La carrera de CiU para desactivar la ruptura

«Si no hay elecciones antes de las municipales, la agenda catalana pasará a estar en manos de la agenda política española”, tuiteaba la dirigente de ERC Anna Simó este lunes. «Hagámoslo de una vez, por favor, lo pido con esperanza, y con la angustia de quien sabe que perder el tiempo no es bueno”, declaraba un Oriol Junqueras lloroso y con la voz entrecortada en Cataluña Radio el pasado 17 de octubre. El mismo 28 de octubre, ERC afirmaba en un comunicado que “no apoyaremos unos presupuestos autonómicos».

Todas estas afirmaciones quedaron en papel mojado después de que antes de ayer Artur Mas, con su habilidad para dominar el relato soberanista, haya hecho aceptar tanto a ERC como a las entidades soberanistas un pacto que perpetúa medio año más en el poder, prefigura pactos municipales con ERC y no explicita ningún compromiso para avanzar hacia la independencia.

La carrera de CiU para desactivar la ruptura

Desde que en septiembre de 2012 CiU decidió dominar la ola de movilización popular por la independencia, su objetivo ha sido desactivar la hoja de ruta que había ido surgiendo del soberanismo para imponerse de manera sutil. A su favor tenía el hecho de que este nuevo soberanismo había interiorizado la máxima de que «sin Convergencia no hay independencia».

En su programa electoral de 2012, Convergencia contemplaba una consulta sobre el futuro político durante la presente legislatura, sin precisar mucho más alcance, y lo más importante, un proceso de transición nacional hasta el año 2020 para la creación de un «estado propio». Una enmienda a la totalidad a la hoja de ruta planteado desde ANC y socializado ampliamente.

Su fracaso electoral en las elecciones del 25 de noviembre de 2012 forzó a CiU a buscar un pacto con ERC, que volvió a poner sobre la mesa una hoja de ruta similar al aprobado por el ANC pero con un interrogante gigante al que no se respondía. ¿Qué se haría ante la más que previsible impugnación de la consulta por parte del Tribunal Constitucional? Mucha gesticulación simbólica y ningún acto real de soberanía, es decir, de desobediencia.

El recorrido lo iniciaba la aprobación de una Declaración de Soberanía que no comprometía a nada. La prueba de su nula importancia es que cuando el Tribunal Constitucional la suspendió, no generó ninguna reacción significativa.

CiU intentaba recuperar la iniciativa política con la proposición en el Congreso para que autorizaran el referéndum y con la convocatoria de un Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que diluía las reivindicaciones soberanistas y daba un papel a Joan Rigol en todo el proceso. Papel que posteriormente se supo que estaba usando como interlocutor de Mas para explorar un nuevo pacto de estado con PP y PSOE.

El pacto por la fecha y la pregunta, en diciembre de 2013, volvía a demostrar los límites que no estaba dispuesta a traspasar CiU. Nada de hacer coincidir la consulta con las elecciones europeas, lo que hubiera podido generar una situación muy idónea para la desobediencia. Y una pregunta-árbol que demostraba definitivamente que «estado propio» no era un eufemismo de independencia, sino de nuevo pacto con España. El esto o nada volvía a funcionar y las entidades soberanistas y los partidos políticos -incluida la CUP-, decidían rebajar sus condiciones y aceptarlo.

La jugada del 9N

Con el acercamiento a la fecha del 9N y las posiciones enrocadas en Madrid, Mas plantea sus límites en privado tanto a los poderes económicos como a Oriol Junqueras. En una reunión en Barcelona con representantes de la Trilateral el 15 de julio de 2014, Mas les garantiza que en ningún momento iniciará el camino de la desobediencia y de la ruptura. Es decir, que no aplicará la soberanía que aprobó el parlamento en enero de 2013 para garantizar el despliegue de la ley de consultas. Pocos días después, el 7 de agosto, Mas ofrecerá a Junqueras la sustitución del 9N por unas elecciones ordinarias con una lista conjunta entre CiU y ERC.

