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Sumar: punta de lanza del Gobierno “progresista” contra el derecho a decidir en Catalunya
Primero con una vergonzosa propuesta de amnistía en la que se incluyera a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ahora, reclamando a Junts el rechazo a la “propuesta unilateral”.
Yolanda Díaz se está erigiendo en las últimas semanas como la punta de lanza del Gobierno “progresista” contra el derecho a decidir de Catalunya. Primero con una vergonzosa propuesta de amnistía en la que se incluyera a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ahora, reclamando a Junts el rechazo a la “propuesta unilateral”. Puigdemont, por su parte, mantiene la receta infructuosa de 2017.
No tan siquiera se puede decir que Yolanda Díaz, y su formación Sumar, estén reeditando el rol de muleta de izquierda del Gobierno como hiciera en la pasada legislatura Unidas Podemos, que tragó “sapos” hasta un empachó que les dejó muy mal parados en la nueva coalición de Díaz. No, “ni tan siquiera” eso, porque lo que están haciendo Yolanda Díaz y los suyos es ponerse directamente a la cabeza de la negación del derecho a decidir del pueblo catalán.
Para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, la integración en el Régimen español de su formación no supone ningún tipo de contradicción ni problema, como en algunos capítulos podría haber parecido a Unidas Podemos, cuando se empantanaba en algunos temas. Por ello, en el tema de debate central de estas semanas previas a la investidura, ella y su formación están siendo la punta de lanza del gobierno “progresista” para solicitar la renuncia del derecho a decidir del pueblo catalán.
Primero con una vergonzosa propuesta de amnistía que debería incluir también a las Fuerzas de Seguridad del Estado, aquellas que reprimieron con dureza el 1 de Octubre y que durante todos estos años han sido brazo ejecutor de la represión a miles de activistas y luchadoras.
Y además, la supedita a una fórmula enrevesada, sin fechas, ni tan siquiera con garantía de efectividad. Para Yolanda Díaz, la amnistía debe llegar después de un “amplio donde debe estar la sociedad civil, las fuerzas políticas y organizaciones sindicales y empresariales, que culminaría con una Ley que nos permita avanzar.” No deja claro hacía donde se produce este avance, pero sin duda al castigo de los represores y a amnistiar a los represaliados, no.
No se queda aquí la mediación de “policía bueno” que están realizando Sumar, sino que van más allá, y ya apuntan directamente contra la segunda de las peticiones centrales de Junts para dar su apoyo: el referéndum.
Si bien es cierto que desde el gobierno “progresista” se podría encontrar algún tipo de amnistía recortada y descafeinada, que nada tiene que ver con el anhelo de amnistía del pueblo catalán, la cuestión del referéndum si que es una línea roja que no permite atajos ni medias tintas. Y aquí, como no podía ser de otra manera, ni PSOE ni Sumar la van a cruzar.
Era algo que no podía coger por sorpresa a nadie, de hecho ya para en el programa electoral del 23J, Sumar renunciaba ya a la celebración de un referéndum pactado. Es decir, se renunciaba incluso a algo que era imposible que pasara.
Pero ahora, pasada la jornada electoral del 23J y antes de la fallida investidura de Feijóo, Yolanda Díaz ha pedido a Puigdemont que abandone la vía de la unilateralidad y que guarde “la carta de otro Procés”. ¿Qué es esto en la práctica? La negación rotunda del derecho a decidir del pueblo catalán su relación con el Estado (y por extensión a cualquiera de las nacionalidades del Estado a seguir ese camino).
La vicepresidenta habla de diálogo pero no permite urnas ni las permitirá. Y no solo por pedir que se abandone la unilateralidad, sino porque cualquier camino constitucional hacía ese referéndum es, literalmente, una quimera.
El procedimiento previsto sería, por resumirlo sucintamente, que esta petición de referéndum sea aprobada por ⅔ partes del Congreso y del Senado; que se proceda inmediatamente a la disolución de las Cámaras y se convoquen elecciones; la celebración de las eleccione sy la constitución de las Cámaras; ratificación de la decisión y la elaboración de un nuevo texto constitucional que deba ser aprobado por ⅔ partes de las Cámaras; por último, ser sometida a ratificación popular mediante referéndum.
Es decir, una auténtica película de ciencia ficción. Pero si la propuesta de Yolanda Díaz es la negación del derecho a decidir del pueblo catalán, no lo es menos la propuesta de Puigdemont, aunque por otra vía.
El ex president mantiene como receta los mismos ingredientes que en 2017. ¿No se proclamó ya en 2017 la DUI y duró segundos? ¿Por qué sería diferente ahora? Evidentemente no hay razón para pensar un resultado distinto, más bien razones para pensar que el resultado sería el mismo, o inclusive más devastador.
Durante aquel periodo previo a 2017 y los meses posteriores al referéndum, un gran movimiento social se despertó en Catalunya, tomando las calles y estando a la cabeza de la demanda por el derecho a decidir. Pero Junts, junto a ERC como direcciones políticas del procés, optó por una vía muerta, de “jugadas maestras”, salvavidas europeos o benevolencias imposibles del Régimen del 78. Nada de eso llegó, como era de esperar. Lo que llegó fue la retirada total de los líderes del procés y el abandono de la lucha por el derecho a decidir, que hoy se expresa con un reflujo del movimiento por el derecho a decidir en las calles.
¿Cómo se puede evitar entonces caer nuevamente en una espiral circular que vuelva a reproducir lo sucedido en 2017? Romper el corsé que pusieron a las movilizaciones y a la organización aquel 2017. Hay que poner nuevamente en pie un gran movimiento social, independientemente de los partidos “procesistas” (hoy autonomistas nuevamente, más allá de sus discursos).
Un gran movimiento que pelee por la amnistía total de los represaliadxs políticxs, por el derecho a decidir del pueblo catalán y del resto de nacionalidades del Estado que así lo expresen. Un movimiento que imponga el castigo a los represores e infiltrados en movimientos sociales. Que ponga sobre la mesa grandes cuestiones sociales, como el derecho al acceso a la vivienda o la eliminación de las leyes racistas del Estado español, entre otras. En definitiva, un gran proceso de movilización que abra procesos constituyentes para que podamos decidir absolutamente todo y que interpele a todos los colectivos que hoy sufren las leyes de este Régimen podrido.
En Catalunya, como en el resto del Estado, es hora de no regalar la iniciativa a los viejos vendedores de humo, ni a los de Waterloo ni a los de Moncloa, ni mucho menos regalarle la calle a la derecha para que despliegue su ofensiva reaccionaria en clave anticatalana. Es urgente poner en pie un gran movimiento en todo el Estado que vuelva a poner en jaque al Régimen del 78.
