Nacionales PP.Catalans :: 06/12/2013
[Cat/Cast] La CUP rebutja l’espiral repressiva de la Llei de Seguretat Ciutadana espanyola
La izquierda independentista recuerda que desde el gobierno de CiU también se ha exigido el endurecimiento de la ley para perseguir la disidencia política
Catalan
L’esquerra independentista recorda que des del govern de CiU també s’ha exigit constantment l’enduriment de la llei per perseguir la dissidència política.
Davant l’anunci del govern espanyol de reformar la Llei Orgànica 1/1992 de Seguretat Ciutadana per introduir-hi un enduriment de les sancions i nous tipus d’infracció, des de la CUP volem mostrar el nostre absolut rebuig a qualsevol intent d’avançar en l’espiral repressiu del govern. Aquesta normativa ja ha estat àmpliament utilitzada per perseguir a la dissidència els darrers anys: la primavera valenciana, antifeixistes de Barcelona i Salt, el 15M, les protestes a l’Hospital del Mar, mobilitzacions en el marc de les vagues generals, estudiants de la UAB i fins i tot diverses associacions de veïns són alguns dels exemples de l’ús polític repressiu d’aquesta norma.
Així mateix, volem denunciar que aquesta reforma no és una iniciativa únicament del Ministre de l’Interior, sinó que des del govern de CiU i especialment el Conseller Espadaler s’ha exigit constantment l’enduriment de la llei per perseguir la dissidència política. No en va, el Departament d’Interior ha estat pioner en l’espiral repressiu per via administrativa, cosint a multes a centenars d’activistes per participar en mobilitzacions al carrer.
La reforma d’aquesta llei va directament lligada amb l’enduriment paral·lel del Codi Penal que també ha anunciat el govern espanyol. La supressió de les faltes suposa traslladar aquestes infraccions penals o bé a delictes, amb penes molt més altes, o a sancions administratives. Amb aquest canvi s’obliga als ciutadans sancionats a ser ells qui recorrin a la justícia per a la tutela dels seus drets, amb el cost que això suposa especialment des de l’aprovació de les taxes Gallardón. D’altra banda, la sanció administrativa és profundament classista, ja que no té en compte la capacitat econòmica de la persona, quelcom que si que preveu el sistema de penes multa del Codi Penal.
En un altre ordre, la reforma de la llei és un nou pas en la recentralització de l’estat i de les competències, especialment en detriment dels ens locals. Es suprimeix de l’àmbit d’aplicació de la norma tota referència als ens locals, en un nou intent de buidar de l’autonomia local i del marc competencial del que fins ara han disposat.
Finalment, ens oposem i ens oposarem a qualsevol enduriment de les normes i polítiques repressives, i exigim la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana. Des de la CUP promourem i practicarem la insubmissió a aquesta i a totes les lleis que pretenguin reprimir la dissidència política, perquè davant una llei injusta tenim el dret, i el deure, de desobeir-la.
Castellano
La izquierda independentista recuerda que desde el gobierno de CiU también se ha exigido constantemente el endurecimiento de la ley para perseguir la disidencia política.
Ante el anuncio del gobierno español de reformar la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana para introducir un endurecimiento de las sanciones y nuevos tipos de infracción, desde la CUP queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a cualquier intento de avanzar en la espiral represivo del gobierno. Esta normativa ya ha sido ampliamente utilizada para perseguir a la disidencia los últimos años: la primavera valenciana, antifascistas de Barcelona y Salto, el 15M, las protestas en el Hospital del Mar, movilizaciones en el marco de las huelgas generales, estudiantes de la UAB e incluso varias asociaciones de vecinos son algunos de los ejemplos del uso político represivo de esta norma.
Así mismo, queremos denunciar que esta reforma no es una iniciativa únicamente del Ministro del Interior, sino que desde el gobierno de CiU y especialmente el Consejero Espadaler se ha exigido constantemente el endurecimiento de la ley para perseguir la disidencia política. No va, el Departamento de Interior ha sido pionero en la espiral represivo por vía administrativa, cosiendo a multas a centenares de activistas para participar en movilizaciones a la calle.