La aprobación de la ley de consultas el 27 de septiembre vino acompañada de la firma del decreto de convocatoria el 4 de octubre. Un decreto y una ley suspendidos el 6 de octubre por el Tribunal Constitucional. Mas no tardó ni medio día en acatar la suspensión y ordenar incluso retirar los anuncios televisivos. Las movilizaciones de protesta impulsadas por el ANC el 7 de octubre no tuvieron como objetivo presionar al gobierno para exigir desobediencia sino presentar una campaña neutra de movilización a favor del referéndum. Las movilizaciones impulsadas por la izquierda independentista no consiguieron arrastrar sectores sociales que trascendieran su base militante.

Con el acatamiento de la sentencia del TC, Mas sitúa todos los actores favorables al referéndum ante la disyuntiva de aceptar su propuesta alternativa o asumir las consecuencias del fracaso. La alternativa de Mas era una consulta simbólica, con participación popular en la organización, y con un despliegue territorial débil. La desactivación del carácter políticamente vinculante de la consulta y de su carga rupturista situó el 9N más cerca de ser la cuarta gran movilización soberanista que de un instrumento de participación democrática con efecto.

ERC se enroca en una posición de rechazo al plan de Mas, pero sin atreverse a romper definitivamente. Motivos le sobran, debido al incumplimiento del pacto firmado dos años antes y en la reunión entre Mas y Junqueras de agosto. Una hábil maniobra de la CUP desatasca la situación. El gobierno autonómico organizará el 9N y el resto apoyarán desde fuera. La CUP y la izquierda independentista quieren explorar las opciones de ruptura que puede plantear el 9N. Una esperanza que después no se acabará materializando.

El resultado del 9N fue un éxito de participación popular pero enseguida mostró unas claras limitaciones y una capitalización del éxito por parte de CiU. La acción en sí no otorgaba ningún mandato democrático que obligara a CiU a emprender pasos en ninguna dirección.
La hoja de ruta socializada por el ANC había quedado superada con la celebración del referéndum y la legitimación que el 9N supuso para CiU convencieron a  Mas de dibujar una nueva hoja de ruta.

La batalla para escribir la nueva hoja de ruta

Más allá de la lista unitaria para evitar perder las elecciones ante ERC, lo más llamativo de la propuesta de nueva hoja de ruta que esbozó Mas en su conferencia del 25 de noviembre era que reconducía el proceso hacia escenarios de pacto. Ni declaración unilateral de independencia tras las elecciones ni acción política soberana, es decir, desobediente.
Se dibujaba un proceso de «preparación de estructuras de estado» y negociación con la comunidad internacional. Es decir, la intervención de terceros para forzar España a pactar un nuevo escenario que luego pudiera ser refrendado por el pueblo. Un proceso que Mas cifraba en 18 meses y en el que la izquierda y el centro-izquierdo quedaban subsumidos o sustituidos por la lista única del presidente.

Lo que era un claro viraje hacia el retorno al esquema pactista de CiU y una vía libre a la reconfiguración del centro-derecha nacionalista para continuar ejerciendo la hegemonía, no fue aceptado por ERC, al menos hasta antes de ayer.

El papel de las entidades soberanistas

El 19 de octubre de 2014, ante una plaza de Cataluña llena a rebosar, Carme Forcadell afirmó: «Presidente, convoque elecciones. Queremos votar en los próximos tres meses. Presidente, queremos empezar la primavera de 2015 con un nuevo parlamento constituido. Si lo hace, tendrá nuestro apoyo y convertiremos el 9-N en una movilización masiva, como hemos hecho los últimos Once de Septiembre ».

Esta exigencia se diluyó en los días posteriores al 9N, y ante la propuesta de Mas, la dirección de la ANC protagonizó una polémica interna en interpretar de forma sesgada a favor de CiU

El ANC en los últimos tres meses se ha mostrado como una organización supeditada a los intereses de CiU. A esto hay que sumarle la presencia de Òmnium, mucho más cercana al entorno gubernamental, quien desde la primavera de 2013 coorganiza todas las movilizaciones del soberanismo.
En la práctica, su acción ha servido sobre todo para presionar ERC y forzarla a aceptar el marco diseñado por CiU.

