Los Mossos dan una “lista negra” de más de 3.000 personas a la Audiencia Nacional
Este es el contenido de los dos listados que los Mossos d’Esquadra han enviado a la Audiencia Nacional. Los más de 2.000 de encausados políticos en Catalunya podrían incrementarse.
Las “listas negras” no son una novedad, sino una constante histórica del aparato represivo del Estado, desde las Brigadas de Información o Político-Social del franquismo, hasta los grandes operativos de la Ley Mordaza y los montajes policiales. En este caso, se trata de dos listas, de 2175 y 943 personas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017 e identificadas los días anteriores, entre el 26 y el 30 de septiembre.
Las primeras están identificadas en base a la Instrucción 5/2017 del 25 de septiembre de 2017, del Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada y las segundas, más detalladas, son las identificaciones del 29 al 30 de septiembre, en la jornada de Escuelas Abiertas el día antes del referéndum. En total, más de 3.000 datos que podrían servir de base para una caza de brujas, crear ficheros de filiación política o lo que decida la Audiencia Nacional, un tribunal heredero del TOP franquista con un largo historial de represión política.
Los últimos datos de Ómnium estimaban más de 2.000 personas encausadas en el movimiento democrático catalán. No nos olvidamos tampoco de los jóvenes que perdieron un ojo por los proyectiles de Foam. Ni de los deportados, los que están en prisión preventiva o los jóvenes de Altsasu, los cuales algunos llevan más de tres años presos.
Hemos visto a los Mossos emplear sus porras contra jóvenes que ejercían su derecho a manifestación -ese que la sentencia al procés condenó como “sedición”-, rociarles con el gas pimienta recién adquirido por la Conselleria de Interior y disparar pelotas de goma a escasos metros de los manifestantes.
Al prontuario de sus antidisturbios para desahuciar familias -como esta semana en el Raval y Poble Sec-, reprimir al movimiento estudiantil, la izquierda independentista o al 15M, entre otras cosas, se le suma estar a la cabeza de la represión de las movilizaciones.
Es por ello que gritan contra los Mossos amplias franjas de la juventud y sectores populares, sindicatos alternativos y movimientos sociales. Sectores que viven sufriendo la represión y violencia policial desde siempre, por hacer huelgas, protestar, manifestarse o simplemente por ser migrante como ha ocurrido con los vendedores ambulantes como los manteros.
Y es que para desactivar el movimiento democrático catalán no sólo se cuenta con la inestimable ayuda de la dirección procesista en su regreso al diálogo en clave autonómica, sino también con la porra y la toga. La ofensiva represiva contra el independentismo y el recorte de derechos y libertades han venido para quedarse.
No sólo porque hay una parte del Estado, empezando por la Judicatura y la misma Corona, que van a hacer todo lo posible por que se mantenga y haya nuevos golpes, sino también porque el PSOE ha sido parte y asume lo central de este nuevo consenso reaccionario, la convicción de que el desafío de 2017 debe resarcirse por la vía represiva. Podemos, con su llamamiento a acatar la sentencia, ya anunció que se sumaba a su manera a este consenso.
Para contrarrestar esta situación, es necesario levantar un plan de lucha que se base en la autoorganización, impulsando asambleas en los centros de estudio y de trabajo y en los barrios. Espacios donde se pueda decidir de forma conjunta como plantear una verdadera salida ante las cuestiones democráticas por el derecho a decidir y contra la represión.
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