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Moncloa hace caso omiso al toque de atención de la ONU por el CatalanGate
Ni Moncloa ni los medios de comunicación burgueses se han hecho eco de la ONU de hacer una investigación sobre el espionaje del CatalanGate.
Moncloa hace caso omiso al toque de atención de la ONU por el CatalanGate
Ni Moncloa ni los medios de comunicación burgueses se han hecho eco de la petición de los organismos de las Naciones Unidas de hacer una investigación sobre el espionaje del CatalanGate. Es necesaria la formación de una comisión de investigación independiente y el cese de toda persecución política.
La petición de las Naciones Unidas al gobierno del Estado español sobre el uso (o mejor dicho la no utilización) del software Pegasus, me recuerda al clásico gag del cómico Miguel Gila. Tres organismos se dirigen al ejecutivo de Pedro Sánchez, pero Moncloa no responde. Algo natural, teniendo en cuenta el carácter reaccionario del gobierno español.
La nueva resolución emitida este martes por parte de la ONU al gobierno español por el uso de Pegasus en el Catalangate, el mayor caso de espionaje conocido contra el independentismo catalán, y de persecución política más multitudinario hasta ahora, sobre “investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas”, no parece afectar en nada a la coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Nada nuevo, teniendo en cuenta el informe preliminar presentado por la eurodiputada neerlandesa, Sophie in’t Veld, el pasado mas de noviembre sobre casos de espionaje llevados a cabo en diferentes países de Europa y que tienen como responsables a los gobiernos. Un informe que se apoyaba en la investigación previa realizada durante meses por el centro canadiense Citizen Lab (quién destapó el caso de espionaje), y que señalaba que el Ejecutivo español espió a independentistas catalanes durante los periodos de “mayor relevancia política”.
El documento preliminar, igual que ahora las peticiones de investigación, además de señalar este aspecto de persecución política brutal, señala otro aspecto que muestra el ADN del Régimen del 78. La eurodiputada responsable del estudio señalaba que “la situación en España es delicada, tenemos poca información oficial [...] Vemos que hay indicaciones fuertes que han sido espiados políticos sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional. Pido a las autoridades más información para evaluar la situación”. Todo, evidentemente, sin respuesta por parte del gobierno de coalición español.
Pero no es de extrañar este silencio por parte del Ejecutivo, así como tampoco el mutismo de la prensa burguesa del Estado español respecto al toque de atención de la ONU emitido esta semana. De hecho, a pesar de que el CNI llegó reconocer el uso del programa Pegasus para el espionaje a líderes independentistas, fue primero el citado centro canadiense, Citizen Lab, quién destapó el caso. No fue hasta después de semanas de negativas que el gobierno y el servicio de inteligencia dieron por buena la información.
Aun así, como era de prever, el gobierno español no se ha puesto en ningún momento a depurar responsabilidades, así como tampoco se espera que lo haga en un futuro. Algo que implicaría atentar contra su propio accionar y utilización de las cloacas del Estado.
A pesar de las peticiones e informes tanto de orgnanizaciones como del propio Parlamento Europeo, ninguna responsabilidad será depurada. La Unión Europea ya ha demostrado en muchos aspectos su carácter anti-democrático, donde el derecho a decidir de los pueblos no solo no está entre sus prioridades sino que es un tabú cuando atenta contra uno de los Estados miembros.
Para enfrentar efectivamente el “deep state” y acabar con el espionaje ilegal hay que empezar a tomar medidas que rompan con el statu quo reinante en la UE, empezando por tres aspectos elementales:
Formación de una comisión de investigación independiente de las actuaciones del Estado. Disolución del CNI y derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquistas y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia. Cese de toda persecución política y la libertad de todos los presos políticos que todavía permanecen en las prisiones a consecuencia del proceso y de todas las luchas sociales.
