Jesús Rodríguez: "Me voy al exilio para seguir luchando y ejerciendo de periodista"

Abril de 2024, aniversario de la República española. Ahora monarquía borbónica. Periodistas, representantes políticos, activistas de movimientos sociales deben, en abril de 2024, exilarse ante las amenazas de represión de una judicatura heredera (y nostálgica) del franquismo.

"Las brigadas de información de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía española han tenido a su alcance software para infectar masivamente a nuestros teléfonos y ordenadores. Se han escuchado las conversaciones de políticos, abogados y periodistas, que se han grabado y analizado con inteligencia artificial. Conversaciones de contenido ideológico, informaciones de la vida íntima, de las relaciones amorosas o de la salud constan en las transcripciones de la Guardia Civil. Todo se ha autorizado, en algunos casos, por orden judicial; en otros, por orden del propio gobierno español".

El 6 de noviembre se hizo público un auto con el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputaba al periodista de la Directa Jesús Rodríguez en la causa de Tsunami Democrático. Está acusado de terrorismo junto a Carles Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Oriol Soler, José Luis Alay, Javier Vendrell, Marta Molina, José Campmajó, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio Giulio Foglia. Hace dieciocho años que Rodríguez, desde este medio, se dedica a investigar las prácticas abusivas de los cuerpos policiales y el espionaje de servicios de inteligencia contra movimientos sociales, cubriendo también la respuesta represiva a raíz del "proceso" [como se conoce la larga lucha por la autodeterminación nacional catalana que fue la movilización popular más sostenida temporalmente y masiva de Europa. NdT]. Esta semana, García-Castellón ha acordado dar un plazo de 24 horas a las personas imputadas -y ya personadas- para que aporten los domicilios y ha pedido a la Guardia Civil que localice a las tres que no han comparecido todavía, entre las que se encuentra Rodríguez. Asimismo, tanto el directivo de Òmnium Cultura Oleguer Serra como el periodista de la Directa y el empresario gerundense Josep Campmajó han anunciado públicamente que se encuentran en el exilio.

¿En qué momento y por qué razones decides marcharte al exilio?

La causa del Tsunami Democrático es ya uno de los puntos del programa electoral de los jueces Manuel Garcia-Castellón y Manuel Marchena. Cuando me doy cuenta de que la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la ley de amnistía es cuando llego a la conclusión de que no puedo esperar nada que se parezca a la justicia en mi caso. Es entonces, a finales del año pasado, cuando tomo la decisión de irme al exilio. Me voy al exilio para seguir luchando y ejerciendo de periodista.

Según el derecho interno suizo y el convenio de extradición de Suiza con los estados del Consejo de Europa, no existe extradición por delitos políticos. ¿Esta es una de las razones principales para elegir Suiza?

Opto por Suiza por múltiples razones. En primer lugar, no quería irme muy lejos de Cataluña, para así facilitar que la gente que quiero me pudiera visitar. Además, es un hecho conocido que en Ginebra residen desde hace años otras personas exiliadas de Cataluña, Anna Gabriel y Marta Rovira, y lo leo como un hilo de continuidad de la historia del exilio de nuestro país. Me han ayudado a establecerme y quiero agradecérselo públicamente. Y una razón no menor es la sólida trayectoria en la defensa de los derechos civiles y políticos de ese país. El hecho de que en Ginebra tenga su sede el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y algunas de las principales instituciones mundiales que velan por la libertad de expresión y de información me convenció de venir aquí.

Por ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades suizas? ¿Estáis haciendo incidencia en el ámbito internacional? ¿Se ha denunciado el caso en Naciones Unidas?

He aprovechado estos meses para hacer contactos y explicar el abuso judicial que sufro en diversas organizaciones, así como a relatores especiales de Naciones Unidas. Hasta ahora las autoridades españolas han enviado tres comisiones rogatorias a las autoridades suizas en relación a Marta Rovira y Ruben Wagensberg, las tres denegadas por considerar que podríamos estar ante una causa judicial de connotaciones políticas.

De tu situación se deduce que no vas a comparecer a declarar. ¿Qué medidas crees que va a emprender el tribunal?

Cada cosa a su tiempo. El día de la cita todavía no ha llegado. Lo decidiré entonces, después de hablarlo con mi abogado.

