La situación política de Catalunya

Hoy, la CUP, y con ella la Esquerra Independentista y anticapitalista, están librando una batalla clave que puede ser decisiva en la próxima etapa política en el Principat de Catalunya. En función de esta batalla, la confrontación con el estado podría orientarse hacia una ruptura capaz de abrir las puertas a transformaciones más profundas; o bien, se orientará, prácticamente de forma definitiva, hacia escenarios de pacto entre élites.

Tras las elecciones del pasado 27 de septiembre, y dada la mayoría independentista, Junts pel Sí y la CUP-Crida Constituent iniciaron una ronda de conversaciones políticas. Los objetivos de la CUP-Crida Constituent para esta ronda eran 1) garantizar, lo antes posible, algún acto de ruptura con la legalidad estatal; 2) posibilitar una serie de medidas en clave de ruptura y desconexión con el estado, de plan de choque para hacer frente a la situación de emergencia social y ampliar la base social de los sectores dispuestos a la ruptura con el estado, y de diseño del proceso de construcción de la nueva república; y 3) consensuar los nombres oportunos para el liderazgo institucional del proceso de ruptura.

A día de hoy, sólo el primero de estos objetivos ha sido alcanzado parcialmente. La Declaración aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 9 de noviembre, a pesar de no ser un acto de ruptura definitivo respecto del Estado español, a pesar de dejar de lado la perspectiva de la construcción de los Països Catalans, y pese a no garantizar medidas que aseguren una vida digna para las clases populares, no deja de ser un acto relevante a nivel político: por primera vez, una mayoría parlamentaria define el Tribunal Constitucional español como un órgano sin legitimidad ni competencia. El Régimen del 78, la Constitución española y toda su arquitectura institucional y jurídica dejan de estar por encima del Parlament y éste pretende situarse en un limbo jurídico en tanto que no es un Parlamento independiente, pero tampoco acepta la jurisdicción constitucional española.

Pero más allá de este acuerdo en relación a la primera Declaración del Parlament, las dificultades para poder articular posiciones comunes entre Junts pel Sí y la CUP-CC, especialmente en relación con el plan de choque y la presidencia, pueden hacer muy difícil el logro de nuevos acuerdos en las próximas semanas. Estas dificultades no pueden explicarse en absoluto por una posición maximalista de la CUP-CC. Al contrario.

En primer lugar, porque en estos momentos, Junts pel Sí, y especialmente las voces vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entienden que la materialización de los compromisos establecidos en la declaración quedan suspendidos hasta que no se invista el President de la Generalitat. Pero sobre todo, porque, en contra del planteamiento que había aprobado anteriormente en las elecciones del 27S, la CUP-CC ha presentado un programa de medidas de mínimos, que renuncia a plantear cuestiones estructurales de su programa y que serían asumibles tanto por ERC como por la mayoría de Junts pel Sí. De hecho, las medidas que se contienen en el plan de emergencia presentado son, en buena medida, medidas que ya contenía el programa electoral de Junts pel Sí. Lo que algunos llaman el “chantaje de la CUP”, no deja de ser, en parte, que la CUP está aconteciendo garantía de cumplimiento del propio programa de Junts pel Sí.

Tampoco en las mesas de conversaciones relativas a la ruptura con el estado o la articulación del proceso constituyente, se ha puesto como condición inseparable del impulso de la articulación de los Països Catalans. Finalmente, las propuestas que han hecho públicas las portavoces de la CUP-CC en relación a la presidencia no parecen inasumibles a priori para una candidatura, Junts pel Sí, que está presentando el número 4 de su lista por Barcelona como candidato a President de la Generalitat, un candidato que no participó de ningún debate público con ninguna de las otras fuerzas políticas durante toda la campaña.

En lugar de poner sobre la mesa su programa político, el programa de la Esquerra Independentista y la unidad popular, de reivindicación de la independencia para el conjunto de los Països Catalans, de desconexión de la dictadura de la deuda y las multinacionales de la Unión Europea en el camino de la construcción de una plena soberanía política y económica para el conjunto de los Països Catalans, y en el camino de la construcción de una república feminista y socialista, la CUP-CC propuso medidas totalmente de mínimos que, aunque cuestionan algunos privilegios de clase y cuestionan el carácter antidemocrático del Estado español, no están a la altura de los acuerdos fundacionales de la CUP-Crida Contituent.

Lo que explica las dificultades para llegar a acuerdos son los intereses partidistas de CDC y su condición de representantes de determinados sectores de las clases dominantes, y la voluntad del conjunto de Juntos el Sí de no discutirlos.

