Madrid muestra los dientes luego de la marcha atrás del gobierno de Puigdemont

Fue menos de un minuto, pero pareció una vida. En el lapso de casi 60 segundos los manifestantes que el pasado martes se congregaban frente al Parlament de Cataluña pasaron de llorar de emoción a derramar lágrimas de decepción. No es para menos. A las 19.37 se sintieron independientes. A las 19.38 vieron que no lo eran, al menos de momento. Fue el presidente catalán, Carles Puigdemont, quien despertó esa tormenta de sentimientos con un discurso que era seguido con atención aquí, allá e incluso más allá. Entre los que escuchaban en silencio y con el lápiz en la mano estaba el mandatario español, Mariano Rajoy. Para él no hubo lágrimas que valieran: si los catalanes se quieren ir, el presidente conservador se encargará de cerrar bien la puerta.

No se equivocaban quienes el pasado domingo 1 advertían que a partir de ese día Cataluña ya no volvería a ser la misma. A lo largo de aquella jornada, este territorio del nordeste de la península ibérica había vivido una fecha histórica: a pesar de la represión ordenada desde Madrid, más de dos millones de personas consiguieron acceder a los colegios electorales e introducir una papeleta en una urna. El acto democrático por excelencia se convirtió para todos ellos en un gesto de rebeldía frente al autoritarismo del Ejecutivo del Partido Popular (PP), que pretendía impedir por cualquier vía que la ciudadanía catalana se expresase libremente sobre su futuro.

El mismo gobierno de Rajoy que había aplaudido la votación organizada por la oposición venezolana en julio pasado se oponía tajantemente a que hubiese urnas en Cataluña, argumentando que en el caso español había un impedimento constitucional. Es cierto. Pero también lo es que hubiese bastado con un mínimo de voluntad política para buscar los cauces necesarios que permitiesen atender las demandas que llegaban desde el govern y el Parlament de Barcelona.

Sin embargo, Rajoy optó por tensar la situación al máximo, judicializando todos y cada uno de los pasos que intentaba dar la cámara de representantes catalana.

Así llegó el 1 de octubre, con sus urnas violentadas, sus cargas policiales y sus ambulancias trasladando heridos. Y también así, bajo la misma actitud de enfrentamiento y absoluta ausencia de diálogo, se desencadenaron los nuevos acontecimientos de la Cataluña posreferéndum.
Siguiendo lo establecido en el guión marcado por el parlamento catalán –una hoja de ruta que fue inmediatamente anulada por el Tribunal Constitucional español (TC)–, una vez realizadas las votaciones debía llegar el reconocimiento y aplicación de esos resultados. Sin embargo, esa hoja de ruta catalana fue completamente ilegalizada por el TC, por lo que su aplicación podría tener serias consecuencias para el gobierno de Puigdemont.

En ese contexto de incertidumbre que reina en el ambiente, la simple convocatoria de un pleno para hablar de este asunto también se convirtió en tarea de titanes. Primero lo intentó Junts Pel Sí, la coalición de gobierno formada por el centroderechista Partido Demócrata Europeo Catalán (Pdecat) y el socialdemócrata Esquerra Republicana de Catalunya (Erc). Sin embargo, el TC atendió rápidamente una demanda formulada por el Partido Socialista de Cataluña (Psc, sucursal catalana del PSOE) y suspendió la convocatoria, alegando que estaba basada en la anulada ley del referéndum.

El discurso del President

Tras ese fallido primer intento, el president Carles Puigdemont se vio obligado a tramitar su propia comparecencia a través del reglamento del Parlament, evitando así una nueva impugnación por parte del Tribunal Constitucional. La cita se fijó para el martes 10 a las 18 horas, lo que despertó todo tipo de temores e incertidumbres: ¿estaba dispuesto el mandatario catalán a realizar una declaración unilateral de independencia (Dui)? ¿Respondería el gobierno de Mariano Rajoy con medidas drásticas? Frente a esas preguntas, los medios de comunicación lanzaron todo tipo de conjeturas, siempre acompañadas por editoriales que, en su mayoría, parecían escritos por el gobierno de Madrid.

La tensión fue subiendo a medida que se acercaba la hora señalada. Desde La Moncloa el gobierno conservador lanzaba un mensaje muy claro: si Puigdemont tenía la mala idea de anunciar el nacimiento de la república catalana, Rajoy y su equipo actuarían de manera contundente, una forma sutil de decir que no le temblaría la mano a la hora de pedir la detención del mismísimo presidente catalán. “Puigdemont sabe que podría ser detenido. Ya lo ha hablado con su familia, y no tiene miedo”, aseguraba el miércoles por la mañana una periodista muy cercana al mandatario nacionalista en un plató de televisión.

El pleno debía empezar a las seis de la tarde, pero a esa hora sólo estaban en el hemiciclo los grupos de la oposición. En ese preciso instante el presidente seguía reunido con los grupos políticos de Junts Pel Sí y de las Candidaturas de Unidad Popular (Cup), una agrupación independentista y anticapitalista que cuenta con diez parlamentarios. Encerrados en una sala del Parlament, los políticos soberanistas debatían sobre cuál debía ser el contenido exacto del discurso que daría Puigdemont. Mientras que el gobierno y Junts Pel Sí apostaban por una declaración que no fuese tajante, los miembros de la Cup reivindicaban que el único camino posible era la declaración de independencia. Así, sin adornos.

