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24/07/2020 :: Nacionales PP.Catalans

Los desafíos de la CUP ante la crisis del procesismo

x Santiago Lupe
La CUP inicia un proceso de debate abierto para conformar su candidatura ante las próximas elecciones catalanas.

El curso político arrancará de nuevo con Catalunya en el centro del tablero político. Como en 2017 con la Operación Anubis o en 2019 con la Operación Judas, la Judicatura prepara un nuevo golpe esta vez en forma de la destitución nada menos que del Presidente de la Generalitat. El juez Marchena, el presidente del juicio del procés, confirmará el 17 de septiembre la sentencia de inhabilitación por el delito de desobediencia. Un juez depone un presidente autonómico por negarse a retirar una pancarta que exigía la libertad de los pesos políticos a los que ese mismo juez condenó a penas de más de 10 años por celebrar un referéndum. Democracia “made in” 1978.

Unas elecciones signadas por la crisis del procesismo

Previsiblemente, y si la situación sanitaria lo permite, la destitución de Torra se producirá con las nuevas elecciones autonómicas a expuestas. El 4 de octubre es la fecha que se comenta en los “mentideros”, pero por el momento aún nada se sabe. Lo que es seguro es que serán unos comicios signados por el latente conflicto democrático catalán por un lado, pero también por una pandemia que ha impactado con fuerza en Catalunya y que hoy tiene aquí uno de los principales epicentros del rebrote.

La última encuesta presentada esta semana por El Periódico de Catalunya daba unos resultados muy similares a otras anteriores. Se prevé una subida del voto independentista, que superaría por primera vez la frontera del 50%, y una reestructuración del peso de cada agente en cada uno de los bloques.

En el bloque unionista suben todos a costa de Ciudadanos, que se desplomaría pasando de 36 a 15. PP doblaría su resultado pasando a 8 diputados, Vox irrumpiría con 5 o 6 escaños y el PSC pasaría de sus 17 a 25 o 26. Los Comunes por su parte subirían ligeramente pasando de 8 a la decena. En el bloque independentista los movimientos darían a ERC la primera posición pasando de 32 a 34 o 35, JxCat se dejaría un par por el camino hasta los 30 y la CUP doblaría su representación hasta los 8.

En el unionismo se fortalece pues el centro, con un PSC que junto a los Comunes tratará de devolver una normalización autonómica apoyándose en los sectores del procesismo, como ERC, dispuestos a ello. En el soberanismo asistiremos posiblemente al sorpasso de ERC y una crisis de los herederos del pujolismo, sobre todo si acaban concurriendo por separado el PDECAT y JxCat.

Todo de conjunto da un escenario que confirmará la anunciada crisis de la dirección procesista, los partidos históricos de la burguesía y pequeña burguesía catalanista que han estado al frente en la última década del mayor movimiento democrático nacional vivido en Catalunya hasta la fecha.

Una crisis en la que sin duda ha jugado un papel clave la represión del Estado y su operación de descabece de ambos partidos. Pero no se puede explicar ni entender solo por este factor. Es una crisis expresión de la bancarrota política del procés, entendido este como la hoja de ruta que vendió la ilusión de que el derecho de autodeterminación se podía conquistar por una combinación de movilizaciones ciudadanas, desobediencia institucional y con los partidos del régimen catalán al frente.

Superar el procesismo desde las lecciones de 2017

Toda crisis es una oportunidad y esta lo es sin duda para poner las bases de la alternativa que faltó en 2017. Una alternativa al procés que saque las lecciones planteadas por aquel otoño, que en muchos sectores del movimiento y de la izquierda independentista llevó en estos años a replantearse críticamente tanto la hoja de ruta de la que fueron parte, como las alianzas de clase que se desprendían de la misma.

No habrá ruptura con el Régimen del 78 si no es por medio de una movilización revolucionaria, con la clase trabajadora al frente, tomando, profundizando y generalizando el ejemplo de la huelga general del 3 de octubre.

No habrá una movilización de este tipo si no es porque la lucha por la libre autodeterminación no está indisolublemente unida a un programa que resuelva los grandes problemas sociales, que cuestione y avance sobre los intereses de los grandes capitalistas, sin lo cual los efectos de la actual crisis sanitaria, económica y social se volverán a descargar sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

Solo con una movilización de este tipo se podría soldar la unidad y solidaridad con las y los trabajadores del resto del Estado, para luchar en común contra el Régimen del 78 y abrir el camino a la conquista de repúblicas de trabajadores que puedan federarse fraternal, libre y voluntariamente.