Ahora más que nunca se ponen al descubierto los intereses de clase que vertebran la Catalunya autonómica, uno de los elementos claves para la articulación del proyecto capitalista español y europeo de las clases dominantes catalanas y española. Unos intereses que ahora mismo sólo puede garantizar Mas en la posición clave de President de la Generalitat para canalizar hacia una salida pactada con el Estado -si es necesario, facilitada por la Unión Europea- en buena parte del descontento político y social que está cristalizando en apoyo a una salida independentista en el Principat de Catalunya. Contrariamente a quien cree que Mas representa un sector alejado de las voces críticas de su ejecutivo, Mas es la persona que mejor representa los intereses de estas voces, aunque en un complejo juego de espejos, apuesten ahora para dibujar perfiles diferenciados. En este contexto, la función de la Esquerra Independentista consiste en desvelar esos intereses, al señalar que es justamente Mas quien ahora mismo representa el eslabón de unión entre el proyecto de refundación del Estado español y las aspiraciones de la mayoría de Catalunya a la soberanía, y explicar, de forma clara y bien nítida, que sólo apartándolo de la presidencia de la Generalitat será posible avanzar en la ruptura con el Estado.

No es casualidad el hecho de que Ciudadanos, PSC y PP se ofrecieran a Mas como apoyo para la investidura: los tres partidos comprometidos con la unidad de España coincidieron instar a Mas a dejar de perseguir la adhesión de la CUP, a abandonar la vía unilateral ya regresar en busca de un pacto de estado dentro de la legalidad y en la Constitución. Es evidente que este emplazamiento opera en el terreno de la retórica, y en la búsqueda de los votantes más conservadores de CDC. Es evidente también que los partidos unionistas condicionan muy nítidamente su posible apoyo a que Mas abandone la vía abierta por la Declaración que declaraba «ilegítimo y sin competencia el Tribunal Constitucional» aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre. Y, por último, es evidente también que Mas no puede -ni quiere- hacer eso ahora mismo. No deja de ser significativo, sin embargo, que los tres partidos reconozcan a Mas como una figura necesaria y útil -tal vez imprescindible?- Para reconducir la situación actual en beneficio de los intereses del Estado.

Mas no puede retractarse de la Declaración aprobada. La necesita. No porque se crea su contenido. Sino porque es útil para su estrategia. Pero no pretende conseguir el apoyo de la CUP para avanzar hacia una ruptura con el Estado español. Mas pretende asegurar su sumisión, posibilitar a través de su investidura la desactivación de todo su potencial rupturista y de su credibilidad ante las clases populares, para garantizarse una legislatura sin estorbos parlamentarios. Una legislatura que quiere orientar a sostener un pulso político con el estado basado en actuaciones declarando que le permitan aumentar la tensión de forma controlada, pero que a la vez le permita llevar a cabo una gestión basada en la legalidad y en la seguridad jurídica de acuerdo con los intereses de clase que él representa. Su objetivo final: facilitar una intervención discreta de la Unión Europea y facilitar un pacto de estado.

CDC y Mas necesitan un pacto para detener la sangría que las convulsiones de los últimos años les está causando: una sangría electoral, perdiendo votos proceso electoral tras proceso electoral; y una sangría política y de legitimidad. En la medida en que han tenido que aumentar el tensado con el Estado, ante la necesidad de asumir la ola movilizadora y ante la necesidad de aumentar el techo competencial de la autonomía, el Estado español ha dejado de proteger la red clientelar de su partido, poniéndola al descubierto. Pero para facilitar una resolución acordada de este pleito que el bloque de poder que controla el Estado mantiene con los sectores dominantes en el Principat a quien CDC representa, Mas necesita controlar con mano de hierro todos los agentes que están interviniendo -cosa que parece tener hecha hoy: anulada ERC con compromisos que dieron lugar a Junts pel Sí y controlada la ANC con mano de hierro a través de su presidente Jordi Sánchez, sólo queda la CUP fuera de los dominios de CDC. Someter a la CUP-CC en la investidura, significaría por CDC demostrarse que las campañas de pressing -incluyendo insultos y amenazas- son sencillas de hacer, y efectivas y podrían ser utilizadas en cualquier momento.

