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Sumar y su amnistía de “reconciliación”: impunidad policial y punto final a la autodeterminación
El respeto a la Constitución, la impunidad policial y la amnistía recortada para independentistas marcan su hoja de ruta para cerrar el conflicto catalán.
En el Ateneu Barcelonés, la plataforma de Yolanda Díaz hacía público este martes sus bases para la negociación de la amnistía. El respeto a la Constitución, la impunidad policial y la amnistía recortada para independentistas marcan su hoja de ruta para cerrar el conflicto catalán.
Este pasado martes Sumar presentó en el Ateneu Barcelonés su propuesta para una posible Ley de Amnistía. El dictamen habría sido encargado a un grupo de expertos, que defienden su encaje constitucional, y buscaría desjudicializar el proceso catalán.
Jaume Asens, por parte de los Comuns, junto a Yolanda Díaz, estuvieron presentes en el acto, así como Joaquim Forn – exconseller de Interior y dirigente de Junts – como miembro de la directiva de Omnium Cultural. El partido de Puigdemont ha valorado positivamente la propuesta, mientras que ERC – ausente en el día de ayer – se ha posicionado críticamente. Por su parte, el PSOE reafirma que se separa y deja clara que no es su propuesta. Así, desde Sumar pretenden que este documento sirva de punto de partida para debatir sobre la posible futura ley en cuestión.
¿Una ley de “reconciliación”…
La voluntad de “reconciliación” es el rasgo más destacable de la proposición. Bajo este argumento se propone amnistiar tanto a la mayor parte de los policías que cargaron en el referéndum y en otras movilizaciones del movimiento democrático catalán, como a los independentistas condenados o encausados por participar en ellas.
Esa “reconciliación” supone poner al mismo nivel a los policías que cargaron brutalmente y los manifestantes que sufrieron aquella brutalidad. Un "espíritu" inspirado en la Ley de Amnistía de 1977, que dejó libres a los presos y presas antifranquistas, a la vez que sellaba la impunidad para todos los crímenes de la Dictadura.
El periodo abarcaría desde el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de agosto de 2023 y comprendería “todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Catalunya”. Los delitos contra la Constitución, la administración de justicia, el orden público y la administración pública estarían incluidos, mientras que la corrupción quedaría fuera.
En lo referido al Estado, la represión policial del 1 de octubre y las lesiones producidas en las protestas en el marco del independentismo quedarían impunes. De acuerdo con el derecho internacional, sí se excluirían de la amnistía las acciones “susceptibles de ser calificadas de delitos de tortura y contra la integridad moral o detenciones ilegales de autoridad o funcionario público”.
El catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-la Mancha, Nicolás García Rivas, ha sido el responsable de coordinar el grupo de expertos y presentar la propuesta. García defendió que se conseguiría un “momento de paz tras mucho conflicto político”. En la misma línea, los autores señalan un momento de “quiebra institucional” producido conlos recortes del Estatut en 2010 por parte del Tribunal Constitucional, que desembocó en el crecimiento del movimiento independentista y en una etapa “punitivista” por parte del Estado a raíz del referéndum de 2017. Sin embargo, García apuntó que se abrió “otra línea diferente, descriminalizadora” con hechos como la reciente reforma del Código Penal o los indultos a los líderes del procés después de la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.
Por su parte, Jaume Asens afirmó que esta amnistía “tiene que servir también para encontrar una carta de navegación o hoja de ruta conjunta, que nos permita dejar atrás una etapa donde ha habido golpes de porra, prisión, unilateralidad y fracaso del diálogo”. Además, el negociador de Sumar remarcó que “no nos podemos permitir dar una segunda oportunidad para llegar al gobierno a la derecha y a la extrema derecha” en una clara presión para que Junts y ERC den su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura.
… o una ley de punto final?
Por si la impunidad policial fuera poco, la amnistía negociada por arriba dejaría fuera cientos de activistas independentistas, en particular aquellos que son víctimas de acusaciones de terrorismo y otros montajes judiciales y policiales. Hace falta recordar que son más de 4.000 las personas encausadas por participar en el movimiento democrático catalán, perseguidas por el Estado y la propia Generalitat que actúa de acusación particular en numerosos juicios contra activistas.