Minutos antes de las 19 horas los rostros serios de los anticapitalistas anticipaban que el discurso del president no sería precisamente a favor de la vía unilateral. Las dudas empezaron a resolverse muy poco después, cuando el líder del gobierno se colocó en el estrado e inició su intervención. A esa hora, cerca de 30 mil personas que se agolpaban en el exterior del Parlament seguían sus palabras con atención en las pantallas gigantes instaladas por la Asamblea Nacional Catalana (Anc) y Omnium Cultural, las dos plataformas cívicas que apuntalan el proceso soberanista y que hoy están en la mira de la justicia española precisamente por eso.

Fue allí, en la calle, donde los fotógrafos consiguieron documentar las dos caras de una misma moneda: primero las masas vibraron con el tramo del discurso que apuntaba hacia la independencia, pero la algarabía duró poco. Muy poco. “Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo al presentar los resultados del referéndum ante el parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto”, afirmó el president ante el silencio de los diputados. Sus señorías no lo oían, pero fuera había gritos y aplausos.

Sin embargo, la siguiente frase se encargaría de relajar los ánimos. O de crisparlos.

“Y con la misma solemnidad –continuó–, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento demanda no aumentar la escalada de tensión, sino sobre todo, voluntad clara y compromiso para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que debemos tener en cuenta, de manera imprescindible, en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir.”

La sensación del independentismo podría resumirse en dos fotos: una señora de camisa blanca levantando los brazos en señal de victoria primero y a modo de imploración después, como tratando de preguntarle al cielo qué demonios había ocurrido. De esa misma manera reaccionó el sector del independentismo que reclamaba pasos más contundentes por parte de Puigdemont. La organización juvenil Arran, ligada a las Cup, habló directamente de “traición”, mientras que los parlamentarios anticapitalistas (los “cuperos”) dijeron después del pleno que se plantearán abandonar el parlamento catalán hasta nuevo aviso. Dicho de otra forma, no regresarán hasta que la sesión lleve como único punto del orden del día la declaración de independencia.

La estrategia del President

Puigdemont era plenamente consciente de que su postura abriría esa grieta en el independentismo. Sin embargo, decidió seguir adelante con su curioso plan de “asumir” el mandato de declarar a Cataluña como Estado independiente “en forma de república” para, acto seguido, dejar esa resolución sin efecto y abrir una fase de negociación. ¿Por qué? Básicamente, porque sabía que la siguiente página de esta historia no la escribirían ni él ni los cuperos, sino Mariano Rajoy.

En cualquier caso, Puigdemont y los parlamentarios nacionalistas no se irían a dormir sin antes mandar otro mensaje al jefe de La Moncloa: una vez terminada la sesión extraordinaria del Parlament, los miembros del govern y los diputados nacionalistas –también los de la Cup – suscribieron una “declaración de independencia” que deja sentadas las bases de la ruptura con España. “Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. Disponemos la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante”, dicen los tres puntos iniciales.

Seguido, sus firmantes dejan por escrito su inquebrantable “voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”. “Las negociaciones –aclaran– tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.” De hecho, la declaración insta a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a “intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos de ello”.

La jugada del gobierno catalán está dirigida a fomentar una mesa de diálogo con mediación internacional. A la hora de tratar de convencer al sector anticapitalista de los beneficios de dejar la declaración de independencia en el aire, Puigdemont citó expresamente que habían surgido iniciativas a favor de una mediación, tanto públicas como privadas. Así lo plasmó también en su discurso ante el Parlament, donde dijo que “hay una petición de diálogo que recorre Europa, porque Europa ya se siente interpelada por los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto”. “Todas estas voces merecen ser escuchadas”, apuntó.

Es una de las principales pretensiones del gobierno catalán: buscar una intermediación europea que permita fijar las bases para realizar un referéndum pactado, legal y reconocido por el Estado español. El comunicado de la Comisión Europea que la semana pasada llamaba a buscar el diálogo, generó ciertas expectativas en Barcelona. Sin embargo, la posición de las autoridades europeas ha transitado hacia un apoyo irrestricto al gobierno de Rajoy.

Del mismo modo, los principales países de la Unión Europea también mostraron su respaldo al Ejecutivo de Madrid. A través de sus cancillerías, los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania coincidieron en defender la integridad territorial de España y obviaron cualquier posibilidad de ejercer como mediadores.

Y el capital…

Las jornadas previas al discurso de Puigdemont estuvieron marcadas por la decisión de varias empresas afincadas en Cataluña de trasladar sus sedes sociales hacia otras zonas de España. En ese marco, seis de las siete empresas catalanas que forman parte del Ibex 35 (el índice bursátil de referencia de la Bolsa española) han decidido cambiar de ciudad, entre ellas Gas Natural, el grupo inmobiliario Colonial, la multinacional Abertis (líder mundial en gestión de autopistas), su filial Cellnex y los bancos Caixa Bank y Sabadell. Para facilitar las cosas, el gobierno de Rajoy aprobó hace pocos días un decreto que facilita el cambio de sede de las compañías españolas.

