"No es sequía, es saqueo": Los pueblos españoles donde la gente tiene que comprar el agua

Después de las catastróficas inundaciones que asolaron Valencia el mes pasado, matando a más de 200 personas, podría parecer contraintuitivo pensar en la escasez de agua. Pero cuando los torrentes de agua sucia arrasaron ciudades y pueblos, la gente se quedó sin electricidad, sin alimentos y sin agua potable. «Fue brutal: coches, trozos de maquinaria, grandes piedras e incluso cadáveres fueron arrastrados por el agua. Se metió en los bajos de los edificios, en las tiendecitas, las panaderías, las peluquerías, la escuela de inglés, los bares: todo quedó destruido. Esto era el cambio climático de verdad, el cambio climático en mayúsculas», dice Josep de la Rubia, de Ecologistas en Acción de Valencia, describiendo la escena en las ciudades satélite al sur de la capital valenciana.

Tras la catástrofe, cientos de miles de personas dependían de los camiones cisterna de emergencia o de las donaciones de agua embotellada de ciudadanos voluntarios. En quince días, las autoridades habían vuelto a conectar el agua del grifo al 90% de los 850.000 habitantes de las zonas afectadas, pero se aconsejó a todos que la hirvieran antes de beberla o que utilizaran agua embotellada. En toda la región, 100 depuradoras de aguas residuales resultaron dañadas; en algunas zonas, los excrementos humanos se filtraron en las aguas de las inundaciones, los animales muertos fueron arrastrados a los ríos y la basura y los escombros empapados se amontonaron. Valencia está al borde de una crisis sanitaria.

Más de un año antes de las inundaciones, Valencia sufría el otro extremo del cambio climático: la sequía. Los dos fenómenos están relacionados: los meses de calor aumentaron la temperatura del mar y la humedad del aire, lo que provocó aguaceros repentinos e intensos. En algunas zonas de Valencia llovió lo equivalente a un año en sólo 24 horas.

El clima extremo se está dejando sentir en toda España. «Vi con horror, tristeza y asombro cómo las inundaciones se apoderaban de Valencia», dice Roser Albó Garriga, una agricultora de las montañas de Cataluña, a unos cientos de kilómetros al norte, que sufre escasez de agua. Las recientes lluvias torrenciales en los alrededores de Barcelona no han llegado a su zona. «En los últimos años, no hemos tenido agua suficiente para cultivar ni para beber», dice. Las lluvias torrenciales repentinas no resuelven la escasez de agua, añade. Cataluña tuvo lluvias inusualmente intensas en 2020, seguidas de cuatro años de sequía. «La verdad es que este tipo de lluvias causan daños y desgracias», dice, "pero la mayor parte del agua acaba en el mar porque la tierra reseca no puede absorberla cuando cae tanta de golpe".

Pero mientras Garriga y otros catalanes han sufrido escasez de agua en los últimos años, hay un grupo de personas que parece ser inmune, e incluso se beneficia de ello: las empresas multinacionales que extraen millones de litros de agua de la misma tierra. No se trata sólo de un problema español: en todo el mundo, de Uruguay a México, de Canadá al Reino Unido, muchos han empezado a preguntarse si se debe permitir que empresas privadas desvíen un recurso público vital, para luego venderlo de nuevo a los ciudadanos como agua embotellada.

La tragedia de España convierte al país en uno de los canarios en la mina de carbón cuando se trata de entender la amenaza global a la seguridad del agua. ¿Puede el creciente número de ciudadanos enfadados, rodeados de plantas privadas de agua pero sin agua potable en sus hogares, forzar un replanteamiento de la gestión de este recurso? Y a medida que cambian los patrones climáticos, ¿deberían las empresas privadas seguir teniendo fácil acceso a las reservas vitales de agua subterránea?

Rosita Garriga, la madre de Roser, pone sobre la mesa una jarra metálica de chocolate caliente, tan espeso que parece natillas. A sus 81 años, con sus rizos rubios, ha vivido en esta masía de las colinas de Cataluña desde que se casó a los 18, y está preocupada por los cambios que ha visto. «Antes había muchas fuentes, pero ahora casi todas se han secado. Ha llovido menos, sí, pero creo que las embotelladoras de agua también la están chupando».

