Subvenciones públicas para las propiedades privadas de los obispos

Aún no se han apagado en mi cabeza los rescoldos de la indignación provocada por los más de 429 millones de euros de dinero público que recibieron los obispos por la declaración de la renta de 2024, cuando me salta en el móvil una noticia sobre las subvenciones que la Conselleria de Educación y cultura (y más cosas) y la Diputación de Valencia han concedido a la iglesia.
La Diputación valenciana ha concedido, entre 2024 y 2025 más de 1,2 millones de euros para reparaciones varias de edificios parroquiales propiedad de la iglesia. Y que la Conselleria de Educación, cultura... ha adjudicado 1,8 millones para lo mismo, en el mismo periodo de tiempo. En total, 3 millones de euros en un año para adecentar edificios eclesiásticos.
Desde sustituciones de cubiertas hasta la reparación de fachadas, pasando por la restauración de la pintura o la recolocación de azulejos. Dinero de todos y de todas para la iglesia, en un momento en el que los obispos declaran que las diócesis españolas tuvieron el año pasado un superávit de más de 133 millones de euros.
Esta organización religiosa ha registrado a su nombre más de 100.000 inmuebles en el Estado español desde 1946 sin aportar más documento probatorio que la palabra (por escrito) del obispo de turno. Ninguna institución estatal ha cuestionado esta forma de proceder de la iglesia, que tuvo despejado el camino para apropiarse de lo que le vino en gana hasta 2015. Y para colmo, las instituciones públicas se hacen cargo del mantenimiento y la reparación de esas propiedades.
La iglesia se ha apropiado de los inmuebles por su "derecho divino" y encima los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos la rehabilitación de dichos inmuebles. Desde luego, si en lugar de la iglesia, estuviéramos hablando de una asociación de otro signo, nos echaríamos las manos a la cabeza. Para mayor sorna, los obispos tienen dinero de sobra para pagar las reparaciones de esos inmuebles. Pero prefieren poner a "trabajar" los 133 millones de euros de superávit para seguir engordando su fortuna.
Con esto quedan perfectamente retratados todos los implicados. Los obispos muestran una voracidad insaciable hacia todo aquello que tenga algún valor. No se cansan de seguir acumulando propiedades, dinero, lo que sea. Por otro lado, las Instituciones valencianas (igual que las estatales) muestran una sumisión total a los dictados de la iglesia y por eso costean el mantenimiento de los inmuebles de los que se ha apropiado esta organización religiosa.
Y todo esto con dinero público, con nuestro dinero. No solo no reclaman la devolución de las propiedades inmatriculadas sino que encima les subvencionan los gastos que les ocasionan. ¡El colmo!.
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