¿Se puede recibir un juicio justo en el Estado español con la actual judicatura?

Nadie debería ser juzgado por participar en manifestaciones y obviamente tampoco por informar de ello en un medio de comunicación. La instrucción judicial de Tsunami es un auténtico esperpento que solo se entiende si detrás de cada toga pones la alargada sombra del PP y Vox. Parece claro que la cúpula del poder judicial español sirve a los intereses de la derecha y la extrema derecha. No se esconden en absoluto. Cuando Manuel Garcia-Castellón vio que la Fiscalía no le seguía el juego, incorporó al partido político Vox y la asociación ultra Dignidad y Justicia a la causa.

Entre los imputados, están políticos, activistas, empresarios y tú, un periodista de la Directa. ¿Qué relación mantuviste con Tsunami Democrático en otoño de 2019?

Los guardias civiles que pincharon a cientos de teléfonos lo explican en la causa: me acusan de tener información previa de las manifestaciones que se desarrollarían en otoño de 2019. Es decir, de hacer el trabajo que se le supone a un periodista. Más allá de las acusaciones concretas, es una aberración judicial que se hubiera archivado si no primara el interés político de los jueces, la causa general contra el independentismo y contra el derecho a la protesta en Catalunya. La instrucción policial desprende tufo inquisitorial, se investiga de forma prospectiva a cientos de personas de todos los ámbitos de la sociedad. Cabe recordar que los guardias civiles que investigan la causa hacen constar el nombre de otros 26 periodistas, sólo por el hecho de que explicaban a la ciudadanía las movilizaciones del Tsunami Democrático.

En abril de 2023, después de que tu nombre apareciera en los medios, hiciste un escrito en el juzgado para preguntar si estabas investigado en la causa. El juez te respondió que no, pero meses más tarde pasaste a estarlo. ¿Cómo lees los pasos que ha ido dando Garcia-Castellón?

Entre primavera y otoño de 2023 hay dos hechos relevantes: las elecciones que pierden PP y Vox y la posterior tramitación de la ley de amnistía. Es precisamente en ese momento cuando la causa judicial toma un repentino empuje. No hace falta añadir más, creo que ha quedado claro a ojos de todos.

Como periodista, has investigado los abusos de los cuerpos policiales, el espionaje de estado y también has realizado seguimiento de la respuesta represiva a raíz del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre. ¿Crees que tu imputación va ligada a tu trayectoria periodística?

Desde el primer momento en que aparece mi nombre en los informes de la Guardia Civil no he parado de pensarlo. De hecho, muchas de las personas que se dirigen a mí para solidarizarse me dicen: "Ostras, ¿qué venganza, no?". No se puede desatar una cosa de la otra. Investigar las cloacas del Estado español tiene riesgos. Cada una de las investigaciones que hemos publicado en los últimos años en la Directa, con las que destapábamos infiltraciones de agentes del Cuerpo Nacional de Policía española en los movimientos sociales, dejaban en evidencia los cuerpos policiales españoles y el poder judicial que los ampara. Hemos publicado con pruebas contundentes una larga lista de prácticas parapoliciales que se sitúan fuera de la ley.

¿Qué mensaje crees que se lanza desde la judicatura cuando se imputa a un periodista?

Mi imputación es una actuación preventiva contra el conjunto del periodismo. Ten cuidado con lo que publicas y con quién hablas, estamos vigilando los mensajes privados con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos plazca. El objetivo final es instaurar el miedo.

En términos jurídicos, ¿crees que esta acusación acabará cayendo?

Es obvio que la acusación es inconsistente y está fuera de cualquier marco legal democrático. Evidentemente, acabará cayendo, o en aplicación directa de la ley de amnistía o en segunda instancia, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional forzarán el archivo de la causa. El problema es qué ocurre mientras tanto. Quienes lideran el embate judicial no son los jueces, unos meros peones, sino Vox con la acusación popular y el PP con el control por detrás de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cuando el interés político de la derecha extrema decaiga, la causa se cerrará.

En el sumario hay miles de conversaciones telefónicas. ¿Qué impacto tiene esto en el derecho a la intimidad de las personas, algunas investigadas y muchas que no?

