CUP: amnistía, derecho a decidir y "nueva institucionalidad"

La CUP convocó ayer un encuentro de cargos electos en la que salió aprobada la que ya se conoce como La Declaración de Sants. Una propuesta política para el movimiento democrático catalán que reemergió con fuerza tras la publicación de la sentencia el pasado lunes 14 de octubre.

La CUP toma así la delantera ante una dirección procesista totalmente dividida y desorientada. ERC y JxCat se encuentran en una encrucijada. De un lado, las amenazas del Estado que no cesan. Hoy mismo, el president del Parlament, Roger Torrent, ha pasado a estar en la mira del Constitucional por la aceptación por parte de la Mesa una resolución a favor del derecho de autodeterminación. Del otro, una movilización que cada día cuestiona más la estrategia procesista ya fracasada en 2017, el retorno a la gestión de la autonomía y su ubicación como un engranaje más del nuevo marco represivo que impone la sentencia como estamos viendo estos días.

Todo esto deja la pelota en otro tejado distinto al que acostumbraba estar en toda la etapa anterior. Hoy, la oportunidad y la responsabilidad que tiene la izquierda independentista para construir una hoja de ruta alternativa, que pueda servir para dar una salida por izquierda a la crisis catalana, es capital. La situación ha dado un salto con la aparición de una nueva generación, la que ha roto con el pacifismo que no sirve para enfrentar la represión policial, la que no obedece los llamamientos a la calma o a “volver a casa”, la que silva a quienes vienen insistiendo en que el PSOE es el “mal menor” con quien hay que pactar, la que no se referencia ni en el Govern ni en sus partidos que aplican políticas que les precarizan la vida...

La Declaración de Sants parte de una denuncia completa de la escalada represiva contra el independentismo y los derechos democráticos fundamentales. Esta incluye tanto las penas impuestas por el Supremo, operaciones como la del 23S, las más de 1.000 personas procesadas durante estos dos años o toda al violencia policial, detenciones y nuevos encarcelamientos preventivos -28 personas por el momento- ocurridos en esta semana, y de los que el Govern es totalmente corresponsable. Se hacía por eso necesario incluir también la demanda de “Buch Dimisión” que es coreada en las manifestaciones, además de la ya incluida de “BRIMO Disolución”.

Un punto interesante es cuando se refiere al “agotamiento y la incapacidad de las instituciones políticas estatales -por falta de voluntad política- y autonómicas -por las constantes prohibiciones y amenazas que pesan sobre ellas- para resolver esta situación en un escenario de plenas garantías democráticas, de ausencia de represión y pleno respeto de la voluntad popular”.

Si hay algo evidente es que el Régimen del 78 está dispuesto a elevar el grado de represión y autoritarismo para seguir negando cualquier posibilidad de ejercicio del derecho a decidir, y que en esta escalada derechos fundamentales como el de manifestación, asociación o libertad de expresión quedan brutalmente atropellados. Lo novedoso respecto a los cánones del “procesisme” es que ahora se habla también de la bancarrota de las instituciones autonómicas, totalmente intervenidas por el Estado, y añadiríamos, por la política de entrega sin resistencia practicada tanto por ERC como por el PDeCAT y JxCat desde 2017.

La CUP ha sostenido históricamente la línea de combinar la movilización social y la desobediencia institucional. Un binomio que planteado en el marco del “procesisme” -del que fue parte como su ala izquierda hasta al menos el 27-O- terminaba supeditando el primer factor a la dirección y la voluntad de desobediencia u obediencia de quienes llevan controlando la institucionalidad autonómica desde 1980, los partidos de la burguesía y pequeñoburguesía catalana, que aplicaron políticas neoliberales durante décadas.

Hoy la CUP habla abiertamente de la necesidad de sustituir esta vieja institucionalidad hija del Estado de las Autonomías -los virreinatos del Régimen del 78- por una “nueva institucionalidad”. En La Declaración de Sants se exhorta a trabajar para ponerla en pié a los cargos públicos de todos los Païssos Catalans dispuestos a defender varios puntos democráticos elementales: la retirada de las fuerzas policiales estatales y la disolución de la BRIMO, la amnistía, el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación y la defensa de que las instituciones catalanas puedan aprobar políticas sociales y económicas sin veto alguno de ninguna institución superior.

Hace pues un llamamiento, aunque no explícito, a un momento o proceso constituyente. Una idea que estuvo muy presente en 2017, tanto como motor de participación en el 1 y 3 de octubre, como en las semanas posteriores. La reivindicación de la república, siempre tuvo para cientos de miles un contenido de oportunidad para redefinir democráticamente otras grandes cuestiones sociales. Hacía ahí se dirigía justamente la consigna de la CUP de “canviar-ho tot” (cambiarlo todo).

En 2019 no es diferente. El levantamiento que estamos viendo en estos días, con movilizaciones de masas, acciones más radicalizadas, la importante jornada de huelga general del viernes y el resurgir del movimiento estudiantil, expresa que las aspiraciones no son solo defensivas. Sobre todo en la nueva generación que está a la cabeza de la resistencia a la violencia policial -y también en muchos otros sectores que comprenden o simpatizan con ella- hay una voluntad de romper con un régimen en degeneración autoritaria, pero también que condena a la precariedad laboral y vital a la inmensa mayoría de la juventud, la clase trabajadora y los sectores populares.