En un radio de 15 kilómetros hay seis plantas embotelladoras de agua, entre ellas una de Nestlé y otra de la multinacional francesa Danone. Bombean agua mineral del acuífero que hay bajo la sierra del Montseny y la envasan en botellas de plástico para venderla en España y en el extranjero. Cataluña tiene la mayor concentración de plantas embotelladoras de agua de España; en toda la región se han concedido 27 licencias de extracción. «Hay más agua transportada por las carreteras en camiones que la que corre por nuestros arroyos», dice Rosita.

Hoy, Roser se ocupa de su explotación, repartida en terrazas por la ladera. «Antes nos alimentábamos todo el año. Cultivábamos brécoles, judías, coles, lechugas, tomates, patatas, además de maíz y hierba para nuestras vacas lecheras. Ahora, está tan seco que apenas podemos cultivar nada», dice señalando los bancales sin plantar, mientras deja que la tierra reseca y de color arena se escurra entre sus dedos. «No creo que las empresas embotelladoras de agua sean el único problema, pero ¿por qué siguen llevándose agua cuando se nos está acabando?».

Tras un corto paseo a través de un bosque de castaños, robles y avellanos, Roser señala el arroyo que solía ser la única fuente de agua potable de su familia. Todavía baja un hilo, pero no lo suficiente como para evitar que el charco del fondo se estanque. Esta zona se llama Riells, derivado del latín rivulus que significa «pequeño arroyo». Pero desde hace 10 años, Roser tiene que conducir hasta un supermercado para comprar agua embotellada para beber. «Es un descaro: las empresas extraen el agua de debajo de nuestros pies y nos la vuelven a vender», dice. Cada mes compra 24 botellas de cinco litros de agua, de marcas como Viladrau y Font Vella, producidas por Nestlé y Danone a partir de agua local. «Nos cuesta 67 euros al mes. Nos está arruinando», dice.

En los pueblos cercanos, la historia es similar. Nil Papiol es el alcalde de Hostalric, una ciudad medieval amurallada en lo alto de las colinas. En una espaciosa sala del ayuntamiento, engalanada con una bandera catalana roja y amarilla, pone un mapa sobre una mesa. Señala que cuatro plantas embotelladoras extraen agua junto al nacimiento del río que abastece a la ciudad. Cuando la sequía azotó la región el año pasado, el embalse de Hostalric se secó y dejó de salir agua de los grifos. Papiol, que es joven, con una cuidada barba recortada, elige cuidadosamente sus palabras. «No puedo decir si la extracción de agua por parte de las embotelladoras contribuyó a la escasez, pero creo que es vital que se haga un estudio exhaustivo de los recursos hídricos de la región para evaluar los posibles impactos». También en este caso, muchos lugareños no tuvieron más remedio que beber agua embotellada, recomprando de hecho el agua de sus propias fuentes locales.

En febrero de 2024, las autoridades catalanas declararon la emergencia por sequía, tras 40 meses de precipitaciones por debajo de la media. Esto significaba que el 80% de la población de Cataluña, incluida la de Barcelona, se enfrentaba a multas si utilizaba más de 200 litros al día para beber, lavarse y limpiar. También se impusieron restricciones de agua a la agricultura y la mayoría de las industrias, pero no se impusieron límites a las empresas embotelladoras.

Pep Camp vive al final de una calle empedrada junto al portal de piedra arqueado de Hostalric. Es el presidente de la asociación de vecinos. «No puedo describir el shock que supuso abrir el grifo y ver que no salía nada. No sabes lo valioso que es algo hasta que lo pierdes», dice. «Hay quien dice que las embotelladoras traen puestos de trabajo, pero hay que entender que el agua es un recurso escaso, podría acabarse».

Esta zona es conocida por sus arroyos que caen en cascada a través de bosques húmedos. Pero tras semanas de escasez, las autoridades de Hostalric tuvieron que conectar el suministro de agua del pueblo a una planta desalinizadora, bombeando agua de mar a las cocinas y retretes de la gente a través de tuberías que suben desde la costa, a 20 km de distancia.