En este contexto, la CUP-CC se juega quedar finalmente subsumida en un proceso hegemonizado por CDC, un proceso que no responde a los intereses populares, y del que la CUP se convertiría en su vertiente izquierdista. La alternativa es desbordar este proceso y disputar desde la izquierda y desde la calle su liderazgo a la derecha a partir de la defensa de un proyecto de sociedad diferenciado, que responda a los intereses de la clase trabajadora y el resto de clases populares, y que responda al marco nacional de los Països Catalans. Con ERC fagocitada por CDC, y el resto de la izquierda catalana incapaz de articular un proyecto propio al margen de las lógicas estatales, la CUP-CC dispone de la posibilidad de afirmar su apuesta por liderar el espacio de la izquierda catalana con un proyecto transformador y de base. Resistir el embate de la investidura de Mas significaría afirmar esta voluntad de proyecto de sociedad antagonista.

Por eso la consigna para la izquierda independentista no puede ser otra que resistir al embate que están planteando los sectores más conservadores e inmovilistas de Junts pel Sí y de Convergència Democrática de Catalunya contra la CUP y contra su posición defendida públicamente desde bastante antes de las elecciones del 27 de septiembre, y desde la misma noche electoral: si ahora mismo hay una mayoría social en el Principat de Catalunya dispuesta a avanzar hacia una ruptura democrática con el Estado español, la única posibilidad de hacerlo es garantizando un liderazgo institucional que sea capaz de generar una mínima confianza en la vinculación de un proyecto independentista y, al mismo tiempo, de transformación social; alguien que, como ya se ha dicho, no esté vinculado, a los ojos de la gran mayoría, a la corrupción, los recortes, las privatizaciones y, como no se ha dicho tanto, a la represión política. Alguien que no tenga deudas, y no represente intereses inconfesables; alguien en definitiva, que no trabaje para someter el resto de independentistas para facilitar un nuevo pacto con el Estado; alguien que no haya operado desde la imposición, y alguien que no haya vinculado, de forma personalísima, los acontecimientos ocurridos en los últimos años a su posición institucional.

Sin Mas en la casilla central del poder autonómico y del liderazgo de un proceso institucionalizado hacia la reproducción de las mismas estructuras de poder existentes hoy, desaparecería el efecto del cordón sanitario que se ha construido a su alrededor con los recortes y la corrupción, se diluiría en parte un efecto retroalimentador entre CDC y PP en la que el Procés les da una cierta inmunidad ante los diferentes casos de corrupción que les afectan, y dificultaría el crecimiento de las opciones unionistas en las áreas metropolitanas del Principado, legitimando la CUP como fuerza autónoma de las clases trabajadoras y populares: se disolvería el discurso según el cual, en el fondo, votar la CUP es votar CDC; y se disolvería también el discurso según el cual, en el fondo, el independentismo es una excusa para tapar la corrupción.

Estamos probablemente en el momento más trascendente y decisivo que ha vivido la izquierda independentista: un doble pulso que está librando con el Estado español y con las clases dominantes catalanas. El debate de investidura es uno de los actos más decisivos de esta batalla, ya que se decide si quien liderará la institución será alguien comprometido con la ruptura y con la soberanía popular, o si será alguien que pretende canalizar esta fuerza reivindicativa en beneficio de intereses partidistas, y de unos intereses de clase bien determinados.

Ahora más que nunca es imprescindible la fuerza de las luchas y los movimientos populares. Más allá de debates institucionales sobre la correlación de fuerzas a nivel parlamentario, hay que recordar que un proceso de ruptura con los estados español y francés; un proceso de ruptura con el sistema capitalista patriarcal; un proceso de desconexión de instituciones como la UE, la OTAN o el FMI; y al mismo tiempo un proceso de construcción de nuevas instituciones populares y democráticas para el conjunto de los Països Catalans sólo es posible con un pueblo organizado y movilizado, dispuesto a la confrontación con un estado que no tendrá miramientos en utilizar todos los métodos -legales e ilegales- necesarios para combatir cualquiera que esté en disposición de amenazar su integridad. No estamos en medio de una vulgar lucha entre partidos; no podemos esperar una independencia que venga exclusivamente de procesos legislativos y parlamentarios: estamos en medio de una una confrontación de intereses de un determinado segmento de la burguesía catalana que pretende subordinar y anular aquellos que no quieren reeditar un pacto con el estado, con el objetivo de facilitarlo. Nos jugamos, no sólo el avance de una parte de nuestro país hacia la independencia, sino justamente la configuración de un proyecto político, económico y cultural alternativo al dominante en los Països Catalans, un proyecto de plena soberanía para el conjunto de nuestro pueblo. Este último es el compromiso de Endavant (OSAN) y entendemos también, del conjunto de la Esquerra Independentista.