La reforma de esta ley va directamente ligada con el endurecimiento paralelo del Código Penal que también ha anunciado el gobierno español. La supresión de las faltas supone trasladar estas infracciones penales o bien a delitos, con penas mucho más altas, o a sanciones administrativas. Con este cambio se obliga a los ciudadanos sancionados a ser ellos quienes recurran a la justicia para la tutela de sus derechos, con el coste que esto supone especialmente desde la aprobación de las tasas Gallardón. Por otro lado, la sanción administrativa es profundamente clasista, puesto que no tiene en cuenta la capacidad económica de la persona, algo que si que prevé el sistema de penas multa del Código Penal.
En otro orden, la reforma de la ley es un nuevo paso en la recentralización del estado y de las competencias, especialmente en detrimento de los entes locales. Se suprime del ámbito de aplicación de la norma toda referencia a los entes locales, en un nuevo intento de vaciar de la autonomía local y del marco competencial del que hasta ahora han dispuesto.
Finalmente, nos oponemos y nos opondremos a cualquier endurecimiento de las normas y políticas represivas, y exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la CUP promoveremos y practicaremos la insumisión a esta y a todas las leyes que pretendan reprimir la disidencia política, porque ante una ley injusta tenemos el derecho, y el deber, de desobedecerla.
Castellano
La izquierda independentista recuerda que desde el gobierno de CiU también se ha exigido constantemente el endurecimiento de la ley para perseguir la disidencia política.
Ante el anuncio del gobierno español de reformar la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana para introducir un endurecimiento de las sanciones y nuevos tipos de infracción, desde la CUP queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a cualquier intento de avanzar en la espiral represivo del gobierno. Esta normativa ya ha sido ampliamente utilizada para perseguir a la disidencia los últimos años: la primavera valenciana, antifascistas de Barcelona y Salto, el 15M, las protestas en el Hospital del Mar, movilizaciones en el marco de las huelgas generales, estudiantes de la UAB e incluso varias asociaciones de vecinos son algunos de los ejemplos del uso político represivo de esta norma.
Así mismo, queremos denunciar que esta reforma no es una iniciativa únicamente del Ministro del Interior, sino que desde el gobierno de CiU y especialmente el Consejero Espadaler se ha exigido constantemente el endurecimiento de la ley para perseguir la disidencia política. No va, el Departamento de Interior ha sido pionero en la espiral represivo por vía administrativa, cosiendo a multas a centenares de activistas para participar en movilizaciones a la calle.
La reforma de esta ley va directamente ligada con el endurecimiento paralelo del Código Penal que también ha anunciado el gobierno español. La supresión de las faltas supone trasladar estas infracciones penales o bien a delitos, con penas mucho más altas, o a sanciones administrativas. Con este cambio se obliga a los ciudadanos sancionados a ser ellos quienes recurran a la justicia para la tutela de sus derechos, con el coste que esto supone especialmente desde la aprobación de las tasas Gallardón. Por otro lado, la sanción administrativa es profundamente clasista, puesto que no tiene en cuenta la capacidad económica de la persona, algo que si que prevé el sistema de penas multa del Código Penal.
En otro orden, la reforma de la ley es un nuevo paso en la recentralización del estado y de las competencias, especialmente en detrimento de los entes locales. Se suprime del ámbito de aplicación de la norma toda referencia a los entes locales, en un nuevo intento de vaciar de la autonomía local y del marco competencial del que hasta ahora han dispuesto.
Finalmente, nos oponemos y nos opondremos a cualquier endurecimiento de las normas y políticas represivas, y exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde la CUP promoveremos y practicaremos la insumisión a esta y a todas las leyes que pretendan reprimir la disidencia política, porque ante una ley injusta tenemos el derecho, y el deber, de desobedecerla.