El espionaje de la vida de los catalanes, desde el 2017, ha traspasado todas las líneas rojas. Con el objetivo de saber dónde estaban las urnas o de averiguar quién organiza y participa en manifestaciones se ha desplegado una auténtica cacería del disidente. Las brigadas de información de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía española han tenido a su alcance software para infectar masivamente a nuestros teléfonos y ordenadores. Se han escuchado las conversaciones de políticos, abogados y periodistas, que se han grabado y analizado con inteligencia artificial. Conversaciones de contenido ideológico, informaciones de la vida íntima, de las relaciones amorosas o de la salud constan en las transcripciones de la Guardia Civil. Todo se ha autorizado, en algunos casos, por orden judicial; en otros, por orden del propio gobierno español. Al más puro estilo de los regímenes autoritarios.

Para elaborar estos informes, la Guardia Civil ha destinado muchos recursos económicos y humanos. ¿Crees que de toda la información que recopilan se hace un uso jurídico?

Una represión que ha costado cientos de millones de euros de las arcas públicas. Nos espían y lo pagamos de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo. Es evidente que no se ha hecho por un uso exclusivamente judicial y, lo más grave: mucha de la información recogida ahora está en manos de la extrema derecha. Manuel Garcia-Castellón ha entregado miles de páginas con datos personales y con información sensible de conocidos líderes de partidos políticos en la formación ultra de Santiago Abascal, que figura en la causa como acusación popular. ¿Por qué Vox debe conocer las conversaciones privadas de los representantes electos de la CUP, ERC o Junts que constan en la causa del Tsunami Democrático? Es evidente a qué intereses sirve ese juez.

Pegasus, infiltrados, confidentes, Operación Catalunya. El espionaje de estado siempre ha existido y tú lo has seguido a lo largo de los años. ¿Se ha sofisticado?

En la actualidad, no sólo saben lo que hacemos y lo que pensamos, sino que con nuestros datos más íntimos tienen la capacidad de prever qué vamos a hacer. Tras la pátina de sociedades más libres e informadas se esconde una telaraña de control social basado en los metadatos de nuestros dispositivos informáticos y que está al alcance de los cuerpos policiales. Los funcionarios que se dedican al espionaje tienen acceso a la infraestructura física de las compañías de telefonía ya los grandes operadores de las telecomunicaciones, entre otros, a través del Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (SILC), un mecanismo de espionaje tan peligroso como Pegasus que se ha generalizado y normalizado, y que funciona en estrecha colaboración de compañías como Movistar, Vodafone u Orange.

¿Cómo repercute en tu actividad periodística el hecho de estar imputado?

Sigo haciendo parte de mi trabajo desde la distancia, pero, obviamente, se ve afectada. No puedo hacer periodismo de proximidad, pisar calle, vivir la noticia en contacto con sus protagonistas, uno de los sellos propios de la Directa.

¿Qué escenario prevés en el mejor y en el peor de los casos?

El sentido común me lleva a pensar que tarde o temprano podré volver al país. La ley de amnistía, pese a los obstáculos forzados del PP y Vox en el Senado o de la cúpula del poder judicial en el Tribunal Supremo, se acabará aplicando. De lo contrario, nos encontraríamos ante un estado fallido en el que unos pocos suplantan el poder legislativo. También es verdad que la corriente de fondo en el conjunto de Europa nos lleva a un mayor poder de las extremas derechas, lo que no favorece un desenlace positivo de nuestra causa judicial, fronteras adentro. ¿Qué pasaría si cae el gobierno español por un pésimo resultado en las elecciones europeas? Si el Tribunal Supremo se niega a aplicar la amnistía, el rifirrafe entre partidos proamnistía en el Congreso de los Diputados español puede hacerse insostenible. Alguien podría verse tentado a romper la pelea y volver a las urnas. Un hemiciclo con mayoría absoluta de PP y Vox empeoraría todo aún más. No quiero ni pensar en ello, pero ya me he concienciado ante cualquiera de estos escenarios. Eso sí, seguiré luchando, con la cabeza alta y con la seguridad de haber hecho siempre lo que me correspondía en el desarrollo de mi labor periodística y siendo fiel a mis valores y principios.