Lo que no dice La Declaración de Sants es justamente cuál es la estrategia, o la “hoja de ruta” si tomamos el léxico del movimiento, para que un proceso constituyente de este tipo pudiera realmente efectivizarse. El foro del encuentro de cargos públicos no era tampoco el que la debería definir. Se trató más bien de una iniciativa desde su trabajo institucional -sobre todo municipal- para promover un pronunciamiento político democrático, defensivo y de apoyo general a la movilización. Lo mismo que el llamamiento a una mesa internacional conformada por cargos electos, organizaciones de derechos humanos y civiles, que apoyen la consecución de la amnistía y el derecho a la autodeterminación.

Pero la situación que estamos viviendo hace aún más urgente y necesaria desarrollar instancias que agrupen a los sectores que están a la cabeza del cuestionamiento el procesisme, como esa nueva generación de la que todo el mundo habla. El desarrollo de la movilización social y la autoorganización será la clave para conseguir imponer las demandas del movimiento y abrir horizontes de transformación social más profundos.

Como planteábamos recientemente desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT), es urgente que la CUP, junto al resto de la izquierda independentista y anticapitalista, el sindicalismo alternativo, el movimiento estudiantil, los CDR y otras organizaciones de base, desarrollemos las asambleas contra la represión que está proponiendo la CUP “en todos los centros de estudio, de trabajo y barrios, que elijan representantes y se coordinen a nivel local, comarcal y de toda Catalunya, y que se convoque una gran asamblea general en la que poder discutir democráticamente los siguientes pasos y objetivos del movimiento”.

De esta manera las fuerzas sociales que empiezan a expresarse en la calle podrían también hacerlo en definir cómo seguir y a dónde vamos. Y en este marco, la cuestión de qué clase tiene que estar en el centro es fundamental. El desarrollo de la autoorganización en los centros de trabajo es clave, tanto para lograr que lo que vivimos el pasado 18 de octubre no quede en una jornada aislada -como pasó el 3-O- como para que la clase obrera logre hegemonizar esta lucha, y puedan alcanzarse tanto sus demandas democráticas como abrirse el camino a una verdadera transformación social.

Que el movimiento logre el cambio en el punto de qué clase lo hegemoniza y que se desarrolle por abajo mediante organismos de democracia directa, es lo que puede permitir poner en pie las fuerzas sociales necesarias para vencer. Solo con ellas se podría levantar una nueva "institucionalidad democrática" y que, si tomamos la instancia más democráticas dentro de una democracia burguesa, debería ser una asamblea constituyente catalana verdaderamente libre y soberana. Una asamblea que fuera electa en circunscripción única, por todos los residentes mayores de 16 años, en la que sus diputados fueran revocables y que cobrasen el salario medio de una trabajadora. Una asamblea que estuviera capacitada para poder decidir absolutamente todo, sin ninguna cortapisa impuesta por las leyes e instituciones nacionales e internacionales vigentes.

Una asamblea así, que sería lo más cercano a esa "nueva institucionalidad" sin tutelas como la que propone la CUP, debería poder decretar la amnistía, ejercer el derecho a decidir y abordar los graves problemas sociales, pero sin tener que conformarse con las tibias leyes sociales de la Generalitat que el Constitucional ha anulado, sino avanzando con las manos totalmente libres sobre los privilegios de la banca, los grandes tenedores de vivienda y la patronal. Donde se pudiera también plantear, defender y aprobar un programa anticapitalista, con medidas como dejar de pagar la deuda, expropiar las viviendas vacías, acabar con la precariedad o repartir las horas de trabajo para terminar con el desempleo, entre otras urgentes.

Pero un proceso de este tipo solo será posible enfrentando abiertamente el papel de “bomberos” de ERC y JxCat, que son enemigos de que surja una “nueva institucionalidad” obrera y popular, radicalmente democrática -como hemos visto estos días dirigiendo la represión de los Mossos contra los manifestantes-, que cuestione no sólo el poder del Estado sino también la propiedad de los capitalistas.

Si la CUP y la izquierda independentista, junto a otras organizaciones de la izquierda anticapitalista y los sectores de los que puedan estar a la cabeza no solo en la acción sino también en la extracción de conclusiones de todos estos años, levantaran una hoja de ruta sobre estas coordenadas, le podría realmente imprimir un signo muy diferente al movimiento, sumando a amplios sectores obreros y populares que aún están por fuera, y dar pasos en constituir un polo de independencia de clase y anticapitalista. Esto, además, favorecería lograr la confluencia con sectores de la izquierda, la clase trabajadora y la juventud del resto del Estado, no solo en forma de solidaridad democrática, sino para reabrir la lucha por procesos constituyentes impuestos desde la movilización que den una salida desde la clase obrera y los pueblos a la crisis de régimen que quieren cerrar a golpe de giro represivo.

Desde la CRT somos parte de esta gran lucha democrática del pueblo catalán y lo hacemos defendiendo el camino para nosotros más realista para que pueda conquistar todas sus demandas: mediante los métodos de lucha y autoorganización de las clase obrera en alianza con el resto de sectores populares. Una pelea que para nosotros es parte del combate por una república catalana obrera y socialista basada en los organismos de democracia directa que se construyan en esta batalla, en la perspectiva de construir una libre federación de repúblicas de este tipo con el resto de pueblos del Estado. En definitiva creemos que la lucha por imponer procesos constituyentes desde la movilización podría abrir también el camino para que la lucha por la independencia de Catalunya fuera el primer capítulo de la apertura de una situación abiertamente revolucionaria tanto aquí como en el resto del Estado.

https://www.izquierdadiario.es/CUP-amnistia-derecho-a-decidir-y-nueva-institucionalidad-como-podemos-imponer-un-proceso