En la cercana Gualba, el ayuntamiento tuvo que tomar medidas igualmente drásticas cuando el río y el embalse se secaron el año pasado. Conectaron los grifos a una mina de mármol en desuso, pero descubrieron que el agua no era potable. Así que pagaron cientos de cubas de plástico con agua, que llegaron al pueblo en un flujo constante de camiones de enero a marzo de este año. El concejal Jordi Esmandia, que fue elegido en 2023 justo cuando el agua se estaba acabando, dice que el estrés fue intenso. «En Nochebuena, estuve llamando por teléfono, intentando encontrar agua para el pueblo», cuenta. Está convencido de que las embotelladoras agravan la escasez de agua. A pesar de que las finanzas del ayuntamiento están al límite, las cubas de agua sólo suministran la mitad de la cantidad que se consume normalmente en el municipio, por lo que muchos habitantes de Gualba tienen que comprar la suya propia.

«Una empresa llamada Aquaservice vino puerta por puerta. Me ofrecieron instalar un dispensador de agua en mi casa y darme dos meses de agua gratis», cuenta Anita Fornons, vecina de Gualba. «Mucha gente del pueblo se apuntó. Aunque ahora vuelve a haber agua del grifo, se la seguimos comprando a ellos porque hemos firmado un contrato».

Aquaservice suministra agua en grandes dispensadores de plástico, como las neveras de agua de las oficinas, a hogares y empresas de todo el país. Extrae el agua de cuatro emplazamientos en España y es propiedad de American Liquid Packaging Systems, uno de los holdings de la empresa de capital riesgo Amidi Group, con sede en California, que también es propietaria de Chemtex, una empresa que distribuye resinas plásticas en bruto para envases de alimentos y recipientes de plástico.

Fornons, cantante, es alegre y exuberante, se detiene cada pocos minutos para charlar o reírse con un vecino, mientras camina por el pueblo hacia su huerto. Solía cultivar lechugas, cebollas, alcachofas, pimientos y tres variedades de tomates para su familia: tiene un hijo de 18 años y un marido que trabaja en una fundición de hierro. Pero desde hace tres años, la tierra está demasiado seca. Ahora compramos verduras en un supermercado, además de agua. Todo suma».

La Asociación Española de Aguas Minerales rechaza categóricamente la idea de que la industria contribuya a la escasez. Señala que las empresas de agua mineral sólo utilizan el 0,03% del total de los recursos hídricos subterráneos de España, según el Instituto Geológico y Minero, dependiente del Ministerio de Ciencia. «En España, cuando se otorga una concesión de agua mineral, las autoridades competentes establecen un caudal máximo de aprovechamiento, que garantiza el nivel de agua de cada manantial y, por tanto, su sostenibilidad», señala.

Pero no todos están convencidos. Decidido a averiguar cuánta agua extraían las embotelladoras en la comarca del Montseny, Carles Lumeras pasó este año nueve semanas sentado al borde de la carretera contando los camiones que salían de las plantas. Miembro de la Coordinadora para la Protección del Montseny, lleva preocupado por la expansión de las embotelladoras desde la década de 1990, pero no ha sido hasta los últimos años, cuando la escasez de agua ha empezado a hacer mella, que los vecinos han empezado a organizarse.

Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, él y otros 15 voluntarios se turnaron para sentarse frente a cuatro plantas del municipio de Arbúcies, incluida la fábrica de Nestlé. Son almacenes de aspecto monótono con torres de cajas azules y rojas apiladas en el patio exterior. Algunas empresas perforan para obtener agua directamente debajo de las fábricas de embotellado, otras, como Nestlé, tienen pozos -encerrados en pequeñas cabañas de ladrillo- salpicados a lo largo de los caminos de montaña locales. El grupo contó un total de 185 camiones que salían cada día de las cuatro plantas. Multiplicando el número de cajas de agua que transportaba cada camión, calcularon que estas cuatro plantas fabricaban 5,6 millones de litros de agua al día, lo que equivale a 1.800 millones de litros al año. «Es una cantidad enorme de agua, un volumen enorme de plástico», afirma Lumeras.