Los medios de comunicación que apoyan al gobierno del PP advirtieron sobre los “devastadores” efectos que tendría una declaración de independencia sobre la economía local. Voces de alerta llegaron también por parte de otro actor nada imparcial: el Fondo Monetario Internacional (Fmi) alertó esta semana desde Washington que la situación actual es “preocupante” debido a que causa “mucha incertidumbre tanto para la economía catalana como para la española”. La voz de alarma fue dada por Maurice Obstfeld, economista jefe del Fmi, en la presentación del informe sobre perspectivas económicas mundiales. Cuando uno de los periodistas presentes le preguntó sobre los “posibles efectos más allá de España” en caso de “prolongarse la incertidumbre política”, el funcionario respondió lo que Rajoy tanto quería escuchar. “Sí, habría contagio en el resto de Europa”, afirmó.

En cualquier caso, la apuesta a favor de un acuerdo político fue bien recibida por la izquierda no nacionalista en el Estado. Tanto Podemos como Izquierda Unida manifestaron su apoyo a la vía abierta por el president, al tiempo que solicitaron a Rajoy que no desaprovechara la ocasión. En otras palabras, le pedían que no cumpliera con sus amenazas de aplicar el artículo 155 de la Constitución, una de las principales herramientas del Estado para suspender la autonomía de Cataluña, intervenir sus instituciones e incluso detener a sus autoridades legítimas.

En esa misma línea se había manifestado previamente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, perteneciente a la plataforma de izquierdas Catalunya en Comú, quien pidió a los gobiernos español y catalán: “No tomen ninguna decisión que suponga dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo”. Tras conocer la postura adoptada por el jefe del govern, Colau reiteró su llamado al entendimiento. “No se produjo una declaración de independencia. No se declaró la independencia y no se hizo ninguna votación (en el Parlament). Creo que debemos agradecerle que escuchara esa demanda de no proclamar la independencia unilateral de Cataluña y el freno que puso”, subrayó Colau, quien había considerado previamente que “los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”.

El 155

Nada de esto fue suficiente para Rajoy, quien el miércoles a primera hora de la mañana se reunió con el resto de su gabinete para analizar la respuesta al “desafío catalán”. Siguiendo la línea marcada en el conflicto político del País Vasco –donde rechazó en todo momento cualquier apuesta por el diálogo–, el gobierno acordó volver a inclinarse por la línea bruta: no habrá conversaciones ni acercamiento si previamente Puigdemont no renuncia de manera clara y concisa a cualquier aspiración independentista, anunció.

Este aviso no es una simple declaración pública, sino que forma parte del proceso marcado en la Constitución para activar el artículo 155. En la propia carta magna se establece que, antes de aplicarlo, el gobierno debe enviar un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma en cuestión. Si rectifica, todos amigos. Si, por el contrario, se ratifica en su decisión, la cosa se complica. Y mucho.

En ese último escenario, el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– debe dar vía libre al Ejecutivo para actuar en el territorio afectado, lo que en el caso de Cataluña podría llevar a la caída de los miembros de su actual gobierno (con Puigdemont a la cabeza) y la convocatoria de elecciones, algo que en ámbitos del nacionalismo catalán es interpretado como un “golpe de Estado”.

A esta altura conviene leer la Constitución para ver lo que se viene encima. “El 155” –nombre por el que hoy todos se refieren a ese punto de la carta magna– advierte que “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Ahí está, precisamente, el quid de la cuestión: qué hará Rajoy para que el govern asuma el “cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Al cierre de esta edición aún no estaban confirmados los pasos concretos que daría el gobierno, aunque todo indicaba que la decisión de Madrid de apostar por la vía drástica sólo servirá para profundizar aun más la herida abierta con Cataluña. No obstante, quien quiera ver sangre aún tendrá que esperar un poco más: de acuerdo al calendario fijado por el gobierno central, Puigdemont tiene hasta las 10 de la mañana del lunes 16 para aclarar si ha proclamado o no la independencia. En caso de que su respuesta sea positiva, se abrirá un nuevo plazo de 72 horas para que se rectifique. Deberá hacerlo antes del jueves 19. Si no lo hace, el Consejo de Ministros dará luz verde a la implementación del artículo 155.

El PSOE –primer partido de la oposición– decidió situarse al lado del gobierno del PP. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, aclaró el miércoles que apoyaba a Rajoy en su arriesgada apuesta. A cambio, el presidente se comprometió a apoyar la activación de un proceso de estudio para que dentro de seis meses el Congreso comience a debatir una reforma de la Constitución, que se centrará en distintos aspectos del Estado autonómico. También se situó junto al PP su denominada “marca blanca”, el partido neoconservador Ciudadanos. Su líder, el catalán Albert Rivera, llevaba varios días pidiendo que el Estado interviniera en su tierra. Hoy está feliz.

Brecha