Dos años de represión al pueblo catalán: Ni oblit, ni perdó

La represión policial y judicial contra el movimiento independentista, en realidad comenzó antes, mucho antes. Cuando el movimiento era una minoría recibió el golpe durísimo de la llamada “Operación Garzón” para preparar unas olimpíadas sin contestación social por parte de la izquierda independentista. Tan solo por dar un ejemplo.

Sin embargo, todo cambió cuando las movilizaciones fueron masivas, cuando las encuestas daban que la mitad de la sociedad catalana quería la independencia (y a veces más de la mitad). A diferencia de la cuestión vasca, que estaba marcada por la violenta acción del “Estado de derecho” y los atentados de ETA, la movilización del pueblo catalán ha estado manifiestamente pacifista. Algo que el Régimen del 78 no puede soportar.

Por ello, es que desde las cloacas del estado, los poderes políticos de Madrid y sus principales dirigentes se deforma lo que pasa en Catalunya acusando de violento al President Quim Torra y se busca tergiversar la realidad creando realidades que no son y difamando. El caso más violento es el de Tamara Carrasco y Adrià acusados de terroristas y casi dos años después el “delito” se redujo a desórdenes públicos.

Desde el referéndum del 1-O la persecución dio un salto enorme. Todos los poderes del Estado no solo querían evitar que se haga una votación más o menos normal, sino que querían que vuelva a suceder un 9-N con una participación que rozó el 50% del electorado. El Régimen del 78 levantó como eslogan: Ni referéndum, ni 9-N.

Por ello, con el Poder ejecutivo a la cabeza se movió todo el Estado (y sobre todo sus cloacas). Cristóbal Montoro llevaba años recortando la inversión pública en Catalunya. Pero semanas antes impuso un estricto control: no había factura que no pasara por la vista de hacienda. Se traducían documentos al castellano, si hacía falta. Montoro controló tanto las finanzas que el Supremo tendrá que hacer “realidad creativa” para demostrar la malversación del erario público.

El Tribunal Constitucional, que llevaba años invalidando cada ley que salía del Parlament, tuvo en 2017 el años de más “trabajo” (si es que a eso se le puede llamar así). Los jueces que juzgaron a Artur Mas y otros dirigentes por una supuesta malversación de fondos durante el 9N. Y, luego todos los procesos judiciales abiertos en 2017 contra los que se quedaron y los que se fueron, contra los jefes de los Mossos y la Izquierda independentista y los CDRs como se ve hoy día.

La policía y los guardias civiles se “afincaron” en Catalunya, más precisamente en su puerto para impedir el 1O. Buscaron las urnas por todos lados, incautaron muchas papeletas, entraron a imprentas por doquier. Pero no pudieron evitar que el pueblo catalán votara y se movilizara masivamente. Incluso la represión durante la mañana del 1-O fortaleció más la participación en el referéndum dejando un saldo de más de mil heridos.

El Monarca enseñó sus sucias garras el 3-O. Los trabajadores y el pueblo catalán protagonizaban la mayor huelga y movilizaciones en muchos años. El Monarca defendió la represión puesto que había que sostener el “Estado de derecho”. Así, Felipe VI dio la orden para que las empresas catalanas amenacen con irse y presionó a aquellas que aún se lo pensaban.

Con la aplicación del 155, se quitó de plumazo al Govern que el pueblo catalán había elegido en elecciones y es puso a la Virreina Sáenz de Santamaría. Se encarceló a la parte del Govern que se quedó y a la parte que se fue al exilio se la persiguió con euro-órdenes y espías. Se convocan elecciones desde Madrid y Catalunya pasa a depender directamente desde el ejecutivo español.

Represión contra los activistas y dirigentes

A principios de noviembre de 2017, la Fiscalía pedía prisión sin fianza para los líderes catalanes. Pedido al cual accedió la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y así continuó cuando la causa pasó al Supremo bajo la tutela de Llarena. El 12 de febrero de 2018 se inició la mega causa contra el 1O con un desfile sin precedentes de policías y guardias civiles.

La escuela catalana y la inmersión lingüística ha estado en el punto de mira del poder de Madrid y sobre todo a derecha. Luego del 155 en tres institutos de Lleida hubo una denuncia contra 8 profesores por delito de odio. Se decía que habían discriminado a hijos de Guardias Civiles luego de años que iban al colegio. Muchos meses después la causa ha sido archivada. Esos profesores tuvieron que soportar estar en el punto de mira de los medios de difusión.

El delito de odio comenzó a ser “interpretado” por el poder judicial de forma tal que se protegía así a la policía o a la derecha más facha. En ese sentido, las detenciones de dos jóvenes acusados de supuesto delito de odio por criticar en Facebook la violencia policial durante el 1-O, o la imputación al director de la revista ’El Jueves’ por un artículo satírico sobre la policía.

Tras la victoria del bloque independentista el 21D el juez Pablo Llarena se convertía en el verdadero rostro reaccionario a ojos del pueblo catalán. Desde inicios de 2018 prohíbe la investidura primero de Carles Puigdemont, después la de Jordi Sànchez (hasta en dos ocasiones) y por último la de Jordi Turull. El Régimen del 78 dejó constituir un nuevo Govern que no incluya a ningún miembro del anterior.

Diversas Juntas electorales con su característica imparcialidad ha realizado diversas prohibiciones. Ha prohibido a las autoridades de mesa presentarse con lazos amarillos y lucir prendas en ese color (no sabemos si hay alguna moda especial de la JEC). En Barcelona se prohibió a los medios de la CCMA -Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals- el uso de las expresiones "presos políticos" y "exilio".

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sigue hasta día de hoy con la investigación de numerosas personas y cargos políticos vinculados a la realización del referéndum del 1-O. Inició con secreto de sumario una investigación que se retrotrae al año 2015. Por lo que se fue filtrando, el carácter de la investigación ha sido prospectivo. Esto quiere decir, veamos a ver si los pillamos en algo.

A mediados de mayo de 2018, los Mossos d’Esquadra detuvieron a cinco miembros del Comité de Defensa de Lleida por supuestos delitos de "desordenes públicos" durante las protestas por la detención de Carles Puigdemont el pasado 25 de marzo ante la subdelegación del Gobierno español.

Unos días después otros cinco miembros de los CDR eran detenidos y puestos a disposición judicial por supuestos delitos también de "desordenes públicos" y "coacciones" a raíz de los cortes de vías efectuados también durante la huelga del 8-N en la estación de Sants de Barcelona. Y esa misma semana eran detenidos dos regidores de la CUP en las localidades de Ripoll y Campdevànol. Santi Llagostera y Mariona Baraldés están investigados por los cortes de carreteras efectuados durante la huelga del 8-N.

La ofensiva contra los CDRs y el movimiento independentista no se acabó, sino que el Régimen del 78 la ha elevado. Esta última semana detuvieron a 9 miembros acusados de terrorismo y plagado de irregularidades y a siete de ellos les han dictaminado prisión sin fianza.

Desde Madrid se pretende atemorizar al conjunto del pueblo catalán y dividir al movimiento independentista entre aquellos que se adapten a Madrid y aquellos que lo enfrenten. El Poder Judicial y policial del Régimen pretenden evitar que hay una respuesta social masiva en las calles ante la inminencia de una sentencia que se prevé condenatoria.

A pesar, de que la Diada ha sido la de menor convocatoria en los últimos 7 años, ha movilizado a 600.000 personas. Y las manifestaciones de estos días por la libertad de los presos en Sabadell y todo el Principado son muestras de que habrá respuesta en las calles. Los próximos días serán importantísimos.