Valencia cobrará entre 60 y 157 euros al mes por atender a sin papeles

Así pues, los inmigrantes sin papeles, pero también aquellos que han dejado de cotizar a la Seguridad Social, deberán pagar entre 60 euros y 157 euros al mes para poder ser atendidos en el sistema público de salud. De hecho, a este copago deberán acogerse todos aquellos que fueron expulsados del sistema sanitario por culpa del plan de “medidas urgentes de sostenibilidad del sistema sanitario”. El decreto del gobierno valenciano establece que “la cuantía de la contraprestación económica a abonar por la suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria” será de una cuota mensual de 60 euros si la persona suscriptora tiene menos de 65 años y, si supera esa edad, de 157 euros. Además, para ser beneficiario de esta prestación a cambio de esa cuota mensual, el paciente deberá acreditar “la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del convenio especial”. Desde diferentes organismos se ha criticado duramente esta medida, que ya se ha implantado en otras autonomías como la Comunidad de Madrid. Abril Millán, miembro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal la califica de “brutal” ya que “deja fuera del Sistema Nacional de Salud a mucha gente, generalmente los que tienen menos recursos”. Un seguro privado, más barato A su juicio “lo que se quiere fomentar es que las personas acaben sacándose un seguro privado, que de hecho es más barato que los precios que maneja la propia Conselleria de Sanidad”. Para la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, “este decreto es la materialización de la inhumanidad del Consell” y critica duramente “este regalo de Navidad” ya que “hay una segunda discriminación para los pobres, porque los que tengan dinero podrán acceder a la sanidad, pero los que no tengan continuarán fuera del sistema sanitario”. Por su parte, Mónica Oltra, diputada de Compromís, ha señalado la “falta de lógica” que tiene el hecho de que “el coste de acogerse a la asistencia sanitaria pública sea muy superior al que la Conselleria está abonando por paciente a las empresas de gestión privada de hospitales públicos”. Para ella y su grupo parlamentario, “la única solución realista es no cobrar en ningún caso” y por ello ha exigido la retirada de esta medida. Con el pago se de esta especie de seguro privado, se tendrá acceso a la cartera básica, lo que excluye la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o las prótesis. Fuente: Toni Martínez / La Marea http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=14019&more=1&c=1&tb=1&pb=1