Para una hoja de ruta de este tipo los compañeros de viaje no pueden ser los representantes de las grandes familias catalanas. Los mismos que hoy son gestores del crimen social de la pandemia. Que externalizan servicios como los rastreadores, despiden el refuerzo covid y mantienen intacto el negocio de la sanidad privada. Que permiten que empresas como Nissan y sus subcontratas dejen en la calle a 25 mil familias. Que hablan de república y derecho a decidir pero en los momentos decisivos, cuando una gran movilización pone contra las cuerdas al régimen, optan antes por aceptar la cárcel y el exilio, que por permitir el desarrollo de la movilización y autoorganización obrera y popular a la que temen mucho más.

La CUP, nuevamente, en la encrucijada: mano extendida o una política de independencia de clase

En estos días se están realizando asambleas abiertas de la CUP en diferentes ciudades de los Països Catalans. En ellas participa tanto la militancia de la izquierda independentista como de otras organizaciones revolucionarias, para definir cual debería ser el contenido de una candidatura para las próximas elecciones.

La CUP tiene en estas elecciones una nueva oportunidad. No nos referimos a las proyecciones demoscópicas que le dan un resultado que duplica su representación. Nos referimos a que la actual situación -de crisis del procesismo, del régimen que persiste a pesar de los intentos de restauración “progre” del PSOE y Unidad Podemos y una social que promete superar por mucho a la de 2008- dibuja un escenario en el que la construcción de una alternativa anticapitalista y de clase pasa a ser una necesidad urgente.

Como en otros momentos desde la emergencia del movimiento democrático catalán, la disyuntiva vuelve a estar en si lo que toca es reconstruir esa unidad soberanista y reeditar la política de “mano extendida”. O si, por el contrario, es el momento de impulsar una candidatura que ligue la defensa de un programa anticapitalista contra la crisis y la lucha por el derecho a decidir y contra el Régimen, a la total independencia política de los partidos procesistas.

Algo de lo primero, la mano extendida, vimos recientemente en la declaración de la CUP Lleida frente al anuncio del fallido confinamiento junto al Segrià. Pero lo que necesitamos es una izquierda que, lejos de acompañar al Govern catalán con críticas “constructivas” para que aplique algunas medidas sociales, le “declare la guerra”, igual que al gobierno central y a todo el Régimen del 78.

Una izquierda que pelee por un programa con medidas como la nacionalización de todo el sistema sanitario bajo el control de trabajadores y usuarios, tal y como plantean los propios sanitarios cuyas movilizaciones ha apoyado la misma CUP. O la de las empresas que quieren echar la persiana, como pasa hoy con Nissan y sus subcontratas y cuya nacionalización también defienden desde la izquierda independentista junto a otros sindicatos de la izquerda sindical. Una izquierda que luche por imponer impuestos a las grandes fortunas -las famosas 200 familias que llevan décadas viviendo a la sobra de los Pujol y herederos-, por la expropiación de las viviendas en manos de los grandes tenedores, la nacionalización de la banca, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial para combatir el desempleo o la gratuidad de toda la educación, entre otras medidas urgentes.

Recaer o recrear las ilusiones de nuevo en la alianza con los partidos procesistas sería hoy un error agravado. Sería como no atender si quiera a la experiencia reciente hecha con ellos en su rol de desvío del movimiento democrático catalán. Pero además sería tanto como entender como “aliados” a quienes se preparan para ejercer en Catalunya el papel de gestores de las políticas para hacernos pagar la crisis en curso.

Es hora de dejar de considerarlos como los potenciales aliados para la conquista de derechos, y hacerlo como lo que han demostrado ser, los principales obstáculos para el desarrollo de las fuerzas sociales necesarias para conquistarlos, como vimos en 2017, y los aplicadores directos de los ajustes y privatizaciones que explican, entre otras cosas, el crimen social que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia.

Las múltiples crisis previas a la pandemia se agravan con los efectos de ésta. También lo hará la crisis del Régimen del 78 y la reemergencia de otros procesos de lucha obrera y social que se rebelen contra la catástrofe económica que se prevé para los siguientes meses y años. Construir una izquierda que se prepare para intervenir en este escenario con una política de independencia de clases y anticapitalistas será crucial para que los siguientes embates concluyan en victoria.

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