La propuesta de Yolanda Díaz excluye también a los y las represaliadas por participar en otras causas sociales como el movimiento de la vivienda, el ecologista o trabajadores con causas abiertas por protestas durante piquetes y huelgas. No se podía esperar otra cosa del lado “progresista” del gobierno que ha permitido el desahucio de miles de familias y enviado las tanquetas a Cádiz para reprimir a los huelguístas, con el secretario general del PCE pidiéndoles confianza.
Las personas perseguidas por las leyes de extranjería y encarceladas en los CIEs son las otras grandes ausentes. Sin embargo, tampoco es ninguna sorpresa por parte de quienes forman parte del gobierno que ha asesinado a decenas de inmigrantes en la frontera y pactado con la dictadura de Mohammed VI para que actúe de gendarme contra quienes huyen del hambre y la miseria.
La iniciativa de Sumar respaldada por Asens y las organizaciones que forman parte de la coalición – incluida Podemos – es la de poner punto final a la lucha por la autodeterminación de Catalunya. Eso quería decir Yolanda Díaz cuando hablaba de renunciar a la “unilateralidad” en caso de llegar a un pacto. La nueva plataforma “progresista” sigue el mismo camino marcado por los Comunes y Podemos durante el procés, cuando votaban con la derecha en el Parlament y Pablo Iglesias llamaba a acatar la sentencia de 2019, mientras Sánchez, Junts y ERC reprimían las protestas.
La mano dura del PP y Vox o el relato conciliador del PSOE-Sumar busca el mismo objetivo: acabar con el movimiento democrático catalán. De hecho, la represión contra las protestas de 2019, el encarcelamiento de Hasél o las infiltraciones policiales han tenido poco que envidiarle a la derecha.
Ahora, las palabras de Jaume Asens sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a la derecha en nuevas elecciones abren la puerta culpabilizar del avance españolista a todos a aquellos y aquellas que defendemos la autodeterminación y una amnistía total sin policías. Casi parece que se inspirara en la cita de Iglesias de 2017, cuando acusaba al independentismo de “contribuir a despertar el fantasma del fascismo”. Pero los que le han abierto a la puerta a la derecha son ellos aplicando su agenda.
A su vez, ERC y Junts han demostrado sobradamente ser contrarios a estas demandas. Primero controlaron el movimiento democrático catalán para evitar discutir del contenido social que pudiera atentar contra sus intereses de clases. Después se pusieron a la cabeza de la represión junto al Estado y, durante todo este tiempo, han seguido gobernando para la patronal catalana mientras reprimían la protesta social con los Mossos d’Esquadra.
Frente a su chantaje y negociaciones por arriba, es momento de movilizarse en todo el Estado por una amnistía para todos los luchadores y luchadoras, así como las personas criminalizadas por las leyes de extranjería. Ni olvidamos ni perdonamos. Su amnistía es para mantenerlo “atado y bien atado” igual que la de 1977. Por eso, luchamos por imponer castigo a los represores del 1-O y el resto de los responsables de la brutalidad policial ejercida contra quienes plantamos cara a este sistema. Seguiremos peleando por la autodeterminación de Catalunya y el resto de los pueblos del Estado de manera independiente a la burguesía (por mucho que se diga independentista).
Con ese contenido celebramos el acto de Esquerra Diari junto a Contracorrent, Pa i Roses y la CRT en el campus de la UB del Raval con la participación de sindicalistas, represaliados, estudiantes y ecologistas. Porque la represión contra Catalunya ha sido la punta de lanza para endurecer la represión contra activistas, obreros e inmigrantes. Es hora de que los sindicatos y los movimientos sociales tomen en sus manos esta agenda y llamen a movilizarse por ella con toda la fuerza de la clase trabajadora unida con los estudiantes, el movimiento de mujeres y el resto de los movimientos sociales.