Aunque sus cifras son aproximadas, está claro que en todo el mundo se extraen grandes volúmenes de agua. El año pasado se vendieron 408.000 millones de litros de agua embotellada, y se espera que esta cifra aumente a 425.000 millones de litros en 2024, según la empresa de análisis de datos Euromonitor International. A pesar de la preocupación por el uso de plásticos, el volumen de agua embotellada vendida ha aumentado más de un 50% en los últimos 10 años. Y es un gran negocio: el año pasado, las ventas mundiales ascendieron a 312.000 millones de dólares.

Coca-Cola es el mayor proveedor mundial de agua embotellada, seguida de Danone, Nestlé y PepsiCo, según Euromonitor International. Estas multinacionales han ido comprando poco a poco conocidas marcas locales y sus derechos de extracción de agua de acuíferos en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, Nestlé posee Perrier y Vittel en Francia, San Pellegrino y Aqua Panna en Italia, así como Buxton en el Reino Unido. Por su parte, Danone posee las marcas francesas Evian, Volvic y Badoit, así como Harrogate Spring Water en el Reino Unido.

En España hay muchos operadores locales, pero las multinacionales extranjeras tienen una presencia cada vez mayor. Las dos marcas de Nestlé, Aquarel y Viladrau, proceden de Cataluña. Danone produce Font Vella y Lanjarón en plantas de Cataluña y Granada, mientras que Coca-Cola extrae agua mineral para su marca aquaBona en cuatro centros de España. Esto se suma a los grandes volúmenes de agua que utiliza en España para sus refrescos. Por su parte, PepsiCo extrae agua de un acuífero español para su marca Aquafina.

Nestlé afirma en un comunicado: «La administración del agua siempre ha sido un principio rector de Nestlé Waters, que sustenta el modelo de negocio de cada una de nuestras fábricas y de las comunidades locales de partes interesadas que dependen de estos recursos hídricos compartidos», mientras que un portavoz de Coca-Cola Europacific Partners afirma: «Tratamos el agua con el cuidado que se merece y nos comprometemos a proteger las fuentes de agua locales. Trabajamos en estrecha colaboración con las partes interesadas locales para garantizar la protección de las cuencas hidrográficas y la disponibilidad de los recursos hídricos. El año pasado, en toda Europa, devolvimos el 98,7% del agua utilizada en la producción de nuestras bebidas».

En todo el país se han concedido más de 160 licencias de extracción de agua a empresas embotelladoras, incluso en las regiones más cálidas y meridionales de España. Dúrcal es un pueblo de casas encaladas y tejados de tejas rojas, rodeado de laderas de olivares y almendros en Andalucía. Una tarde de 2006, Rosa María Fernández estaba paseando cuando vio camiones y excavadoras removiendo la tierra amarilla pálida de la ladera que domina su casa. «Sentí curiosidad, un poco de inquietud», dice. Cada mañana, cuando tendía la colada en su terraza, miraba hacia arriba y veía a las excavadoras allí, preguntándose qué pasaba, hasta que un día leyó en un periódico local que se estaba construyendo una planta embotelladora. «No me lo podía creer. Pensé, aquí ni siquiera hay agua pero, oh, están excavando un pozo de 250 metros de profundidad».

Estas estribaciones de Sierra Nevada parecen áridas, pero el valle de Lecrín, más abajo, es fértil, regado por la nieve derretida que se cuela por las rocas y las grietas para reabastecer arroyos, ríos y reservas de agua subterránea. Pero, como el resto del país, Andalucía ha sufrido recientemente una sequía, y el cambio climático ha reducido las nevadas en las montañas. «La planta se estaba construyendo junto al pozo que abastece a todo Dúrcal», cuenta Fernández. «Todo el mundo estaba preocupado. Se convocó una reunión en el pueblo y acudieron 400 personas».

Fernández ha trabajado como peón rural, limpiadora y obrera en los extensos invernaderos industriales de la vecina provincia de Almería. Ahora se dedica a cuidar de su anciana madre y de su tía. «Nunca había sido activista, pero empezamos a organizar protestas. Queríamos información del ayuntamiento. Fue el comienzo de un movimiento ciudadano», explica.

A pesar de sus esfuerzos, la planta comenzó a funcionar en 2019. Es propiedad de Aquadeus, una empresa conjunta entre el fabricante español de alimentos Grupo Fuertes y la empresa francesa de agua embotellada Alma, que también tiene varios pozos en Gran Bretaña. Fernández enciende el roll-up que siempre tiene entre las manos. «Desde mi terraza puedo ver las luces de la planta por la noche», dice. «Bombea agua las 24 horas del día».