Este papel subordinado al gobierno de CiU lo completa la Asociación de Municipios por la Independencia. Presidida por Vila d’Abadal, el entorno convergente es absolutamente hegemónico. Una hegemonía que se plasma, por ejemplo, en una actitud aún más reacia a la desobediencia que la que mantiene el propio gobierno autonómico. El ejemplo más paradójico fue cuando, después de que el 4 de octubre más de 800 alcaldes apoyaran al referéndum en un encuentro en el Palau de la Generalitat, menos de una semana después sólo unos 250 respondieran a la petición del propio Departamento de Gobernación sobre qué ayuntamientos estaban dispuestos a dejar locales para el 9N pesar de la prohibición del TC.

El nuevo acuerdo

Antes de ayer Mas volvió a demostrar que como superviviente político no le gana nadie. El presidente que pactó el recorte del estatuto de 2006 con Zapatero un sábado por la noche en la Moncloa, conseguía pactar una nueva hoja de ruta con las entidades soberanistas y con ERC que desdibujaba cualquier camino claro hacia la independencia. Un pacto que, de rebote, daba oxígeno a Convergencia y casi un año más de recorrido al actual gobierno.

El pacto incluye también la aprobación de los presupuestos para 2015 por parte de ERC. Junqueras, en una pirueta, volvía a la retórica de culpar Madrid de la imposibilidad de hacer unos presupuestos sociales.
Después de 5 años de gobierno, Mas tendrá completado un lustro de una de las políticas más antisociales de Europa. Lo habrá completado con pactos con formaciones tan distantes como el PP y ERC. Y habrá tenido el honor de ser de los pocos, sino el único, presidente que ha sido reelegido en plena crisis económica.

El pacto retoma el objetivo de las estructuras de estado. Aunque ni Mas ni Junqueras entraron al detalle, sí mostraron algunos ejemplos. Lo más recurrente, la hacienda propia, forma parte de los incumplimientos más flagrantes del Pacto de la Libertad suscrito en 2012. Con las competencias traspasadas y un poder político prácticamente omnipresente en diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos, la hacienda propia sigue siendo un proyecto irrealizado.

Mas también señaló otros elementos, como la recurrente ley electoral, pendiente de desplegar desde 1980. Habló también de medidas contra la pobreza y de la no aplicación de la ley Wert. En cuanto a las medidas contra la pobreza, estas no han tenido una tramitación parlamentaria de consenso en los últimos dos años. El decreto contra la pobreza energética, revalorizado por la suspensión del TC, favorecía sólo unas decenas de personas en toda Cataluña y recibió el voto en contra de la CUP y de ICV-EUiA. Las medidas para la no aplicación de la ley Wert ya hace tiempo que las estudian varias comunidades autónomas, incluida la de Cataluña pero también incluso alguna gobernada por el PP. Se trata de, mediante decretos, dejar sin efecto los aspectos más conflictivos de la nueva ley.

Además, Mas afirmó que se había pactado el establecimiento de pactos postelectorales a nivel municipal. Una maniobra que da oxígeno a una CiU en horas bajas electoralmente hablando y que en la práctica vierte los votantes de ERC a aceptar que su voto puede sumar con CiU en las instituciones municipales y supramunicipales.

La contrapartida a todo esto es un acuerdo para unas elecciones el 27 de septiembre, a las que ERC podrá concurrir en una lista separada, y la promesa de trazar una hoja de ruta todavía absolutamente indefinida sobre qué hacer después de las elecciones. Como en diciembre de 2012, ERC vuelve a dar un cheque en blanco a CiU para desarrollar una hoja de ruta. Con la característica, esta vez, que la hoja de ruta no incluye ningún elemento tangible como lo era la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Todo abierto, pues, para ver como Artur Mas, con una ERC supeditada por segunda vez, imbrica el proceso catalán con la agenda política española con la voluntad de extraer un pacto que evite la vía rupturista. Sólo un bache rupturista en la calle y en las urnas puede hacer descarrilar el tren de la transición nacional.