa del trabajo digno y en contra de las políticas implementadas por el actual Gobierno valenciano. Una multitudinaria manifestación, impulsada por sindicatos, diversos colectivos sociales y ciudadanos, recorrió las calles del centro para expresar un enérgico rechazo a los recortes sociales, demandar mejoras sustanciales en las condiciones laborales y exigir una mayor inversión en los servicios públicos esenciales.

La movilización, que coincidió con una huelga general en el sector público valenciano, dejó imágenes impactantes de unidad y firmeza, con miles de voces coreando consignas que exigían la dimisión del presidente Carlos Mazón. El clamor unánime se centró en la necesidad de empleo de calidad, un incremento significativo en la financiación de la sanidad y la educación, y una rotunda oposición a las reducciones presupuestarias que impactan directamente a los trabajadores del ámbito público. Bajo el lema «Trabajo digno – Servicios públicos – Dimisión de Mazón», los manifestantes alertaron sobre los posibles intentos de privatización de servicios fundamentales, denunciaron la reducción salarial y el aumento de la carga de trabajo en el sector público, y demandaron estabilidad laboral, personal suficiente y mejores condiciones contractuales.

La protesta en las calles amplificó el impacto de la huelga general, con piquetes informativos y bloqueos simbólicos que marcaron la jornada desde la noche anterior. Durante el recorrido, las críticas se dirigieron tanto a las instituciones autonómicas como al sector empresarial privado, al que se acusó de fomentar la precariedad laboral y la desigualdad social. Sin embargo, el principal foco de la indignación se centró en el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo nombre resonó repetidamente en las demandas de dimisión.

La manifestación del 29M congregó a una amplia representación no solo de trabajadores públicos – docentes, sanitarios, administrativos y profesionales de servicios sociales – sino también de plataformas sociales, colectivos feministas, asociaciones vecinales y organizaciones juveniles. Las pancartas exhibían mensajes en defensa de los derechos laborales, pero también contra la violencia machista, la represión a las minorías y la crisis de vivienda.

Desde los sindicatos organizadores se denunciaron «ataques sin precedentes» a los derechos sociales, advirtiendo sobre recortes drásticos en sanidad, educación y políticas de inclusión, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Los líderes sindicales también lamentaron la falta de diálogo por parte de la Generalitat con los representantes de los trabajadores y la supuesta afinidad del Consell con sectores conservadores que, según denuncian, buscan debilitar el tejido sindical y social. Los trabajadores públicos, por su parte, insistieron en la necesidad de estabilidad laboral, salarios dignos y recursos adecuados para garantizar servicios de calidad a la ciudadanía.

Más allá de las demandas laborales específicas, la protesta tuvo una clara lectura política, con referencias al deterioro democrático y a la regresión social. La consigna «Mazón dimisión» se erigió como un lema central, evidenciando la profunda desconexión entre el ejecutivo valenciano y una parte significativa de la población trabajadora. Los convocantes subrayaron que esta manifestación no es un evento aislado, sino el inicio de un ciclo de movilización ante la falta de cambios en la gestión y las prioridades del Consell.

Tras la finalización de la marcha, los sindicatos anunciaron que evaluarán nuevas acciones de protesta si el gobierno valenciano no atiende sus exigencias, solicitando una reunión urgente y advirtiendo sobre posibles huelgas sectoriales y la ampliación de las movilizaciones a otros sectores afectados por recortes. El impacto a medio plazo de esta jornada de huelga dependerá de la capacidad de presión sindical y de la respuesta política del Gobierno valenciano, aunque ya ha dejado patente una creciente contestación social que podría tener repercusiones políticas si no se aborda mediante un diálogo social efectivo.

La manifestación del 29 de mayo en València se erige así como un contundente llamado colectivo en defensa del trabajo digno, los servicios públicos y los derechos sociales, marcando un punto de inflexión en la relación entre la sociedad valenciana y su gobierno.