Muchos vecinos de Dúrcal creen que está afectando a las fuentes de agua locales. Fernández me enseña un conocido manantial de la zona que se ha secado y un pozo en el que el nivel del agua ha descendido ocho metros.

Pero para Fernández, lo peor estaba por llegar. Buscando en Internet, ella y otros activistas locales descubrieron que en el mismo valle se proyectaban otras dos plantas embotelladoras. Indignada, fue a los pueblos vecinos y repartió folletos advirtiendo a la gente de los planes. José Manuel Henríquez, ex policía, conoció a Fernández en el pueblo de Cónchar. «Fue como si un médico me dijera que tenía una enfermedad incurable. «Pensé, ¿por qué yo? Todos nos sentimos así. Tenemos un pueblecito muy tranquilo. Vivimos de la tierra, aquí no tenemos industrias. ¿Por qué nosotros?». Lleva una camiseta con el logotipo «Embotelladora, no» (No a las embotelladoras). Converso con él sentado en la escalinata encalada de Cónchar. A su lado está Francisco López, antiguo cartero, en cuya camiseta se lee «El agua no se vende». Me cuentan que los vecinos de Cónchar y del cercano Padul han lanzado una campaña. Han recogido 30.000 firmas en una petición y han organizado marchas con pancartas en las que se leía «Stop al robo de agua» y «Fuera las embotelladoras de agua de nuestro valle». «Lo único bueno de todo esto», dice Henríquez, »es que nuestro pueblo está más unido que nunca. Hemos olvidado todas nuestras pequeñas discusiones y nos hemos unido».

En total, hay 18 concesiones de embotellado de agua en Andalucía. La más antigua es Lanjarón, a unos 15 kilómetros del pueblo de Fernández. Sus manantiales se denominaron «aguas minero-medicinales» en 1818 y desde entonces la gente acude a beber o bañarse en sus aguas. En los años 50 se abrió una planta embotelladora comercial, que fue comprada por Danone en 1992. Lanjarón sigue siendo una ciudad balneario frecuentada por turistas, con sus calles repletas de tiendas de cestas de mimbre, cerámica pintada, almendras e higos secos. La fábrica lleva décadas dando trabajo y Danone ayuda a financiar proyectos municipales. Aunque en esta región se ha llevado a cabo una campaña contra la industria embotelladora, en Lanjarón no ha habido protestas.

José Antonio Ramos, antiguo alcalde de la localidad, afirma: «Por supuesto que la gente está contenta con que la planta esté aquí. Es el mayor empleador y ofrece excelentes condiciones laborales». Pero el plan de Danone de ampliar la planta ha causado malestar incluso entre sus más firmes partidarios. Está perforando un pozo exploratorio justo encima de un valle donde Ramos y otras personas poseen parcelas de tierra. «En principio, no me preocupa la ampliación de la empresa. Sería estupendo que hubiera 3.000 nuevos puestos de trabajo aquí», dice Ramos, »pero esto podría afectar al manantial que utilizamos para regar nuestros olivares.»

Danone afirma: «Reconocemos los retos a los que se enfrentan las comunidades locales y la necesidad de soluciones a largo plazo para hacer frente a los efectos del cambio climático en los recursos hídricos mundiales. Estamos plenamente comprometidos con la gestión sostenible del agua. La solicitud de proseguir la exploración de las tierras de Lanjarón pretende garantizar el acceso al agua mineral en el futuro, como medida preventiva contra los efectos del cambio climático. Entendemos que empresas como la nuestra tienen más que hacer. El agua es un recurso compartido, y todos los actores tienen un papel que desempeñar en la protección de este recurso».

Para Fernández, que ahora forma parte del grupo de campaña Plataforma en Defensa del Agua del Valle de Lecrín, esto subraya la cuestión más amplia que está en juego. «¿A quién pertenece el agua? Lo que me preocupa es la concentración de poder; la privatización de un recurso como el agua, que es esencial para nuestros campos, para las abejas, para los pájaros, para los caracoles acuáticos, para toda la vida.»

