Detenidos de excepción y heridos por balas de goma

El balance provisional de las protestas ante la sentencia del Procés deja 209 personas detenidas y 623 heridas, cuatro de ellas con ojos reventados por las balas de goma disparadas por la Policía Nacional.

Lunes 14 de octubre, día 1 tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo a los acusados por el Procés: tres detenidos y 131 personas agredidas por Mossos d’Esquadra y Policía Nacional —uno de ellos con un ojo reventado por las balas de goma, cuyo uso había sido prohibido cinco años antes por el Parlament catalán—. Martes 15 de octubre, día dos después de la sentencia: 30 personas detenidas y otras 125 heridas por las cargas policiales. Un día después se sumaron 33 personas detenidas más y otras 80 personas heridas... Y así hasta hoy, cuando las protestas ante la sentencia del Procés han dejado 209 personas detenidas y 623 heridas, cuatro de ellas con ojos reventados por las balas de goma disparadas por la Policía Nacional. De las detenidas, 28 personas han sido enviadas a prisión preventiva. Los cargos: desórdenes públicos, daños materiales y atentado a la autoridad.

“En la gestión del orden público, los dos cuerpos —mossos y policía— están utilizando técnicas muy drásticas y violentas”, explica Benet Salellas, abogado de tres de las personas que han pasado a prisión preventiva. “Pero en el trato a los detenidos, parece que el hecho de que vengan agentes de la Policía Nacional facilita la impunidad”, añade.

Varias de las personas detenidas han denunciado que se les ha acusado de portar objetos como bolas de billar que luego no han aparecido. También que han sido recibidos en comisaría por agentes con pasamontañas y, en algunos casos, han sufrido maltrato y vejaciones por parte de la policía durante su detención y su paso por comisaría. Una de las detenidas ha explicado cómo los agentes le han puesto un cúter en el cuello, amenazando con matarla. En otros casos, han sido castigados de cara a la pared durante horas. “Se ha producido un contexto de regresión absoluta en términos de derechos al que nosotros no estamos nada acostumbrados”, lamenta Salellas.

En los procesos seguidos contra las personas en prisión se repite una misma dinámica. “Es gente que está en prisión preventiva únicamente por los atestados policiales, sin otros elementos como grabaciones que apoyen los cargos contra ellos”, explica Salellas. Son “relatos policiales muy estereotipados y muy genéricos, que se reproducen prácticamente igual en todos los atestados”, resalta el abogado.

“Son rehenes del Estado”, afirma Eduardo Cádiz, abogado de Alerta Solidaria, organización antirrepresiva de la izquierda independentista en Catalunya. Desde esta organización apuntan como objetivo de la entrada en prisión de estas personas “evitar que se produzcan más manifestaciones”.

“Es evidente que estamos en un contexto de excepción”, resalta, por su parte, Salellas, que señala que en las propias resoluciones judiciales se ha recogido el “contexto sociopolítico” que vive actualmente Catalunya como justificación para ordenar su ingreso en prisión.

Este abogado explica que varias de las personas que al cierre de esta edición permanecían en prisión provisional están acusadas únicamente de atentado a la autoridad. Otras se enfrentan a peticiones de cárcel por parte de Fiscalía de hasta diez años por desórdenes y atentado a la autoridad.

Y es que hasta 2015, los cargos de atentado a la autoridad y desórdenes tenían penas máximas de tres o cuatro años. Lo que ahora se está aplicando, explica Salellas, es la reforma del delito de desórdenes públicos en el Código Penal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, una de las reformas de la llamada Ley Mordaza. “Uno de los capítulos que más se modificó fue el de los delitos contra el orden público, y en especial el delito de desórdenes”, explica el abogado.

La reforma contemplaba una nueva forma agravada de desórdenes públicos que permite, “en abstracto”, según resalta Salellas, penas de hasta seis años de prisión. También el delito de atentado a la autoridad pasaba a contemplar más supuestos en los que condenar con penas de hasta seis años, uno de ellos el lanzamiento de objetos contundentes.

“Siempre hemos sido muy críticos con el funcionamiento de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en cuanto a la utilización de la excepcionalidad jurídica, ahora se pone a prueba el sistema ordinario de justicia y tenemos que ver si las audiencias provinciales corrigen a estos juzgados de guardia que han actuado de forma tan severa o se generaliza la excepcionalidad judicial en los juzgados ordinarios”, concluye Salellas.

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