Vecinos y centros sociales resisten a la ofensiva de desahucios en el País Valencià

Por la cultura comunitaria y un barrio combativo, paremos el desalojo; es la consigna incluida en el cartel que convocó ayer 21 de septiembre a una manifestación en defensa de Cals Frares, que recorrió el centro de la ciudad de Alcoi (59.500 habitantes, Alicante); hubo una concentración -en la puerta de este espacio-, para evitar la expulsión, además de talleres, conciertos y diferentes actividades a lo largo del mes.

"Se trata del cuarto intento de desahucio al que nos enfrentamos desde que la Sareb adquirió la propiedad del edificio", informó el Centre Social Okupat i Anarquista (CSOA) Cals Frares; la resistencia popular impidió el desalojamiento en las tres ocasiones anteriores; conocida como Banco malo, la Sareb se constituyó en 2012 tras la crisis inmobiliaria; el Estado español, a través del FROB, controla más del 50% del capital de Sareb.

Desde 2007 en el CSOA se desarrollan actividades políticas, sociales y culturales; el centro social está emplazado en el barrio alcoyano de El Partidor, "especialmente afectado por la degradación urbanística y la especulación".

Otro local en riesgo de desalojo es el Casal Popular La Trinxera, donde despliega su actividad -desde marzo de 2022- el Sindicat d'Habitatge del barrio de Montolivet, en Valencia; el Sindicat convocó a la resistencia el pasado 16 de septiembre; "la empresa propietaria, Lesan Consultancy SL, quiere recuperar el inmueble para crear más bajos turísticos", difundieron en las redes sociales.

Finalmente se consiguió paralizar la expulsión hasta el 26 de septiembre; entre las iniciativas del Sindicat en la sede de Montolivet (calle Atzeneta número 1) se incluyen, además de las asambleas, redes de alimentos o gimnasios.

La asamblea forma parte del Sindicat d'Habitatge de València, que reivindica el derecho a la vivienda -universal, gratuita y de calidad-, frente a la problemática de los alquileres, las hipotecas y la turistificación. Además de Montolivet, el Síndicat está organizado en los barrios de Malilla, el Cabanyal, Orriols y en el municipio de Burjassot.

"Despliegue (policial) totalmente desproporcionado para dejar en la calle a una familia sin alternativa habitacional en pleno centro (histórico) de Valencia, denunció el 3 de septiembre el Sindicat d'Habitatge; el mensaje estaba dirigido a la Generalitat (controlada por el PP) y señalaba la complicidad de la Delegación del Gobierno, en manos del PSOE.

La movilización contra el desahucio tuvo lugar en un inmueble de la calle Caixers-2, en concreto en las puertas 6 y 1; en la vivienda del número 1, subrayaba el comunicado de Ca La Caixeta, vivían una mujer y su hijo menor de edad; en el caso de la puerta 6, era la segunda vez que el Juzgado de Instrucción Número 17 de Valencia ordenaba la ejecución del desahucio.

¿En qué contexto se afrontaba la acción de la calle Caixers? "El año 2019 la empresa Good Capital SL desalojó a la mayoría de las vecinas (...); aunque no se pudo evitar las expulsiones, las protestas sociales paralizaron la conversión del edificio en apartamentos turísticos de lujo, tal y como el fondo buitre pretende".

En la parte baja del edificio se desarrolla el proyecto social, a partir de tres principios: el anarquismo, la autogestión y los autocuidados.

Tal vez algunas de las claves, para comprender la ofensiva de desahucios, estén en el reporte publicado -en enero de 2024- por el portal de investigación periodística Civio; así, Ter García, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda detallan que 19.005 viviendas alquiladas en el País Valenciano tienen como caseros a grandes tenedores (más de 50 alquileres).

A partir de los datos facilitados por la Conselleria de Hacienda, los investigadores destacan que las 19.005 viviendas representan cerca del 14% de las 136.332 viviendas alquiladas -con fianza depositada- en el País Valenciano (datos de junio de 2023).

Además de dos organismos públicos (de la Generalitat Valenciana), entre los megatenedores se hallan CaixaBank, el Banco Sabadell, Banco Santander; y tres fondos de inversión estadounidenses: Cerberus, Blackstone y TPG Capital, a los que se añaden la Sareb y otro fondo, CBRE, a través de Nestar Residencial.

Información complementaria es la aportada por otras entidades, como la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valencial (ASICVAL); en un estudio -difundido en julio 2024- apuntan que el 57% de los alquileres de vivienda en el País Valenciano requieren los ingresos de más de una persona para afrontar la renta mensual.

Prueba de la escasa capacidad económica para alquilar está en la relación entre la demanda y los precios; según las inmobiliarias valencianas, concluye el informe de ASICVAL, el precio más demandado para una vivienda de alquiler es de poco más de 700 euros mensuales de promedio; sin embargo, en las capitales y los municipios con población superior a 50.000 habitantes, las rentas no superan a menudo los 900 euros.

La población más joven es la que se está viendo más perjudicada, destaca la presidenta de ASICVAL, Nora García Donet; de hecho, "para una persona que gana 1.200 euros mensuales, e incluso 1.500 euros, el alquiler resulta inasumible", añade la dirigente de la asociación empresarial, de la que forman parte más de 400 agencias inmobiliarias del País Valenciano.

En el barrio popular de Torrefiel, emplazado en la zona norte de Valencia, se acelera la transformación de bajos en alojamientos turísticos; puede apreciarse -actualmente- en calles como Berni i Català; en el número 6 de esta vía urbana, el Sindicat d'Habitatge de València alertó -el pasado 31 de julio- sobre el desahucio "ilegal" de un bloque de viviendas donde residían 14 familias.

A través de vídeos y fotografías en las redes sociales, los activistas dieron cuenta de la notable presencia policial ("militarizan un barrio para dejar en la calle a 14 familias"); el desalojo respondía a los intereses de un "gran tenedor", Real Mican S.L; el día anterior el Sindicat convocó a la resistencia contra el desahucio de María y Antonio, que llevaban viviendo más de 13 años en la calle Anna número 6, también de Torrefiel; dos fondos buitre, Lone Star y Gramina Homes SL. instaron a la expulsión.

Rebelión