No sólo en España se cuestiona el derecho de las empresas privadas a explotar manantiales y acuíferos. Manifestantes que golpeaban botellas de plástico vacías salieron a las calles de Montevideo, la capital de Uruguay, el año pasado, cuando la ciudad se quedó sin agua potable. Después de tres años de sequía, las autoridades empezaron a mezclar agua de mar diluida en los suministros públicos, con lo que el agua del grifo se volvió salada e insegura para beber. Los uruguayos no tuvieron más remedio que comprar agua embotellada, y hay una marca que domina las estanterías de los supermercados: Salus. Durante más de 100 años, una empresa local embotelló esta agua procedente de un manantial de una caverna -descubierta por un puma, según la leyenda local- en el sudeste de Uruguay. La empresa fue comprada por Danone en 2000. Al igual que en España, los uruguayos afectados por la sequía compraban agua embotellada a una empresa extranjera que la extraía de su territorio nacional.

El lema de los manifestantes era «No es Sequía, es Saqueo», dando a entender que el uso excesivo del agua por parte de las empresas privadas era la razón subyacente de la escasez. Este eslogan se ha utilizado en toda América Latina. Pudo oírse en México, en 2022, cuando los habitantes de Monterrey se quejaban de que no tenían agua para beber en plena sequía, mientras empresas como Coca-Cola extraían aguas subterráneas para sus líneas de bebidas, incluida su agua mineral Topo Chico.

Gran Bretaña ha tenido un verano muy lluvioso este año, por lo que la escasez de agua puede parecer un problema lejano. Pero la Agencia de Medio Ambiente advierte de que Inglaterra se quedará sin agua en 25 años si no se toman medidas. Se prevé que Gales sufra más sequías, y Escocia se enfrenta a una mayor escasez de agua en verano. Mientras tanto, las multinacionales bombean miles de millones de litros de agua al año de las fuentes naturales de todo el país.

El relator especial de las Naciones Unidas para el agua, Pedro Arrojo-Agudo, ha visto aumentar los conflictos por el agua en todo el mundo. En su opinión, «la mercantilización del agua potable es inmoral» y vender agua embotellada «es privatizar una necesidad vital que todos necesitamos para vivir. Es como embotellar aire fresco». Defendiendo la prohibición inmediata del agua en botellas de plástico «que son un desastre medioambiental», afirma, debemos adoptar un «enfoque basado en los derechos humanos» para la distribución del agua. Los gobiernos deben dar prioridad al suministro de agua potable a la población, por encima de cualquier interés privado, y planificar con antelación las sequías y otras emergencias».

En Valencia, cientos de miles de personas siguen sin tener más remedio que abastecerse de agua con camiones cisterna de emergencia o utilizar agua embotellada. Las autoridades se esfuerzan por garantizar que no haya rastros de sustancias químicas tóxicas ni materia fecal en el agua de las zonas más afectadas. Sin embargo, empresas privadas tienen nueve concesiones para extraer agua embotellada de los acuíferos locales de la Comunidad Valenciana. La mayoría de ellas son de propiedad extranjera, como Aquaservice, con sede en California, la empresa que ofreció dispensadores de agua a los habitantes de Gualba afectados por la sequía, entre ellos Anita Fornons. O Coca-Cola, que bombea agua para su marca aquaBona de un acuífero de Requena, localidad del oeste de la provincia de Valencia que sufrió algunos de los aguaceros más intensos durante las recientes inundaciones. Estas empresas privadas tienen acceso a depósitos subterráneos de agua potable cristalina de alta calidad, que están mejor protegidos de la contaminación que los ríos y embalses.

En Valencia, como en otras partes del mundo, la población afectada por la catástrofe se ha visto repentinamente dependiente del agua embotellada, de origen local pero propiedad de empresas privadas. Y, como ha descubierto Roser Albó Garriga en las colinas de Cataluña, cuando las temperaturas globales suben, incluso las regiones más húmedas pueden ver cómo cambian sus hábitats. «Antes teníamos manantiales que brotaban por todas partes. Nunca soñé que tendría que comprar agua para beber. El año pasado tuvimos que pedir a los vecinos del valle que nos dieran cubas de agua para poder lavarnos. Así que ver camiones alejarse de aquí, llenos de botellas de agua, me rompe el corazón».

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