Ante normativa del Ayuntamiento de Barcelona sobre prostitución callejera

Queremos expresar:

- nuestro más absoluto rechazo a la iniciativa formulada y a sus intenciones que lejos de pretender acabar con la delincuencia callejera y las actitudes incívicas, lo que conseguirán es coartar las libertades de las personas y la utilización libre y espontánea de los lugares públicos, dejando sin su único medio de subsistencia a colectivos sin otro medio de vida alternativo.

- estamos, entre otras cosas, en contra de que pretenda prohibirse y eliminar la prostitución ejercida en las calles. Primero, la prostitución no es ilegal. Segundo, no es cierto que perjudique al conjunto de la ciudadanía, en cuanto que es la ciudadanía quien libremente opta por ella. Y por último, existen infinidad de prácticas sociales legalizadas, toleradas y habituales de nuestra sociedad que representan un uso mucho más intensivo de la vía pública que el mencionado comercio sexual.

- la prostitución no es una actividad económica reglada por la Administración Española, ni por la catalana, y por tanto no compete al ayuntamiento establecer ningún régimen normativo sobre ella, al no formar parte de sus competencias.

- Es una vergüenza lamentable que se substituya los deberes de los poderes públicos de atender a los sectores más discriminados, favoreciendo su inclusión social, por la acción puramente penalizadora y represiva, por más que se tiña con vagas promesas de inversiones de carácter social que jamás llegaran a las prostitutas.

- Las trabajadoras del sexo transexuales, junto con trabajadoras del sexo inmigradas, representan en la mayoría de los casos sectores sociales con altos niveles de marginación y exclusión laboral que verán fuertemente agravada su situación con la medida anunciada.

No disfracemos de lucha contra el incivismo lo que no son sino moralismos atávicos y disfrazadas pretensiones de favorecer las redes prostibularias y de proxenetas agrupadas en torno de los puticlubs.

No es legítimo utilizar normativas que crean inseguridad jurídica y violentan el marco constitucional como en el pasado realizaran las franquistas "ley de peligrosidad social" y "ley de vagos y maleantes".
Los robos y la delincuencia callejera, el gamberrismo y otros actos que pueden calificarse de incívicos nada tienen que ver con la prostitución.

Defendemos el derecho al propio cuerpo de la prostituta, su derecho a establecer libremente las relaciones personales de la forma y del modo que ella estime conveniente. Estamos en contra de la ingerencia de terceros, de la explotación sobre la mujer de los proxenetas apoyada y auspiciada por los poderes públicos que medran por suprimir la prostitución independiente y autónoma.

Barcelona, Octubre de 2005