Amnistía Internacional acusa a España de vulnerar los derechos humanos en Catalunya

España habría vulnerado reiteradamente derechos humanos básicos durante el último año en Catalunya en el marco del proceso independentista. Así lo detalla el informe anual de Amnistía Internacional publicado este jueves a nivel mundial, que recoge las principales preocupaciones de la organización. El capítulo del documento que habla de la situación en España está dedicado en gran parte a las infracciones de derechos dentro y fuera de Catalunya relacionadas con el procés. Sin embargo, el tema que ha levantado más polémicas para la ONG en los últimos meses continúa como estaba: nada de hablar de "presos políticos". El documento relata el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart con una única critica a la acusación de sedición por ser un "delito definido de manera muy general". A eso, la sección catalana de la organización añade que la prisión provisional es "desproporcionada".   En este contexto, también encuentran desproporcionada la restricción del derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica que se han llevado a cabo, especialmente, después de la suspensión del referéndum por parte del TC. La organización, sin embargo, evita señalar en todo momento a los responsables de esta vulneración de los derechos y lo atribuyen a "algunas autoridades". Lo que sí concretan son las ciudades donde tuvo lugar. Citan los casos de Madrid y Vitoria, donde se prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum. En las dos ocasiones, los actos fueron suspendidos por decisión judicial a petición del PP. El otro caso es el del ayuntamiento de Castelldefels que prohibió todos los actos -tanto a favor como en contra- relacionados con el referéndum en espacios públicos.

1-O: Uso excesivo de la fuerza

El informe también relata desde su perspectiva las cargas policiales del 1 de octubre en los colegios electorales. Habla de un uso de la fuerza "excesivo contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica" delante de unos "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". Sorprende que el informe hable de "manifestantes" y de "las protestas del 1 de octubre" para referirse a las personas que participaban en el referéndum de independencia. El uso de balas de fogueo y de pelotas de goma también aparece y se recuerda el caso de Roger Español, quien resultó herido de gravedad y perdió la visión de un ojo durante las cargas policiales en Barcelona. En cuanto a los tribunales, ponen el foco en las veinte personas condenadas por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas por mensajes publicados en redes sociales. En este caso, sí dejan claro que los cargos presentados por las autoridades eran contra "personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo", sino que se enmarcaban dentro de la libertad de expresión.

Impunidad histórica

El informe acusa en el Estado de cerrar investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, alegando a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos. Critican la impunidad de la que disfrutan a sus autores, sin adoptar medidas para localizar los restos de víctimas "de desaparición forzada y ejecución extrajudicial", además de dejar a sus familias sin el apoyo del Estado. La organización aprovecha para reprochar a España su poca acción en lo que se refiere a acogida de refugiados y solicitantes de asilo, ya que no ha cumplido con el número que se había comprometido a reubicar en el marco del programa europeo. Por último, critican la continuidad de los desalojos forzosos "que afectaron a miles de personas".